Profesionales de la salud: ‘Covid-19 expone la fragilidad de un sistema dominado por la ideología de mercado’

Según un reciente informe emanado desde la Superintendencia de Seguridad Social hacia la Comisión de Salud del Senado, una de cada tres licencias médicas electrónicas por COVID-19 ha sido rechazada o reducida por las Isapres, un 30,6 %, correspondiente a 1.618 de las 7.667 procesadas en la salud privada. Datos que provocaron duras críticas por parte del presidente de esta instancia legislativa, Rabindranath Quinteros, quien no dudó en calificar como «inmoral” dicho actuar, al exponer a la población entera al contagio del virus.

“Hace algún tiempo, precisamente en abril del año pasado, el renunciado Superintendente de Salud de entonces dijo que las Isapres eran unas desgraciadas. Bueno, con esto aquello queda una vez más confirmado”, señaló en este contexto Consuelo Villaseñor, presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS).

En ese sentido, la dirigenta agregó que «nuevamente vemos que se anteponen intereses económicos a la salud de la población, lo que es otra demostración de que los derechos sociales de las personas no pueden quedar en manos del mercado, porque la salud privada no te garantiza atención ni protección si no hay lucro de por medio». Dicho esto sumó que «dejar la salud en manos del mercado es condenar a la muerte a quienes no la puedan pagar, por eso necesitamos un Estado más fuerte y más presente, que garantice la salud como un derecho social, consagrado en la nueva Constitución por la que millones de chilenas y chilenos estamos esperando votar».

En relación con las respuestas del Gobierno ante la pandemia, Villaseñor indicó que «las autoridades han fallado en prevenir la muerte de personas al adoptar medidas tardías, graduales y parciales, que han permitido que el contagio avance, en vez de tomar decisiones oportunas y claras para frenar la propagación del virus de manera rápida. Hemos visto cómo se adoptan decisiones de manera errática, sin sentido de realidad, declarando y levantando además cuarentenas parciales que dejan muchas dudas respecto de los criterios en los que se basa la estrategia sanitaria que se está desarrollando, así como también la entrega de información, de cifras, ha sido poco claro».

En esa misma línea, apuntó que «tanto el ministro Mañalich como la subsecretaria Daza han señalado que el objetivo de la autoridad sanitaria, responsable de la salud y la vida de la población, no es evitar el contagio, sino que éste sea lento para no colapsar al sistema público. No puede ser que la respuesta para evitar el colapso sea que la gente se contagie lento, con las muertes que ello implica, en vez de fortalecer la salud pública».

“El COVID-19 llegó a nuestro país en medio de una revuelta social por cambios de fondo al modelo neoliberal, entre los cuales la demanda por una salud como derecho social es una de las reivindicaciones centrales de las grandes mayorías. Esa es la lucha que estamos dando como ‘Primera Línea’ de la salud, la defensa de la vida de las personas y de sus derechos sociales. La Superintendencia de Salud tiene facultades para objetar esta situación y evitar que se sigan rechazando licencias por COVID-19. El Gobierno debería intervenir, pero no podemos hacernos muchas ilusiones tampoco, sabemos qué intereses defienden, lo han dejado claro», añadió Villaseñor.

Por último, la presidenta de la CONFEDEPRUS declaró que «la lección y el desafío que nos está dejando esta pandemia es que tenemos que cambiar muchas cosas, el sistema sanitario, la legislación laboral, etc. El COVID-19 ha expuesto la fragilidad de un sistema social dominado por la ideología de mercado totalitario, con un Estado ausente, relegado a un rol subsidiario, sin políticas públicas potentes que resguarden y promuevan derechos, consecuencia de 45 años de un modelo de capitalismo extremo, como es el neoliberalismo. Por eso, la lucha contra el COVID-19 es también la lucha por cambiar las bases estructurales de este sistema».