Había incomodidad entre los parlamentarios al abrirse la Sesión Especial de Sala N°117, el pasado 11 de diciembre en la Cámara de diputados. Estaba en la tabla la votación de apertura de la Comisión Investigadora del Acuerdo SQM-Codelco y el reajuste de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, sin embargo las presiones desde el Ejecutivo y Codelco para frenar la constitución de la instancia investigadora se tomaron todo el inicio de la sesión.
La Comisión Investigadora fue solicitada por el diputado de la bancada PPD-independientes, Cristián Tapia, el 7 de noviembre pasado, logrando sumar 62 firmas de sus colegas, dando así paso a su votación en salar.
Según se desprende del documento, dicha instancia estará encargada de “recopilar antecedentes relativos a los actos realizados por la minera estatal y por Corfo, respecto del acuerdo de asociación” que permite a SQM seguir operando en el Salar de Atacama. También propone revisar la compra de las pertenencias del proyecto minero Salar Blanco en el Salar de Maricunga a Lithium Power por parte de Codelco en marzo pasado, que significó un desembolso de US$244 millones a la estatal, pese a que en la zona localizada al interior del valle de Paipote, en la Región de Copiapó, no hay instalación industrial alguna.
La apertura de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados que revisará el acuerdo entre Codelco y SQM viene sumarse a los flancos abiertos a la gestión de Máximo Pacheco, presidente del directorio de la cuprífera estatal, quien ha enfocado su gestión en concretar el acuerdo con SQM que renueva la participación de la empresa ligada a la familia Pinochet en la explotación del Salar de Atacama, extendiéndola hasta el año 2060 sin licitación de por medio.
El actual contrato entre Corfo y SQM fue firmado en 2018 y estableció un arriendo para la explotación de las 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030, a cambio de una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias. A partir de esa fecha, SQM está obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento y la infraestructura industrial instalada.
En caso de concretarse, la explotación compartida del salar se haría a través de la Minera Tarar, una filial recientemente creada por Codelco. Es una sociedad en que la cuprífera tendría el 50,01% accionario; en tanto que SQM sería dueña del 49,99% de un total de 100 millones de acciones.
DIPUTADOS DENUNCIAN PRESIONES DE PACHECO
Al momento de abrirse la sesión, en el preámbulo para reportar incidentes, varios diputados se refirieron a las presiones ejercidas desde el entorno de Pacheco, cuando no por él mismo, y el ministerio de Minería para boicotear la constitución de la comisión investigadora.
Quien primero acusó el hecho fue el diputado Tapia, quien reclamó que la presidencia de la Cámara debiera investigar “si hay alguna legalidad en la intervención del ministerio de Minería y de Codelco mandándole mensajes a varios parlamentarios para que bajaran la firma en esta comisión investigadora. Es un hecho súper grave la intervención del Ejecutivo en esta comisión”.
Tras la respuesta de la presidenta de la Cámara, la diputada Karol Cariola, de que van a considerar las observaciones planteadas respecto de comportamiento del Ejecutivo, fue el turno del diputado René Alinco (PPD), quien señaló que “esto no es menor. Aquí hay un intervencionismo directo en un poder autónomo del Estado como lo es el poder legislativo”.
El parlamentario agregó que “lo que se pretendía era que retiremos nuestras firmas para que esta comisión no se constituya. Eso no es menor, no es un detalle minúsculo al pasar. Es de alta gravedad. Llamó a la mesa a exigir que se cumpla la autonomía. Llamó a tomar una decisión de la sala, a hacer un reclamo directo al presidente”.
Luego se sumó el reclamo del diputado Carlos Bianchi (independiente), quien llamó a que “si la mesa llega a conocer hechos irregulares, que incluso pueden ser ilícitos y está demostrado que en reciente días que altos ejecutivos de estas instituciones han hecho un verdadero lobby para que los parlamentarios que hemos suscrito esta comisión investigadora”.
Acabó su intervención diciendo que es necesario “dar cuenta de hechos ilícitos en Tribunales y Contraloría como corresponde”.
La diputada Cariola se comprometió nuevamente a dar cuenta de la observación al Ejecutivo en las instancias que corresponda, dando paso a la última intervención, hecha por el diputado Johannes Kayser (PR), quien recordó que siempre la cámara tiene las facultades para emprender una acusación constitucional, para luego agregar que estaría encantado de acompañar a colegas del gobierno.
El comentario del parlamentario republicano da cuenta de que en la extrema derecha están conscientes de la contradicción que resulta para muchos parlamentarios oficialistas entregar el Salar de Atacama por otros treinta años a SQM. Esto también explica su apoyo a la comisión investigadora que pone en tela de juicio los negocios de la familia Pinochet. La derecha en pleno y los parlamentarios del Partido de la Gente también se sumaron a la iniciativa.
La votación final de 72 diputados a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra fue lapidaria para el Ejecutivo.
En la oportunidad, a diferencia de la defensa que hacían del acuerdo los parlamentarios oficialistas, fundamentalmente durante las sesiones en la Comisión de Minería, los diputados comunistas y frenteamplistas aprobaron la conformación de la Comisión Investigadora.
Al momento de producirse la votación, la diputada Yovana Ahumada comentó con El Ciudadano que “aún mientras estábamos reuniendo las 62 firmas requeridas, nos enteramos durante la sesión de la mañana que tanto el Ejecutivo como el mismo Pacheco hacían gestiones para bajar las firmas y la comisión”.
Tal como observó El Ciudadano al momento de la votación, el giro de los parlamentarios oficialistas fue un duro golpe al gobierno y la posibilidad de que se investiguen las presiones ejercidas por el gobierno coloca en serios aprietos tanto a las autoridades del ministerio de Minería como a Pacheco, abren un nuevo flanco a su gestión al frente de la cuprífera estatal.
El acuerdo también enfrenta una investigación en curso por la posible fractura del núcleo del acuífero atacameño, provocado por la sobre-explotación de la cuenca; y otra pesquisa de la Fiscalía Nacional Económica solicitada por gremios de agricultores para clarificar los precios del potasio, uno de los principales rubros de venta de SQM. Otro flanco abierto es con las comunidades indígenas locales. La ampliación de las cuotas de extracción de litio tiene en contra las comunidades lickanantay, que alegan no haber sido incorporadas en las negociaciones de algo que compromete seriamente su territorio.
EL COSTO DE NEGOCIAR CON SQM
Para varios críticos del acuerdo SQM-Codelco el problema capital es mantener en el negocio a una empresa que se ha detectado busca mecanismos de evasión de impuestos, práctica detectada en 2013 por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), quienes dieron cuenta de una subdeclaración de $2.600 millones en impuestos.
Este año también la Corte de Apelaciones de Santiago falló en su contra obligándola a pagar una deuda con el tesoro público correspondiente al Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) de los años tributarios 2017 y 2018, que SQM se hna negado a pagar. La deuda asciende a US $ 1.100 millones.
SQM también ha hecho trampas en el arriendo de las pertenencias mineras a Corfo e inscripción de de derechos de agua. En 2014, una revisión del ente estatal dio cuenta de que SQM había determinado mal las rentas de arrendamiento, dejando de pagar a Corfo 8.9 millones de dólares entre los años 2009 y 2014.
El Ciudadano
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