El fracaso de la prohibición a la producción de coca en la región Andina y los impactos de la política en el caso colombiano

La región andina concentra la producción mundial de hoja de coca. Colombia (con el 55% de los cultivos), Perú (30%) y Bolivia (16%) son los países productores que han sido objetivo de las políticas de control de drogas basadas en el principio de reducción de la oferta. Sin embargo, tres décadas de aplicación de programas de erradicación, de sustitución de cultivos y de criminalización de los cultivadores, no han logrado la reducción de la producción. Las cifras son contundentes, a pesar de la prohibición, la producción de coca en la región aumentó en un 4% en dos décadas (entre 1987 y el 2007 se pasó de producir 173,515 a 181,600 hectáreas).

Ante los relativos éxitos en la reducción de los cultivos que presentan los organismos oficiales -según que año y según cuales países-, tenemos la contundencia de una realidad que muestra que el problema de la producción está lejos de ser resuelto. Los únicos cambios significativos que han generado las décadas de aplicación de esta política son los desplazamientos de los cultivos al interior de cada país o el aumento de la producción entre uno u otro país.

En el juego perverso de las cifras, se pretende justificar una política a todas luces ineficiente. En el último informe mundial sobre las drogas no sólo se reconoce el aumento del área cultivada y de la producción potencial de cocaína en el último año (16% y 1% respectivamente en el 2007), sino que señala que el crecimiento no fue mayor porque “los cultivos no se cuidaron bien o se plantaron en terrenos de poco rendimiento” (Unodc, 2008; Pág. 8) Es decir, se reconoce que la capacidad de producción depende de los cultivadores más que de la prohibición.

A pesar del incesante fomento de los programas de erradicación forzosa, la reducción de la oferta mundial de cocaína ha fracasado, mientras aumenta la eficiencia en la fase de transformación y la capacidad de producción de cocaína. Durante los últimos diecisiete años también aumentó la producción potencial de cocaína en un 22%, pasando de una producción de 773 toneladas métricas a cerca de 1000 Tm. en el periodo comprendido entre 1990 y el 2007. (Gráfico 2)

Los datos y los hechos muestran una verdad tan simple como ajena a las políticas de reducción de la oferta que se han aplicado durante décadas en la región andina. Mientras exista el negocio asociado al narcotráfico y mientras los campesinos cocaleros no  tengan alternativas viables económicamente y sostenibles ambientalmente; seguirá existiendo la producción y, con ella, se repetirán los ciclos perversos de la pobreza, persecución, criminalización, deforestación, delincuencia, violencia, corrupción e inseguridad derivados de las actividades ilícitas.

A partir de los años ochenta Colombia se convirtió en un país productor de coca. Desde entonces se han aplicado políticas de erradicación forzada de los cultivos, basadas en el principio de reducción de la oferta; sin embargo, el país continúa siendo el principal productor del mundo, con una participación del 55% del área cultivada.

El máximo de producción de coca en el país se alcanzó en el 2000, cuando se llegaron a cultivar 163,000 hectáreas, con el 72% de la participación en la producción total. En este contexto, el gobierno colombiano con el apoyo de Washington, diseñan el mayor plan de lucha contra las drogas aplicado en la historia del país. El Plan Colombia se definió como una estrategia integral cuyo objetivo general se centraba en el combate a las drogas ilícitas y el crimen organizado.

OBJETIVO DEL PLAN COLOMBIA

“Combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado, para así contribuir a la reactivación económica y la consecución de la paz en Colombia, al tiempo que se fortalece el control sobre la oferta de drogas ilícitas en las calles norteamericanas. Este acuerdo está basado en el principio de responsabilidad compartida, según el cual se reconoce que el problema mundial de las drogas es una responsabilidad común y compartida por toda la comunidad internacional, que exige una visión integral y equilibrada para enfrentar la demanda y la oferta de drogas ilícitas”. (DNP; DJS, 2006. Pág. 10)

En un esfuerzo de cooperación sin precedentes, en la primera fase del Plan Colombia (1999-2005) se invirtieron $10.732 millones de dólares (cerca de $8.500 euros), de los cuales el 57% se destinaron a la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado. Los objetivos de la lucha contra las drogas y el crimen organizado se centraron en: la reducción del 50% de los cultivos; la modernización del sector seguridad y defensa; y el fortalecimiento y entrenamiento de la Fuerza Pública.

