¿Cambiará Estados Unidos su política de drogas?

Barack Obama llegó a la presidencia de Estados Unidos prometiendo un cambio, con lo que sedujo a millones de norteamericanos. Claro que en políticas de drogas no se esperan muchos, dado que dicho país es el principal promotor de la guerra a las drogas. El nombramiento de Gil Kerlikowske como zar antidrogas ofrece algunas esperanzas, como por lo menos el financiamiento federal a programas de intercambio de jeringas para adictos.

En Estados Unidos está prohibida la venta de jeringas en las farmacias y, pese a tener un alto índice de usuarios de heroína, con sus correspondientes riesgos en la transmisión de VIH, el gobierno de G. W. Bush endureció dichas medidas.

A miedos extremos, respuestas extremas. Esa ha sido la tónica de las políticas de drogas en el país del norte, desde que Nixon iniciara la ‘Guerra a las drogas’.

En aquellos años, a fines de los ’60, la mayoría moral norteamericana temía a los hippies y sus prácticas. Nixon supo aprovechar esto y decidió nombrar a los narcóticos como el “Enemigo Público Nº 1”, agravando las penas contra los traficantes y destinando fondos federales para reforzar el combate. En 1973 nace la Drug Enforcement Administration (DEA).

En las calles de las principales ciudades norteamericanas lo que más se hallaba era marihuana o LSD. El aumento de policías destinado a su control pronto hizo que escasearan. Su efecto fue que los traficantes introdujeron el crack y, posteriormente, la metanfetamina. Si al uso de drogas, sigue la represión, a ésta le siguen nuevos productos lanzados al mercado.

A principios de los ’90, bajo el gobierno de Bush padre, ante la ausencia del enemigo comunista, el presupuesto de mantener su lucha se volvió a las drogas. Estas ahora serían el nuevo enemigo. Bill Bennet, un intelectual conservador convertido en zar antidrogas, duplicaría el presupuesto para la guerra contra las drogas: 12 mil millones de dólares gastados en comprar armamentos para combatir a este nuevo enemigo.

Hoy se calcula que Estados Unidos ha gastado más de 500 mil millones de dólares en su guerra personal contra las drogas. Y los resultados son que la cocaína hoy es más barata que cuando Pablo Escobar era el narco más buscado, las metanfetaminas son usadas por un millón y medio de norteamericanos. Además, según la revista Rolling Stone, si en 1980 había 41 mil personas presas por delitos de drogas, el 2008 eran 493 mil.

UN POLICÍA BUENA ONDA

El reciente nombramiento de Gil Kerlikowske a cargo de las políticas de drogas por parte del presidente Obama, da algunas esperanzas de que cambie el enfoque represivo por uno más centrado en reducir los efectos colaterales del uso de sustancias declaradas ilícitas.

Kerlikowske fue jefe de policía en Seattle, tiene 59 años, 36 de ellos como policía. En dicha ciudad bajo su mandato la policía se concentró en los grandes traficantes en vez de los consumidores, obteniendo éxitos rotundos en comparación con otros estados más represivos.

El vicepresidente Joe Biden también anunció que el cargo de Kerlikowske dejará de tener el estatus de puesto del Gabinete.

Según confesó a El Ciudadano, Howard J. Wooldridge, ex policía e integrante de Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), “con la nominación de Kerlikowske vemos un cambio significativo.  El tiene el más experiencia de un ambiente progresivo cerca ‘harm reduction’ que cualquiera otro jefe de policía en EEUU. Creemos que el presidente Obama ha hecho una señal de que vamos en nueva dirección que apunta a tratar problemas de las drogas como un asunto médico antes que policial”

Por su parte, el secretario de Estado adjunto, David Johnson, anunció que la administración de Obama ampliará la política antidrogas de Estados Unidos, variando el enfoque prohibitivo hacia una mayor atención a minimizar los riesgos de salud asociados al problema.

Uno de los quiebres con el lineamiento del anterior Gobierno de Bush es que el presidente Barack Obama apoya el financiamiento federal de intercambio de agujas como parte de una reestructuración a la política de drogas, expresó Johnson a la agencia Reuters

“Esto resultará en una política que es más amplia y más fuerte que la que teníamos en el pasado”- precisó en una entrevista que dio mientras asistía a la Conferencia sobre Drogas de la ONU.

Pese a dichos anuncios el poder de la inercia pesa. Washington se unió en dicho evento a los estados que acordaron una extensión de 10 años a la actual “lucha contra las drogas”, oponiéndose a estrategias de reducción del daño.

Estas medidas ayudarían a evitar el contagio de VIH y otras enfermedades que se transmiten por medio de la sangre. Pero Johnson reconoció que a pesar de que Obama apoya medidas como la entrega de agujas, Washington no podría aceptar tal medida al no estar señalada en el acuerdo final del encuentro en Viena.

Johnson agregó que la política estadounidense sobre drogas cambiaría a un “mayor énfasis, con el paso del tiempo, a una reducción de la demanda y programas de prevención”, junto con la aplicación de la ley. También detalló que el gasto estadounidense en programas de tratamiento para usuarios de drogas ha aumentado casi cuatro veces desde el primer protocolo anti narcóticos de la ONU acordado una década atrás. Hoy la cifra es de 14.000 millones de dólares al año.

ADICCIÓN Y PRESOS

Una de las preocupaciones de la administración Obama son las luchas entre las bandas de narcos que mantienen el mercado de drogas en Estados Unidos, violencia que ya lleva un saldo de 7 mil muertos. El miedo es que dichos enfrentamientos se extiendan al suroeste de EEUU, donde ya se han producido secuestros y ejecuciones relacionadas con el negocio de la droga.

Se calcula que el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de México, desde donde se exportan otras drogas como la heroína, las metanfetaminas o la marihuana.

Otros costos de las actuales políticas represivas son a las libertades individuales. En Estados Unidos hay 2, 300,000 de personas en prisión y otros 5 millones en libertad condicional. Un  20% de los que están en las cárceles es por delitos relacionados con drogas, sean traficantes o usuarios. Wooldridge agrega que “otro 50% están en prisión por crímenes relacionados con la prohibición, como cuando un narcotraficante mata a otro traficante o cuando un adicto roba una persona o casa buscando dinero para comprar
drogas. Según muchos expertos, un 70% de los que están en la cárcel tienen que ver con las políticas de prohibición de las drogas”.

Wooldridge si bien reconoce que son muy pocos los que están presos por mera tenencia de cannabis, es motivo para volver a prisión que alguien que está en libertad condicional sea  sorprendido fumando marihuana. El ex policía calcula en unas 10 mil personas bajo esta situación.

Y la guerra a las drogas tiene su costo. Wooldridge calcula que mantener una lucha contra el cannabis ha exigido al dinero de los contribuyentes unos 10 billones de dólares al año.  Además de que se pierden otros 5 billones al no haber impuestos al cultivo de dicha planta.

El Ciudadano
Especial Política de Drogas