Un informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) asegura que las sanciones internacionales impuestas a Venezuela han aumentado la desigualdad y la pobreza entre los ciudadanos, sin lograr su objetivo de acabar con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Indica el documento que varias de estas restricciones financieras, ordenadas principalmente por Estados Unidos, han tenido «efectos negativos en la población en términos de mayor desigualdad y pobreza», por lo cual recomienda derogar estas medidas o evaluar cómo flexibilizarlas, reseñó la agencia EFE.
«Luego de tres años, los resultados son bastante mediocres (…) la crisis ha empeorado y no se ha logrado el cambio político», señala el texto, tras remarcar que las sanciones no iniciaron la recesión económica ni el colapso financiero en el país pero sí han profundizado el deterioro en la calidad de vida de los venezolanos.
La investigación aclara que «no busca disminuir la responsabilidad» del Gobierno, tanto de Maduro como del fallecido Hugo Chávez, «en el origen de la crisis económica» sino demostrar con hechos que estas medidas no están cumpliendo su objetivo de poner fin a lo que consideran una «dictadura» en Venezuela.
Advierte Wola que las sanciones «exacerbaron el autoritarismo» en el país petrolero y «sí están generando repercusiones importantes» en su economía, «trayendo como consecuencia una pérdida importante de bienestar en la población».
A modo de ejemplo, explica el informe, medidas como prohibir que el país intercambie crudo por combustible «no tiene efecto en el flujo de caja» de la estatal petrolera Pdvsa, pero sí en la población venezolana, que ha tenido que sortear las consecuencias de vivir sin gasolina.
Mientras tanto, Maduro ha «cohesionado sus fuerzas» políticas «en una suerte de épica revolucionaria» en contra de las sanciones, toda vez que el Gobierno venezolano asegura haber recibido 300 restricciones financieras solo desde Estados Unidos y estas son, insisten, las causantes de todos los problemas nacionales.
Sancionar el petróleo
La investigación dice que las primeras sanciones financieras al país por parte de Estados Unidos se produjeron en agosto de 2017, cuando Washington prohibió las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y bonos del Gobierno, de Pdvsa, así como los de la deuda pública externa.
En esa ocasión, cuando las sanciones dejaron de ser personales y se volcaron directamente a la nación, también se prohibió el pago de dividendos al Gobierno de Venezuela por parte de empresas venezolanas radicadas en EE UU, como la filial petrolera Citgo.
«A los meses de esas sanciones, Venezuela y Pdvsa incurrieron en impago de sus deudas (…) es irresponsable decir que las sanciones originaron el ‘default’, pero fueron la excusa perfecta para una situación que ya se vislumbraba», dice el informe al recordar que la economía venezolana viene cayendo desde el primer trimestre de 2014.
Sin embargo, prosigue la investigación, las medidas de 2017 no tuvieron impacto en la comercialización (importación y exportación) de petróleo hasta que llegaron las sanciones de 2019, cuando EE.UU. prohíbe a personas naturales o jurídicas realizar cualquier intercambio comercial con Pdvsa o sus filiales.
Entre muchas otras estimaciones, Wola plantea que en los 18 meses previos a las sanciones de 2017 la producción petrolera en el país suramericano ya caía un punto porcentual cada mes, por lo que cree que sin restricciones Pdvsa igual hubiera dejado de percibir 30.949 millones de dólares.
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