Recursos del Plan Colombia: 1999-2005
* En millones de dólares

Fuente: Balance del Plan Colombia 1999-2005. Departamento Nacional de Planeación  DNP- Dirección de Justicia y Seguridad, 2006.

El evidente enfoque militarista del Plan Colombia se sustentó en la doctrina de seguridad nacional del combate al terrorismo que, en el caso colombiano se refirió especialmente a la guerrilla de las Farc y la reducción de sus fuentes de financiación provenientes del narcotráfico. El Plan permitió el reposicionamiento militar del país a nivel regional, con una política coordinada en Bogotá y Washington. Sin profundizar en la importancia geoestratégica del fortalecimiento militar de Colombia en un contexto de cuestionamiento hegemónico a los Estados Unidos, es necesario señalar la clara relación entre la política prohibicionista y el despliegue militar. El Plan Colombia permitió el incremento del 52% de los efectivos de las fuerzas armadas y el aumento del gasto en defensa y seguridad, que pasó del 3,5% del PIB en 1999 a 4,23% en el 2005 (DNP; DJS, 2006).

Pese a lo anterior, la lucha contra las drogas ha fracasado y estamos lejos de conseguir una seguridad ciudadana entendida como la garantía de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos de todos los colombianos. Aunque el balance del Plan Colombia muestra un saldo positivo cuando se presenta un descenso del 60% en el área cultivada desde su aplicación en 1999; pero el análisis del conjunto de los factores asociados a la producción es diferente: el área cultivada aumento un 27% el último año. A pesar del impresionante incremento de las hectáreas fumigadas y de las acciones militares, el país continúa siendo el principal país productor de cocaína, con el 61% de la producción potencial mundial, cifra que aumentó un 12% sólo en el último año. Desde una visión temporal más amplia, este incremento fue casi del doble en los últimos diez, cuando se pasó de producir 350 a 600 toneladas métricas.

En cuanto a los precios los datos oficiales son reveladores: mientras los precios de la hoja de coca y la pasta básica han permanecido estables en los últimos tres años, el precio de la cocaína en dólares, aumentó en un 25%2 (ONUDC. Censo de Cultivos, 2008). Según el Censo de cultivos “los precios están determinados por las acciones de erradicación manual, aspersión aérea, interdicción e intervención de grupos armados”.

El aumento de los precios constituye un factor de atracción para las economías campesinas de la periferia que, en zonas marginadas y aisladas de los centros de comercialización, se integran a la producción de hoja de coca como única alternativa económica. De hecho, en el último año los  ingresos anuales que generan los cultivos aumentaron un 15% (US$ 11,675 por hogar) respecto al 2006, con una incidencia directa en el número de familias que se dedican al cultivo que pasaron de 67,000 a 80,000 sólo en un año (Revista Semana, 2008; Censo cultivos, 2008). El valor de la producción en la finca de los productores corresponde al 0.5% del PIB total del país que en el 2007 fue de US$ 172 billones; la producción de hoja de coca corresponde al 5% del PIB agrícola del país.

Lo que no muestran estas cifras son los impactos que las políticas fallidas contra la producción han generado para el país durante las décadas de su implementación. Tres décadas después de intensas fumigaciones aéreas, de toneladas de químicos asperjados, de millones de dólares invertidos, de protestas de cientos de miles de campesinos y de numerosas y reiterativas denuncias sobre el efecto perverso de esta política sobre la población y el medio ambiente, hoy se sigue fumigando. Paralelamente, Colombia ha vivido y sufrido el fenómeno del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad, la economía, la cultura y la política. El conflicto armado colombiano ha sido alimentado por los flujos de dinero provenientes del narcotráfico, mientras los problemas estructurales del país no se han resuelto sino que, por el contrario, se han intensificado por la disputa del control de los territorios en los que se cultiva la hoja, se transforma y se distribuye.

