Durante la tarde de este jueves, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció que el Gobierno le asignará «máxima urgencia» al proyecto de «Ley humanitaria» impulsado a fines de 2018 y que busca que reos de avanzada edad puedan acceder a un arresto domiciliario total si así lo resuelven los Tribunales de Justicia.
Consultado el secretario de Estado sobre si esta medida favorecería igualmente a quienes hoy cumplen condenas en Punta Peuco por delitos de Lesa Humanidad, este señaló que «en estas circunstancias no se exige un delito determinado o no se excluyen las personas por haber cometido un delito determinado, de manera que nadie queda, en principio, excluido de este beneficio si acaso cumple con los requisitos que los verificará el juez en su oportunidad».
La acción del Ejecutivo aparece como una respuesta a la protesta de la derecha en la Cámara de Diputados, quienes decidieron rechazar un informe de la comisión mixta en el marco del proyecto de Indulto Conmutativo por Covid-19, debido a que este no incluía en el beneficio de cumplimiento de privaciones de libertad a través de arresto domiciliario a condenados por delitos de Lesa Humanidad.
Tras el anuncio del ministro de Justicia, desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se denunció una «maniobra del Gobierno que apunta a entregar indultos a los criminales de la dictadura, aprovechando los momentos complejos que vivimos por efectos de la pandemia del Coronavirus».
En ese sentido, plantean que como organización están «en estado de alerta a las maniobras del gobierno de Piñera que busca, bajo pretextos falaces, entregar exculpaciones a los condenados, quienes no han tenido la dignidad de entregar información sobre nuestros familiares».
«El Gobierno, con sectores del Poder Legislativo, tratan de aprovecharse de esta grave situación sanitaria para entregar impunidad a los ex agentes del Estado», insistieron en la AFEP, convocando a la ciudadanía a «estar alerta para cualquier acción que tengamos que realizar».
Los presos de la revuelta
Desde la AFEP denunciaron que, como contraparte, el mismo gobierno que hoy busca dejar en libertad a los criminales de la dictadura, «ha encarcelado a miles de jóvenes por manifestarse por demandas sociales, por expresarse en contra de las pensiones de hambre, en contra del comercio de la salud y educación en base al lucro (…), sin prueba alguna, solo la palabra de carabineros».
En esa misma línea, advierten que los llamados «presos de la revuelta» -incluidos aquellos enviados a centros del SENAME- están «con riesgo de muerte en la situación de hacinamiento», considerando que son más de 2.000 los jóvenes en esta situación.
Por último, la AFEP sostiene que «la revuelta social no ha terminado, y estamos esperando que pase esta pandemia, la que ha asesinado menos personas que la pandemia criminal del gobierno de Piñera, junto a las Fuerzas Especiales de Carabineros».