Cuando se habla de drogas hay muchos mitos y los vendedores de miedo argumentan una mayoría moral que tiene el derecho de decidir sobre el uso de sustancias al resto de los ciudadanos. Pero una investigación reciente hecha en Rosario, Argentina, dio cuenta de que la gente de a pie, pese a las décadas de propaganda prohibicionista, piensa con mayor sensatez que los políticos.
Así lo constató, Silvia Inchaurraga, psicóloga de la Universidad Nacional de Rosario y directora del Centro de Estudios en Drogadependencia y Sida de dicho centro de estudios, al realizar un sondeo de opinión dado a conocer recientemente.
Las conclusiones de dicho estudio dan cuenta de que casi la mitad de los rosarinos avala la despenalización de la marihuana. 4 de cada 10 acuerdan con la despenalización de la tenencia de drogas en general, y el número aumenta a 5 de cada 10 si se trata de despenalizar la tenencia de marihuana.
Silvia también ha promovido la creación de REFORMA, Red Latinoamericana para la Reforma de las Políticas de Drogas, y es presidenta de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina ARDA.
¿Qué nos puedes contar de la postura argentina en la reciente reunión sobre drogas en Viena?
– Fue extraño, ya que hasta antes del encuentro estaba la duda si es que la delegación argentina sería encabezada por el ministro de gobierno, Aníbal Fernández o iría José Ramón Granero de la SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de La Drogadicción). Sorprendió que no viajar ninguno de ellos y al final la delegación argentina fuese representada por un funcionario de la cancillería en Viena.
En Argentina algunos jueces han fallado liberando a procesados por porte de marihuana y el gobierno creo una comisión que revisará la actual ley de drogas ¿tal situación llegó a producir una postura disidente a las políticas prohibicionistas de la ONU?
– La revisión de la política legislativa sobre drogas fue anunciada por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández en la Sesión sobre Drogas de las Naciones Unidas de marzo del 2008. esto se posibilitó al crearse un Comité Asesor que revisará la ley 23.737 y tiene su punto clave en el consenso logrado en la Corte Suprema de Justicia para abandonar en el 2009 la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal.
¿Qué rescatas de este nuevo enfoque que recién germina?
– Es un hito que permitirá reducir los daños subjetivos, sociales y sanitarios que acarrea la penalización de la tenencia para consumo en los usuarios de drogas, pero debe ser coherente con una política pública que reivindique al usuario de drogas como ciudadano con derechos.
¿Cuáles son los pilares que debiera tener una nueva política de drogas?
– Debiera instaurar los tres pilares de la prevención, la asistencia y la reducción de daños. O sea, debe ser una política acorde con discursos y prácticas sociales donde el usuario de drogas deje definitivamente de ser percibido y tratado como diferente, como amenaza, como enemigo. Y para esto sería necesario que además de modificarse la ley de drogas en Argentina se modifique radicalmente la SEDRONAR y su política de abstinencia.
También ha habido avances dados por los jueces…
– Sí, aunque recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que entre los tema a tratar en sus fallos se incluiría la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal, paradójicamente la Cámara Nacional de Casación Penal toma doctrina de la Corte para revocar el sobreseimiento a un joven de Comodoro Rivadavia al que se le hallaron 0.9 gramos de marihuana en su domicilio. Esto implica que pese a la jurisprudencia dada por la Corte Suprema, la ley de drogas sigue causando daños a otros usuarios de drogas
¿Qué opinas de la negativa de Antonio M. Costa de aceptar discutir los efectos que ha tenido la política holandesa respecto del cannabis?
– Es una evidencia mas de las dificultades del discurso oficial de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito para reconocer la evidencia científica que cuestiona sus postulados . Sus ‘caballitos de batalla’ se transforman en caballitos de papel frente a la fuerza y contundencia de los datos científicos. ¿Cómo sostener que la prohibición sirve para que no aumente el consumo, si evidencias concluyen que experiencias de comercialización controlada como en los «coffe shops» holandeses no contribuyeron en el aumento de los usuarios de marihuana y haschich? ¿Como discutir que un modelo de respeto e inclusión social de los usuarios de drogas como ciudadanos ha dado mejores resultados que los de sus vecinos, cuando la epidemiología no solo de drogas, sino de VIH- SIDA y Hepatitis lo testimonian holgadamente ?
– Seriamos ingenuos si esto nos sorprendiera. Además ¿qué podemos esperar de una Agencia que mantiene en su nombre asociados estos dos significantes: droga y delito? Una agencia que persiste en trabajar ‘contra La droga’ en vez de ‘a favor de los usuarios’ o ‘a favor de su salud’?
¿Pero estos convenios se justifican en estudios científicos que integran las convenciones anteriores?
– Es conocida la carencia de fundamentos científicos de los Convenciones Internacionales sobre Estupefacientes. Desde sus orígenes, la prohibición ha estado más sujetada a condicionantes morales, religiosos, políticos y económicos que a la observancia de rigurosos estudios científicos que la validen.