IMPACTOS DE LA POLÍTICA FALLIDA CONTRA LA PRODUCCIÓN

Los impactos ambientales de la producción, transformación y políticas de erradicación forzada son incalculables. Para comprender su dimensión es fundamental diferenciar tres momentos del ciclo producción-transformación-erradicación. Los primeros son generados por el establecimiento y sostenimiento de los cultivos, luego vienen los asociados a los procesos de transformación  y, por último, los derivados de la erradicación por aspersiones aéreas.

Se calcula que tan sólo en los últimos seis años  (2001 y el 2007) se talaron 170.000 has de bosque para establecer nuevos cultivos de coca; el 38% de los cultivos se implantan en áreas deforestadas, con un promedio anual de 28.000has. de bosques talados. Si la deforestación por si misma es grave, lo es más si se tiene en cuenta que ésta se realiza en zonas de bosques tropicales, bosques de montaña y de selva húmeda. En el gráfico se observa cómo en diferentes periodos, los cultivos se han establecido en regiones geográficas de gran importancia ambiental y ecológica como la Amazonia, el pacífico biogeográfico, los Andes y la cuenca del río Orinoco.

El desplazamiento de los cultivos a zonas cada vez más aisladas obedece a la dinámica de “globo”, estudiada y reconocida por la ONUDC, que señala:

“La sostenibilidad de los esfuerzos para la erradicación de cultivos ilícitos depende en gran medida de alternativas reales que se ofrezcan a los campesinos para evitar el desplazamiento de los cultivos a nuevas áreas alejadas, siguiendo el efecto globo”. (ONUDC Censo de Cultivos, 2008 Pág. 75)

Como resultado de está dinámica, los cultivos, el procesamiento, las fumigaciones y, en general todas las actividades asociadas al tráfico de cocaína se desplazan de una a otra región, llevando consigo los impactos ambientales y sociales.

El 32% de los cultivos están en áreas de bosques y zonas de protección En la tercera parte de los Parques Naturales hay cultivos de coca  (16 de 51), con un aumento respecto al año anterior del 6% y cada año se registran nuevas áreas protegidas afectadas (Censo cultivos, 2008).

Por otra parte, para el sostenimiento de los cultivos se requieren grandes cantidades de plaguicidas y fertilizantes, algunos de ellos altamente tóxicos (como se observa en la tabla). Se estima que por cada hectárea cultivada se generan anualmente dos toneladas métricas de desperdicios químicos (Unisci, 2004). Los plaguicidas y los fertilizantes inorgánicos empleados en el cultivo se degradan en los suelos y contaminan los cuerpos de agua, sin que exista ningún control para el manejo y reducción de daños ambientales y en la salud de los propios cultivadores, dado el carácter ilegal de la actividad.

Principales plaguicidas empleados en el cultivo de coca

Fuente: R.E Ramos C., J.P. Ramos B, Universidad de los Andes, 2002.

Teniendo en cuenta el número de hectáreas cultivadas en el 2002 (año de referencia del estudio), se puede decir sólo en ese año se emplearon 2.325.600 de litros de químicos para establecer los cultivos de coca. Esto nos señala la dimensión de los costos ambientales que tiene la política prohibicionista, en la medida en que la condición de ilegalidad limita las posibilidades de control o reducción de daños.

El procesamiento de la hoja de coca para su transformación en base de cocaína es intensivo en uso de insumos químicos como bicarbonato de sodio, ácido sulfúrico, permanganato de potasio y amoníaco; y de cemento y gasolina. Para el procesamiento de cada kilo de base de cocaína se vierten como residuos: 15 litros de químicos (ácido sulfúrico, permanganato de potasio y amoniaco); 63 kilos de cemento y bicarbonato, y 193 litros de agua contaminada.

