Una carta dirigida a las principales autoridades políticas del país han difundido los presos del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, en la que comienzan manifiestando su «preocupación ante la pandemia del Covid-19 y por las consecuencias que esta pueda tener al interior de los penales, como ya se ha visto en otras prisiones del mundo y del país».
En la misiva que tiene como destinatarios al Presidente Sebastián Piñera y a las más altas autoridades de la Corte Suprema, la Cámara de Diputados y el Senado, los privados de libertad apuntan que «es un hecho indesmentible que las prisiones en general cuentan con un alto nivel de hacinamiento, y en condiciones de insalubridad alarmantes, con una escasa o nula atención médica, con falta de personal e insumos adecuados». Una realidad que -añaden- han constatado «por largos años las Comisiones Visitadoras del Poder Judicial, informes de instituciones y organizaciones de Derechos Humanos, el informe de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema y, recientemente, el documento elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos».
Respecto de lo último, desde Colina I recuerdan que dicho informe «solicita a los gobiernos del mundo poner especial atención, en el contexto de la pandemia, a la situación de vulnerabilidad que se da en las prisiones, recalcando que por su nivel de sobrepoblación, falta de atención de Salud, precaria infraestructura y otras falencias, son espacios donde el Covid-19 puede hallar una muy fácil transmisión y por consiguiente un foco de propagación explosivo de la enfermedad».
Ante ese escenario los privados de libertad destacan que «conscientes del peligro que reviste el contagio del Covid-19 es que varios penales decidimos voluntariamente tomar la primera medida de prevención y cuidado contra esta pandemia al suspender de manera transitoria las visitas, como una forma de resguardar a nuestros familiares, a nosotros mismos y también al personal de Gendarmería y civil que se ven expuestos».
Sin embargo, los presos de Colina I advierten que son conscientes de que dicha medida «resultará insuficiente e infructuosa si no se aborda el tema más complejo, como es el hacinamiento, más aún cuando Chile tiene el mayor número de prisioneros en relación a su población (300 presos por cada 100.000 habitantes)». A ello hay que sumar -continúan- «el hecho de que más allá de los protocolos sugeridos, no existen condiciones reales y concretas para atendernos médicamente y que la adecuación de celdas de castigo o una sala de clases como lugar de aislamiento significan en la práctica volver a condenarnos, pero esta vez a una muerte segura. Queremos evitar un desastre previsible».
Por otra parte, en la carta dirigida a las autoridades políticas se reconoce como un avance la aprobación del proyecto de ley de «indulto conmutatitvo», pero se sostiene que igualmente «resulta insuficiente para abordar el descontrol del hacinamiento». En ese sentido, se apunta que «es urgente que las autoridades entiendan hoy y no cuando sea ya imposible de manejar» la crisis, agregando que la situación de vulnerabilidad de los privados de libertad frente a esta pandemia «no es el problema de una sola institución, sino del Estado en su conjunto que tiene el deber de velar por nuestras vidas y buscar posibles soluciones, atendiendo el contexto histórico que nos toca vivir como humanidad, de la cual los presos no somos ajenos».
Dicho todo esto, los internos de Colina I exigen que para hacer frente al hacinamiento y lo que esto significaría en un brote masivo e incontrolable del coronavirus al interior de los penales, se apliquen cuatro medidas específicas.
La primera de ellas es el «cambio de medidas cautelares para las y los imputados que se encuentran en prisión preventiva, haciendo prevalecer el principio de presunción de inocencia que se supone prima en lo jurídico». En segundo lugar demandan que «se aceleren y otorguen los beneficios intrapenitenciarios para todas y todos los que cumplen con los requisitos base. Sin anteponer otras exigencias que aparecen como trabas». Como tercera medida piden que «se derogue el artículo de la Ley 321 (que regula libertades condicionales) para que esta se aplique como corresponde, es decir, desde su promulgación y no de forma retroactiva». Y, por último, solicitan que «se busquen fórmulas de libertad adicionales que contemplen casos de personas con discapacidad, enfermedades crónicas, conductas intachables, porcentaje de cumplimiento de la pena, adquisición de oficio, etc., mas allá de las contempladas en una postulación normal».
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