El presidente Rafael Correa y las drogas

En épocas de campaña Electoral el progresismo en materia de drogas sufre reveses. Rafael Correa Delgado, presidente del Ecuador, envío a la Asamblea legislativa de ese país un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), él mismo que criminalizaría a las personas por tenencia, uso o consumo de Sustancias Psico-Activas (SPA) en espacios públicos, con la mismas penas que los delitos de tráfico de mínima escala.

El pasado lunes 13 de Febrero, los avances políticos y legales, considerados progresistas, en materia de drogas en Ecuador tomaron una vez más un giro inesperado. A solo seis días de la primera vuelta electoral, el Ejecutivo propone a la Asamblea Nacional incluír un inciso en el artículo 220 del COIP, el mismo reza en cuanto a la tenencia para uso o cunsumo personal que “Tal tenencia o posesión debe limitarse a la residencia del consumidor. No se podrá alegar la no punibilidad de la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en zonas donde se encuentren centros educativos, lugares de trabajo, parques, centros religiosos o lugares públicos similares. En tal caso se aplicará la sanciona aplicable a la mínima escala”.

¿Es acaso el uso de sustancias un ábmito que debe remitirce al encierro y la privacidad? Esta base fundamental de la reforma estaría violentando el pricipio constitucional de la no discriminación y criminalización por ser usuario de sustancias, además de los derechos al uso y disfrute del espacio público para todos los ciudadanos, esto sin contar con los derechos culturales y religiosos que también se podrían argumentar. ¿Puede un Estado quitarte el derecho a la defensa o argumentación? Tanto el artículo 11 de los Derechos Humanos, como el 76 de la constitución ecuatoriana garantizan la presunción de inocencia y un debido proceso con las garantías para una defensa adecuada. ¿Qué son lugares públicos similares? Este tipo de conceptos demasiado generales se prestan para el abuso sobre los usuarios en distintos niveles, la falta de claridades determina también la falta de una correcta visión integral del fenómeno, por tanto si existen lugares prohibidos también se deberían generar espacios o zonas de tolerancia o permisividad. Es decir, los problemas por los que atraviesa el nuevo discurso ecuatoriano no están en la oposición, sino en el entramado legal que el mismo actual proceso ha creado.

Dicho de otra manera, esta reforma no estaría en entredichos y una álgida discusión si siguiera el cause natural de la política del gobierno ecuatoriano. Lo que sorprende precisamente es el cambio drástico en el discurso y la práctica, en la presentación pública y en la elaboración y ejecución de leyes, grises que sin duda terminan eternizando los problemas en los usuarios de sustancias. El mismo gobierno, bajo los mismos representantes ha logrado varios hitos en la política de drogas, como el indulto a más de 2000 mulas del nacotráfico en 2008, la prohibición de criminalización del consumo en el artículo 354 de la nueva Constitución, la explulsión de la Base Estadounidense en el puerto de Manta en 2009, la tabla de Dosis máxima de consumo en 2013, la renuncia a preferencias en el ATPDEA por lucha contra las drogas, las escalas y umbrales de tráfico en 2014, la Ley de Regulación Integral en 2015 y el proyecto de Ley de Cannabis Medicinal en 2016. Hoy por hoy ya es notorio que el cambio ha sido drástico.

A partir de la primera reforma al COIP en 2014, se creó una tabla de tráfico que genera confusión y vicios legales con la tabla de dosis máxima de consumo, por ejemplo, para estas dos tablas si una persona tiene entre 0 y 10 gr de marihuana puede ser consumidor, pero también puede traficante de mínima escala, el juez puede elegir. Esta reforma permitió además que se suban las penas y se bajen las cantidades contempladas en la tabla de tráfico, pasando en el caso del umbral de mínima escala de 0 a 300 gramos a la nueva marca de 0 a 20 gramos y aunmentando la pena que iba de 2 a 6 meses a un nuevo rango entre 1 y 3 años. La reducción de cantidades y el aumento de penas afectó también a mediana, alta y gran escala. Pero eso no es todo, mediante reforma, a partir de 2015 existe sumatoria de penas de hasta 40 años, por tipos de droga, es decir, un usuario de varias sustancias pdría terminar con una pena superior a un gran empresario de sustancias ilegales que pueda tener una hectarea de cultivo o una tonelada de una sola sustancia.

La posibilidad de esta reforma ha encontrado varias piedras en el camino, la primera son los marcos legales más amplios que rigen a la política de drogas, tanto la universalidad de los Derechos Humanos, como los marcos constitucionales del país no permitirían un avance total de la propuesta. El segundo momento de estancamiento está en el paso por la Asamblea legislativa, en donde varios asambleístas ya se han pronunciado resistentes a la mano dura, mismos representantes que miran otras posibilidades, es el caso de Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, quien cree que se debe sacar el tema de lo penal para trasladarlo al tema de la Salud Pública y la educación desde los niveles iniciales. Otra dificultad para esta reforma es sin duda la sociedad civil, organizaciones como Ecuador Cannábico han lanzado un pronunciamiento en contra de la propuesta, presentando una alternativa y argumantando la posibilidad de violacin es que la propuesta de ambos bandos, se a segunda vuelta electoral para presidentes, la cuestinnud Pdes como la educación de derechos, inexistencia de estudios adecuados, legislación inconsistente, falta de inclusión y participación de los usuarios de SPA y sobre valoración de los poderes económicos, políticos y morales en el país.

La actual coalición gobernante cambió mucho su parecer con respecto a las drogas, primeramente, porque la poca información que dieron sobre las políticas «progresistas» que estaban implementando les quitó votantes. Una corriente de opinión conservadora en política de drogas fue estimulada por todos los partidos de oposición que comenzaron a atacar la tabla de dosis máxima de consumo, argumentando que esa tabla había permitido que el consumo aumente de forma «alarmante» en el país.

También es tema de discusión los compromisos adoptados con la firma de el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, algunos de ellos muy sensibles en temas de medicina, alimentos, semillas, principios activos o investigación farmacéutica. Mismos compromisos que perjudicarían al Ecuador en su autonomía, soberanía y sobre todo en la competencia por los mercados relacionado a su capacidad de producción. Es decir, quieren legalizar lo medicinal en casos muy específicos pero vía creación de marcos legales que beneficien a las corporaciones farmacéuticas transnacionales.

Un tercer cerco que modificó el progresismo inicial en política de drogas es el policial. Todos sabemos que desde hace tiempo tal institución ha sido cuestionada y es cuestionable en sus relaciones con las sustancias sujetas a fiscalización o prohibición.

Los planes de Lenin Moreno, en ese sentido son similares, pues siguen la misma línea del partido político que está en el poder, por lo tanto darían continuidad a los retrocesos que estamos viviendo de forma más fuerte desde finales de 2015.

Ahora Ecuador se encuentra a puertas de una segunda vuelta electoral para presidentes, están a la espera de la elección entre el continuismo del actual partido que ya no se presenta progresista, ratificando la mano dura y la guerra contra las drogas, y la alternativa de la derecha financiera bancaria ultraconservadora, a ninguno de los bandos les satisface la existencia de usuarios o consumidores de sustancias y mucho menos que esos usuarios tengan voz. Solo cave cuestionar a cualquiera de ellos sobre nociones básicas como la protección de derechos, la presunción de inoccencia, el derecho al disfrute del espacio público o la no discriminación.

Gabriel Buitrón A.

Red Lanpud

Desde Quito, Ecuador para El Ciudadano

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