La prohibición limita la posibilidad de realizar controles para la reducción de daños y, aunque existen reportes aislados sobre los problemas de salud de los “químicos o cocineros” encargados de manipular los químicos, no se conoce la verdadera dimensión de los problemas sanitarios que acarrean estas prácticas.

Las políticas de control contra las drogas sustentan parte de su discurso en los impactos ambientales que generan los cultivos. Sin embargo, persistiendo en las contradicciones del discurso, se aplican fumigaciones o aspersiones aéreas de herbicidas para la erradicación de los cultivos, con una política que genera mayores y más graves daños ambientales y socioculturales.

Colombia tiene el record mundial en la aplicación de fumigaciones, ni siquiera en la guerra en Afganistán se ha permitido el uso de químicos para la erradicación. En Colombia, desde 1985 se han asperjado por vía aérea paraquat, garlon-4, imazapyr, tebuthiuron y glifosato (conocido comercialmente como round up), en lo que se puede considerar la guerra química  más intensa que se haya librado contra la producción de cultivo alguno. No obstante, más de tres décadas de políticas de control centradas en la reducción de la oferta dejan un balance negativo.

Fuente: ONDCP Proyecto Simci, Monitoreo de cultivos de coca, 2002 y 2008.

En los últimos diez años se han fumigado más de un millón de hectáreas de cultivos. Si tenemos en cuenta que a finales del 2002 el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó un concentración de 10,4 litros por hectárea de coca, para aumentar la efectividad de la aspersión, una operación simple nos permite afirmar que, desde entonces hasta hoy, se han asperjado más de siete millones y medio de litros de la mezcla química de roundup y surfactantes4 (Censo de cultivos, 2008). Esta cifra –que se queda corta pues sólo se refiere a lo fumigado durante cinco años – es escandalosa si se tiene en cuenta la toxicidad del glifosato, principio activo del herbicida. De hecho, la etiqueta del round up de la Monsanto, advierte sobre la toxicidad del round up y las precauciones que se deben tener para su uso.

«Roundup destruirá casi cualquier planta verde que esté en crecimiento activo. Roundup no debiera ser aplicado a masas de agua, como estanques, lagunas o arroyos, ya que Roundup puede ser dañino para algunos organismos acuáticos. Después de que un área ha sido pulverizada con Roundup, la gente y las mascotas, (tales como gatos y perros) debieran permanecer alejados del área hasta que esté perfectamente seca. Recomendamos que animales que pastan como caballos, ganado, ovejas, cabras, conejos, tortugas y aves, permanezcan fuera del área tratada durante dos semanas. Si Roundup es usado para controlar plantas indeseadas alrededor de árboles frutales o árboles de frutos secos, o viñedos, deje pasar veintiún días antes de consumir frutos o nueces.» (Bigwood, Jeremy) No APLIQUE POR AVION” (Rap-al Uruguay, 2007)

Pese a lo anterior, ni los pronunciamientos de expertos ambientalistas, ni las audiencias públicas y reportes de la Defensoría del Pueblo, ni las sentencias de tribunales, ni las protestas sociales han sido suficientes para detener el ecocidio que genera la guerra química contra las drogas. Este es quizás uno de los más dramáticos impactos de la política de erradicación, pues una vez se fumiga una zona se produce: el desplazamiento de la población, enfermedades en la piel y problemas de salud, crisis alimentaria porque los cultivos de comida también son afectados, contaminación de agua y suelos, pérdida de animales y afectación general de los ecosistemas.

Todos estos impactos ambientales se producen en ecosistemas estratégicos como la Amazonia, el Chocó Biogeográfico y los bosques tropicales. La Amazonia es fundamental para el planeta por su biodiversidad, su función en la regulación de los ciclos hídricos (este ecosistema acumula el 20% del agua dulce del planeta), la fijación de CO2 que realizan sus bosques y humedales, además de la aún inexplorada riqueza en germoplasma y la desconocida variedad de especies endémicas. Por su parte, el Chocó biogeográfico es una de las regiones ecológicas de mayor biodiversidad del planeta; cuenta con un significativo número de especies endémicas5, es una de las zonas de mayor pluviosidad del mundo, poseedora de bosques húmedos de enorme riqueza forestal. Y no podemos olvidar el Macizo colombiano y las zonas de piedemonte, ecosistemas vitales para la producción de agua y conservación de montaña.