¿Qué ha hecho la sociedad civil al respecto?
– Muchas son las voces que vienen denunciando desde hace años que la prohibición entraña de por sí una gravísima violación a los derechos humanos. En esta línea argumental estuvo sustentada mi intervención en representación de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños en oportunidad de la Sesión Especial sobre SIDA de la Asamblea de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York el 25 de junio de 2001, donde sostuve que si coincidimos en que el respeto a los derechos humanos reduce la vulnerabilidad al VIH/SIDA, no podemos desconocer a los usuarios de drogas y cómo el VIH/SIDA los afecta. No podemos desconocer que más del 22 % de la población mundial con VIH/SIDA se inyecta drogas. Ni hasta qué punto las condiciones en que las personas consumen drogas las expone incluso en ocasiones a mayores riesgos y daños que los que pueden causar las drogas. Condiciones de desinformación, pobreza, desigualdad, ilegalidad, encierro, estigmatización y criminalización ayudan a la marginalización de los usuarios de drogas.
¿Qué efectos han dejado las actuales políticas de drogas en el contexto de un neoliberalismo globalizado?
– La Globalización ha hecho que pierdan legitimidad las instituciones que contribuyen a la integración, inserción y socialización de las personas en general, arraigándose las más diversas formas de exclusión y discriminación -especialmente de los más vulnerables- y desdibujándose la ciudadanía. Los excluidos y discriminados son así quienes se vuelven «los diferentes», los desiguales, perdiendo de esta manera derechos a partir de perder el «derecho a la igualdad de derechos» .
– Así en la última década asistimos a una naturalización de las prácticas de segregación social, a la difusión de discursos que legitiman la existencia de «ciudadanos de segunda» y a una mayor visibilidad del deterioro de los lazos sociales y las políticas sociales de integración lo que genera a su vez más exclusión y discriminación.
– La falta de ideales, de proyectos colectivos, de solidaridad tiene como contracara el exceso de prácticas que vulneran derechos e inhabilitan el ejercicio de la plena ciudadanía.
– En este modelo los usuarios de drogas dejan de ser ciudadanos que usan drogas, dependen de ellas o son adictos a las mismas para pasar a convertirse en «drogadictos», «enfermos», «faloperos», «viciosos» y así se encadenan una serie de representaciones sociales que asocian drogadicción con delincuencia, y delincuencia con violencia .
– Es así que para controlar a quienes se drogan y controlar las drogas, el Estado puede involucrarse en la privacidad de las personas que las consumen lo que se logra tanto al castigarlas con pena de prisión como al obligarlas a «rehabilitarse». Para esto también desde lo social se instauran discursos y prácticas que -desde una lógica de buenas intenciones- tratan como «diferentes» a quienes consumen, abusan o dependen de ciertos objetos inanimados llamados drogas. Contra ellos se instaura una inverosímil lógica bélica desde el discurso hegemónico y las instituciones sociales y de salud. «Decile No a la Droga»; «La Droga mata», «La Droga es tu enemigo».
¿Qué puede hacer entonces la sociedad civil al respecto?
– Frente a este escenario es clave el rol de la sociedad civil, en especial de las organizaciones de salud, reducción de daños y derechos humanos que deben contribuir a instalar otro discurso sobre las drogas y los usuarios de drogas. Hay que trabajar con los medios de comunicaciones y la comunidad para modificar representaciones sociales estigmatizantes, romper con la asociación usuario de drogas- delincuente, deshacer el significante «drogadicto» que estigmatiza y discrimina y defender los derechos humanos de los usuarios de drogas en tanto ciudadanos.
¿Y desde el enfoque de reducción del daño?
– Es clave que el abordaje de reducción de daños incluya la reducción de los daños que acarrean las políticas equivocadas y las leyes injustas que contribuyen a crear nuevos problemas sin solucionar ninguno. Para ello, las instituciones científicas y universidades deben colaborar con aportar evidencia que contribuya a desmitificar conceptos como que la despenalización incidiría en el mercado, algo absurdo que evidencia que se sigue confundiendo despenalizar con legalizar, que la droga no es causa ni de la dependencia ni del delito, que la clandestinidad asociada al consumo aumenta los riesgos y los daños.
¿En qué contribuye el sondeo hecho en Rosario divulgado recientemente?
– Fue un dato revelador que casi el 80% de los encuestados coincidiera en que la discriminación es un serio problema para los usuarios de drogas y el 90% acuerda con el slogan de la Campaña que venimos desarrollando que dice «Ni faloperos, ni drogadictos. CIUDADANOS. Campaña para mejorar el acceso de los usuarios de drogas al sistema de salud». Esto es algo contundente para un gobierno, ver que la opinión de su pueblo es favorable a las modificaciones que proponemos. Por otro lado, cuando concluimos que en la diferencia a favor o en contra de la despenalización ha sido clave la variable «confusión entre despenalización y legalización» estamos hablando de que hay miedos y desinformación sobre la cual la sociedad civil y el Estado deberían trabajar.
El Ciudadano
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