En la finalizada cumbre de drogas de la ONU, la delegación colombiana fue la más resuelta en apoyar a Estados Unidos en continuar por otros 10 años más la fallida ‘Guerra a las drogas’. Pese al estruendoso fracaso de dicho combate en su territorio, el presidente Uribe mantiene el Plan Colombia, ya que le otorga créditos políticos y la posibilidad de militarizar a la sociedad colombiana.
El Plan Colombia, concebido en 1999 entre los gobiernos de Andrés Pastrana (Colombia) y Bill Clinton (EEUU) apuntó al control y erradicación de la producción de cocaína en el territorio del país latinoamericano. A más de una década de su inicio, la producción de cocaína se ha mantenido y los más de 10 mil millones de dólares invertidos han dejado incalculables daños sociales y ambientales.
El Ciudadano conversó con la investigadora social y doctorada en Desarrollo colombiana, Adriana Rodríguez Salazar, de las consecuencias del plan, para quien
¿A partir de las investigaciones que has hecho sobre el Plan Colombia podrías evaluar el resultado a más de una década de su implementación?
– Diez años después de su implementación y de una inversión de $10.732 millones de dólares, de los cuales el 57% se destinaron a la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado (US$6.165), Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. Más allá de la discusión sobre el área cultivada –en lo que basa el balance exitoso del gobierno- el país sigue sufriendo los rigores del narcotráfico. Muchos poderes locales han sido infiltrados por su capacidad de corrupción, el Congreso llegó a tener 51 congresistas involucrados y 29 presos por sus vínculos con los paramilitares que se financian del negocio ilícito, la guerrilla de las FARC se mantiene activa y, pese a las deserciones y los golpes que ha recibido, sus filas se siguen alimentando de jóvenes, como lo relato el ex gobernador Alan Jara cuando fue liberado de un secuestro de ocho años: “después de las fumigaciones de los cultivos, llegan jóvenes a hacer parte de la guerrilla porque no tienen otra opción”.
También el plan ha provocado la militarización de la región.
– Lo que sí deja el Plan Colombia es el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, ahora el país es potencia militar en la región; en siete años (entre 1998 y el 2005) el pie de fuerza aumentó en un 52%, por lo que ahora se tiene el mayor número de efectivos, después siguen México y Brasil. Pero eso no significa mayor seguridad para los ciudadanos, ni mucho menos la reducción de la producción y del problema del narcotráfico.
¿Y qué evaluación podemos hacer de los planes de erradicación forzada de cultivos?
– Un aspecto escalofriante de la lucha fallida contra la producción son los más de 8 millones de litros de round up que se ha asperjado por vía aérea, en ecosistemas vulnerables y estratégicos como la selva amazónica, el Chocó biogeográfico, el Macizo Colombiano, los bosques tropicales y las zonas de pie de monte andino. En los últimos diez años se han fumigado más de un millón de hectáreas de cultivos, 1.144.029 para ser exactos. Esto no ha resuelto el problema de la droga, por el contrario a aumentado el desplazamiento de población, por no hablar de incalculables costos ambientales y sanitarios que esta política acarrea. Es un hecho que la guerra química es fallida, pero más de dos décadas después de fumigar, el gobierno colombiano y la comunidad internacional siguen haciendo oídos sordos y cerrando los ojos ante este drama.
¿Y qué pasó con los programas de sustitución de cultivos?
– La propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en los censos anuales sobre la producción, reconoce que la estrategia de erradicación forzada es limitada para eliminar los cultivos. La realidad es simple: mientras no existan cultivos que generen los mismos ingresos para los campesinos pobres y excluidos de los circuitos económicos nacionales, no será posible erradicar los cultivos de coca. Es así de crudo. Eso explica porqué a pesar de las fumigaciones, la persecución y la criminalización de los productores, en el último año haya aumentado el número de familias dedicadas al cultivo que pasaron de 67,000 a 80,000 en el último año (del 2006 al 2007). Claro, también aumentaron los ingresos anuales derivados de la producción en un 15%.
¿Por qué ante el fracaso en las políticas prohibicionistas y los evidentes costos ambientales y sociales que han tenido el gobierno colombiano insiste en esa política de drogas?
– Porque la política es funcional al discurso de la seguridad democrática del presidente Uribe. El apoyo del gobierno de Bush permitió consolidar la lucha contra otro eje del mal: el de la lucha contra las drogas, así, bajo el discurso de la reducción de la producción se fortaleció militarmente a un país con una política alineada a Washington. A nivel interno, en Colombia se consolidó una política de seguridad basada en el combate a las fuentes de financiación de la guerrilla y se puso en marcha un proceso de negociación con los grupos paramilitares de derecha. Con esta base el gobierno obtuvo el apoyo popular, luego de mucho agotamiento de la sociedad por el conflicto y las acciones de una guerrilla y un paramilitarismo alimentados por los recursos del negocio de la droga. Lamentablemente el gobierno Uribe no está dispuesto a moverse un centímetro de este discurso, aunque el problema del narcotráfico no este resuelto y los costos sociales y ambientales cada vez sean mayores. Las esperanzas están en la reacción internacional ante el debate actual y, especialmente, la revisión que el gobierno de Obama haga de la política contra las drogas y la continuidad de la ayuda a Colombia.
¿Qué esperarías de otros gobiernos latinoamericanos respecto a las políticas de drogas prohibicionistas que han asolado el continente?
– Sensatez, sentido común y lógica. No sería mucho pedir cuando la realidad nos muestra la urgencia de cambiar el paradigma de la prohibición. La realidad es que Colombia y la región andina siguen siendo los principales productores de cocaína, décadas después de aplicar la política de prohibición; la realidad es que Centroamérica se ha convertido en corredor de distribución y México sufre el poder del narco que se ha especializado en la distribución y empieza a incursionar en la producción.
¿Qué pasos deben dar las organizaciones de la sociedad civil para cambiar la actual situación respecto a algunas plantas prohibidas?
– Un buen comienzo es informarse sobre los costos ambientales, sociales, económicos y políticos de la prohibición. Otro aspecto es reflexionar sobre lo que significa declarar ilícitas plantas que para nuestras culturas tienen sentido sagrado, hay conocimientos ancestrales que debemos proteger y propiedades curativas que podemos utilizar. La sociedad civil latinoamericana y los movimientos sociales globales han dado pasos importantísimos en la lucha por mantener nuestra identidad y autonomía, esto debemos aplicarlo al tema de las plantas prohibidas. No puede ser posible que sólo las multinacionales farmacéuticas y la Coca Cola tengan licencia para el uso de la hoja de coca, esto sucede por la prohibición y esto tiene que ver con nuestros derechos colectivos como pueblos. Por eso invito a todos los lectores a participar de los debates y a hacer parte de este movimiento que, estoy segura, llevará al cambio de paradigma, pero no lo podemos hacer solos.
El Ciudadano
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