Nuevamente nos enfrentamos a las contradicciones globales: mientras el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –el pasado miércoles 18 de febrero- solicita la acción conjunta de los gobiernos de los países amazónicos para hacer frente a la inminente degradación de los ecosistemas amazónicos, por otra parte, se mantienen políticas de seguridad que la afectan directamente (Pnuma, 2009). También la Unión Europea invierte recursos de cooperación para la conservación de bosques amazónicos. En tiempos de crisis ambiental y de cambio climático, es insensato obviar la importancia de los ecosistemas que están siendo afectados directamente por los resultados de una política ineficiente en el control de la oferta de coca.

Si hemos hablado del ecocidio, tenemos que hablar también de la contribución de las fumigaciones y de la política contra las drogas en el etnocidio de los pueblos indígenas de Colombia. La dinámica de los cultivos de coca y su producción afectan directamente a los pueblos indígenas. El primer impacto es la demonización de una planta sagrada, que hace parte de la cosmovisión de los pueblos cuyo origen mítico está asociado a la coca, a la mama coca, la pachamama y la madre tierra. Como si ello fuera poca agresión cultural, los pueblos indígenas que han cultivado tradicional y ancestralmente la hoja, están siendo afectados por el desplazamiento de los cultivos de coca hacia zonas cada vez aisladas del control del Estado. La incorporación de los territorios indígenas a la dinámica de la producción, trae consigo enormes impactos negativos entre los que se destacan:

•    Pérdida de territorios entendidos como el espacio vital de culturas milenarias que poseen conocimientos ancestrales y usos armoniosos de la naturaleza (HRE; 2008).

•    51 de los 94 pueblos indígenas del país están afectados por la ampliación de la frontera agrícola por la colonización cocalera, la producción, transformación y tráfico de cocaína (HRE; 2008).

•    Estos pueblos están perdiendo su autonomía y poder  político, por efectos de la presencia de grupos armados en sus territorios que se disputan los corredores estratégicos para el tráfico de insumos y precursores químicos para el procesamiento de cocaína y su uso como rutas de distribución (HRE; 2008).

•    Las fumigaciones aéreas vulneran su hábitat y afectan la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas. La erradicación manual genera estrategias de los grupos armados como el sembrado de minas antipersona en territorios indígenas y zonas aledañas, restringiendo la movilidad y generando daños directos entre la población, especialmente niños y mujeres (Onic, 2008)

•    Como resultado de la militarización de sus territorios, se incrementan las acciones bélicas, los desplazamientos forzosos de las comunidades, la limitación a la movilidad y el confinamiento de las comunidades, los asesinatos de dirigentes y la criminalización de líderes y comunidades (HRE, 2008).

•    El poder del dinero del narcotráfico genera nuevos patrones culturales y socioeconómicos, ocasionando disgregación social, pérdida de saberes y conocimientos ancestrales y, en general, la pérdida de referentes culturales que se expresan en problemas como el incremento del alcoholismo, la prostitución, violencia y conflictos generacionales entre los jóvenes que acceden a dinero fácil frente a las autoridades tradicionales (HRE, 2008)

La dinámica de expansión de los cultivos y del narcotráfico es un efecto indirecto de una política fracasada. Sin embargo aún se insiste en ella, sin que tengamos la capacidad de mitigar sus impactos y las pérdidas que como humanidad nos acarrea.

DERECHOS HUMANOS

Los impactos de la política de erradicación violan los derechos humanos de la población. Según Amnistía Internacional, la fumigación aérea y la erradicación manual de cultivos de hoja de coca son causas del desplazamiento, por el miedo a las consecuencias para la salud de la fumigación y por la presencia significativa de fuerzas de seguridad durante las campañas de erradicación (Amnistía Internacional, 2008).

