La reina Sofía y Antonio M. Costa, de la JIFE
Pese a que se insistirá por otros 11 años con una fracasada guerra a las drogas y no se acepta la Reducción de daño como la estrategia más eficaz para resolver el problema, en la última convención de drogas de la ONU no hubo el consenso en las políticas represivas de sesiones anteriores, se reconocieron fracasos y se aceptó incluir los derechos humanos de los usuarios de drogas en las futuras políticas. No se esperaba más.
La semana pasada culminó la cita convocada por la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Viena, en la que 300 representantes de 53 países debían revisar las actuales políticas de drogas. Si bien, a diferencia de la última sesión ocurrida en 1998, hay disenso de algunas naciones a la declarada ‘guerra a las drogas’, se insistirá en el fracasado énfasis prohibitivo y represor.
En la cita se debía analizar los resultados de 11 años de políticas que se propusieron para esta fecha “Un mundo libre de drogas”. Tal pretensión, además de ser utópica y no respetar la autonomía subjetiva, ha provocado severos costos a los usuarios de sustancias prohibidas y a las sociedades.
La declaración de la estrategia a seguir hasta el año 2019, de 34 hojas, ya no tiene el tono triunfalista de décadas anteriores y no es vinculante, pese a que insiste en que su “objetivo final” será “minimizar y eventualmente eliminar la disponibilidad y el uso de drogas ilícitas”. O sea, más de lo mismo: Seguiremos con tolerancia cero al uso de sustancias declaradas ilícitas y nada de políticas de reducción de daños.
Y algunos miembros de delegaciones internacionales así lo visualizaron. En reuniones previas a Viena, la Comisión Europea concluyó que el plan que pretendió eliminar las drogas para el fin de esta década, acordado en 1998, fue ineficaz, no se lograron los objetivos formulados respecto de la reducción del consumo y comercio de drogas, y que sólo se consiguieron escasos avances. Claro que las principales críticas provienen de organizaciones sociales que ven los efectos de la cerrada política de drogas en la calle.
El triunfo fue para la delegación de Estados Unidos, país que exportó hace ya un siglo la cruzada contra los vehículos de ebriedad al resto del mundo. Contó con el apoyo de las delegaciones de Colombia, el Vaticano, Italia, Japón, Rusia y la India
A juicio de Julio A. Fariñas, “el panorama que se vislumbra en materia de drogas para la próxima década es el de más consumo, más tráfico, más recursos para el crimen organizado, incluido el terrorismo, más violencia, más corrupción”.
PERO HAY DISENSOS
El proceso es lento, pero hay avances en darle sensatez a un tema con importantes dosis de juicios morales y evaluarlo en sus resultados concretos y no, como ocurre hoy, en como un esfuerzo irrenunciable por producir una comunidad pura “libre de drogas”.
El texto final de la declaración no pudo ser consensuando al oponerse 26 países, la mayoría europeos, que intentaron infructuosamente que el concepto de Reducción del daño se incluyera en el texto.
Destacó también el gesto del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien masticó hoja de coca en su discurso ante el plenario, diciendo que la planta no es una droga. La coca está incluida desde 1961 en el listado I de sustancias estupefacientes, pese a que una tradición milenaria la usa en los Andes y se le han encontrado grandes cualidades como alimento y medicina.
Franco Sánchez, viceministro de Justicia de Ecuador, por su parte dijo que “ha quedado claro que la guerra contra las drogas fracasó”, agregando que “después de diez años nos damos cuenta de que esa política fracasó. Hay que tomar otras políticas porque vamos a vernos dentro de diez años más y no sabemos dónde estaremos”.
En tanto el embajador alemán Ruediger Luedeking sostuvo que “para ser franco, el borrador de declaración política no nos satisface completamente”.
“Hace falta más realismo. Tenemos que aprender a convivir con las drogas. Hay un gran tabú y cuestiones como la despenalización del consumo nunca son debatidas”- dijo al diario español El País, Rubem Cesar Fernandes, miembro de la Comisión Latinoamericana sobre la Droga y la Democracia.
RECONOCIMIENTO DEL FRACASO
Algo nunca antes visto ocurrió también en la convención. El director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, Antonio María Costa, quien debe su cargo a las actuales políticas y son conocidos sus llamados a continuar la ‘lucha’, debió reconocer que “las políticas aplicadas hasta ahora han favorecido a los grandes carteles de la droga, que en este periodo se han hecho más ricos y poderosos”- según dijo. Costa pidió a los Gobiernos mayor coordinación y recriminó el derrotismo de los que apuestan por la legalización. “Debemos encontrar un punto intermedio entre criminalizar y legalizar, planteando la estrategia menos como una guerra y más como la cura de una enfermedad social”.
Si bien, la frase aún manifiesta la obsesiva visión de ver el uso de embriagantes como enfermedad, es inédita su expresión respecto de la criminalización. “Debemos tener la valentía de observar las consecuencias, dramáticas e imprevistas, del control sobre la droga: que ha surgido un mercado criminal de proporciones asombrosas”- reconoció. Algo es algo.
También se reconoció la complejidad del problema aceptando asumir los aspectos sanitarios, judiciales, sociales, económicos, ecológicos y criminales que conlleva.
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
También es mínimo, pero es un pequeño avance que en el documento final se diga que la lucha contra las drogas sea llevada “en plena conformidad con los principios y objetivos de la Carta de Naciones Unidas, la ley internacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
La demanda, hecha desde hace tiempo por varias organizaciones de la sociedad civil, instaló el respeto de los derechos humanos de los usuarios de drogas declaradas ilícitas. En países asiáticos se condena a muerte a algunos usuarios y en Estados Unidos se castiga a estos con presidio.
Que el texto final haya omitido hacer referencia a la Reducción del daño ha sido calificado por Rebecca Schleifer, de Human Right Watch (HRW), como “un desastre, es mucho peor de lo que pensábamos. Es un desastre para los derechos humanos”.
Estas políticas, que se expresan en el intercambio de jeringas para los usuarios inveterados de sustancias inyectables, la sustitución de metadona a los adictos a la heroína o la promoción de la higiene y hábitos de consumo saludables, han sido apoyadas por otras agencias de la ONU y por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
Especial Política de Drogas