El hecho de que distintos actores del conflicto sean beneficiarios de la cadena de la cocaína ha convertido a las áreas cultivadas y zonas de tránsito en escenarios de operativos militares y acciones bélicas tendientes al control o la erradicación (HRE; Onic, 2008). Esto contribuye a explicar porqué Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto a población desplazada se refiere, después de Darfur, con tres millones de desplazados internos. Contrariamente a las cifras oficiales, el desplazamiento está lejos de resolverse: Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Acnur, en 2007 hubo 250.000 personas desplazadas, frente a 200.000 en 2006 (Amnistía Internacional, 2008)

Por supuesto, no todo el desplazamiento se puede atribuir a las fumigaciones. Este fenómeno de desalojo de la población de sus territorios obedece a la dinámica y complejidad de un conflicto que se nutre del constante flujo de recursos del narcotráfico. Según declaraciones de los líderes paramilitares durante la negociación con el gobierno, estos grupos llegaron a controlar el 65% de las exportaciones de cocaína (González, 2006); mientras los informes de inteligencia militar calculan que el 48% de los ingresos de las Farc provienen del narcotráfico, a través del cobro de “impuestos” a la producción, utilización de pistas aéreas, comercialización y uso de corredores y rutas de tráficos (JIC, 2005)

Aunque no existe un cálculo exacto sobre el volumen de los recursos del narcotráfico en la economía colombiana, diversos estudios lo estiman en un 2 o 3% del PIB. Siendo una cifra conservadora, ésta es suficiente para afectar las estructuras de poder y el orden social del país; además de incidir en las economías locales, mediante la inversión en bienes y servicios, de tal manera que estos pocos puntos del PIB se convierten en segmentos significativos de la riqueza nacional (Duncan, 2006). Ejemplo de esta situación es problema de las pirámides promovidas con dinero del blanqueo de capitales que, al estilo Madoff, derivó en la estafa de cientos de familias que invirtieron sus ahorros y en la desestabilización de economías locales como la del Putumayo y el Nariño; las protestas de los afectados y la inestabilidad generada dieron lugar a que en noviembre del 2008 el gobierno declarara el Estado de Conmoción Interior, como medida excepcional para afrontar la emergencia social creada, según palabras del presidente por la “cultura mafiosa” y la ambición de ganancia fácil y rápida (El Espectador, 2008).

DEMOCRACIA Y SEGURIDAD

El narcotráfico está lejos de disminuir; por el contrario se diversifica y adapta, en una dinámica similar a la del efecto globo de los cultivos de coca, puesto que una de sus características es su fragmentación y volatilidad. Así, se pasó de la época de Pablo Escobar y la persecución a los grandes cárteles, en los ochentas y noventa, a la atomización de los grupos que controlan las diferentes fases de transformación y distribución; así como las rutas y corredores estratégicos. El negocio se ha especializado y deslocalizado, siguiendo la lógica del capital, sólo que nutrido por la criminalidad asociada a la ilegalidad de la actividad. En este sentido, el análisis del narcotráfico como uno de los motores de la violencia colombiana es fundamental para comprender el ejercicio de prácticas ilegales y privadas de acumulación de capital que permean la estructura social, política, institucional y económica del país (Krauthausen, 1998).

Para mantener y proteger todas las cadenas del negocio, existen grupos especializados que van desde los traficantes de insumos y armas, hasta ejércitos privados que se disputan el control de los territorios de producción y las rutas de abastecimiento y distribución. Esta lógica perversa explica la recomposición de los grupos armados y las nuevas alianzas entre sectores aparentemente enfrentados como los grupos paramilitares emergentes de derecha y la guerrilla de izquierda.

El último Informe de Amnistía Internacional sobre Colombia señala la creación de alianzas estratégicas entre las Farc con grupos paramilitares, unidos “en un esfuerzo por gestionar mejor sus negocios respectivos relacionados con el narcotráfico. Esas alianzas parecen incluir la colaboración para gestionar las plantaciones de hoja de coca, proteger los laboratorios donde se fabrica la cocaína y compartir las rutas de la droga”. (Amnistía Internacional, 2008)

En este contexto, también debe cuestionarse el éxito del Plan Colombia en su objetivo de combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado. El énfasis en la lucha contraguerrillera, basada en el ataque a las fuentes de financiación provenientes del narcotráfico, han mostrado un fracaso en la medida en que, aunque debilitada, la guerrilla no está derrotada sino que, por el contrario, muestra capacidad de adaptación al asociarse a otros grupos de derecha vinculados también al narcotráfico.

El país está lejos de resolver los problemas estructurales que durante más de cinco décadas se expresan en el conflicto armado, la desigualdad social, la pobreza y la marginalidad. Mientras se persigue y criminaliza a los productores, los recursos del narcotráfico han contribuido a la concentración de la tierra mediante una contra reforma agraria que se ha realizado por dos vías: la compra directa de más de cuatro millones de hectáreas de las mejores tierras del país o por el desplazamiento forzoso del campesinado que, ante las amenazas, la violencia y el miedo, abandonan sus tierras. Se calcula que el 25% de los ingresos provenientes del narcotráfico se lavan comprando tierras e inmuebles urbanos y en inversiones en megaproyectos de cultivos para biocombustibles (González P., 2006).

En este contexto se explica la irrupción del poder del narcotráfico en los poderes locales, regionales e incluso nacionales. La capacidad de corrupción de los capos ha desencadenado escándalos, que van desde la procedencia de los fondos de financiación de las campañas (caso proceso 8.000 del gobierno de Ernesto Samper), hasta el cuestionamiento al actual Congreso Nacional, con 51 parlamentarios investigados y 21 presos por sus vínculos con el paramilitarismo, que se alimenta del narcotráfico.

La impunidad y el éxito asociado al dinero fácil proveniente del narcotráfico inciden en la posibilidad de consolidación del Estado en todos sus niveles. Mientras se mantiene el negocio ilícito y el flujo de sus capitales, se incrementan los conflictos sociales, persiste la marginalidad de las economías campesinas, se afectan los ecosistemas, crece la delincuencia y el crimen organizado, aumenta la violencia y la corrupción, se vulneran los derechos humanos, se socava la legitimidad de los gobiernos locales y se genera inseguridad e inestabilidad regional (IDPC, 2007).

Tal y como lo señalaron los expresidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, “la violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina. Frente a una situación que se deteriora a cada día con altísimos costos humanos y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de ‘guerra a las drogas’ aplicada en los últimos treinta años en la región”. La evidencia del fracaso en Colombia y la región andina, la expansión de los tentáculos del crimen organizado a centroamérica y el poder del narco en México demandan una respuesta coherente, equilibrada e integral para resolver los problemas asociados a la ilegalidad.

Romper el paradigma es primer paso para la construcción de respuestas conjuntas entre la comunidad internacional y los países productores. Existen propuestas resultado de la resistencia de campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres y hombres que se han organizado y mantienen redes sociales y conocimiento que pueden ser alternativas desde la experiencia y la realidad.

En estos tiempos de crisis económica y ambiental, de cuestionamiento de modelos, no sólo es posible ver la evidencia de la realidad; sino que es imprescindible asumir la responsabilidad de construir otro mundo posible. Acá estamos muchos y muchas de los que hemos persistido y sobrevivido a la política prohibicionista. El tiempo nos ha dado la razón, las cifras nos dan la razón. ¿Necesitaremos más tiempo para asumir la responsabilidad de actuar para cambiar las políticas? O estaremos inevitablemente destinados a seguir siendo una estirpe condenada a cien años de soledad, sin tener una segunda oportunidad sobre la tierra?

Por Adriana Rodríguez Salazar

Investigadora Social- Miembro de Encod

El Ciudadano

Especial Política de Drogas

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