Piden cambio de Fiscal en causa sobre compra de empresa fantasma de litio por Codelco

En una minuta hecha por el Fiscal a cargo del caso, Jaime Retamal, se sostuvo que sería una “perdida de tiempo” para las policías que investigaran el caso. El séptimo juzgado de garantía de Santiago le ordenó al Ministerio Público reabrir la causa.

El querellante Julián Alcayaga solicitó al fiscal nacional del Ministerio Publico, Ángel Valencia, que saque del caso al fiscal Jaime Retamal Herrera y designe a un fiscal regional para hacerse cargo de la investigación derivada de la compra por parte de Codelco de la empresa australiana Lithium Power International Limited («LPI») por la suma de 236 millones de dólares, que corresponde a más del doble del valor en que se transaban sus acciones en bolsa al momento de la adquisición.

Las sospechas sobre la existencia de graves actos de corrupción con ocasión de esta operación surgieron después que el presidente el directorio de Codelco, Máximo Pacheco Matte, asistiera a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados a explicar la compra, señalado que la principal razón que se consideró para adquirir el 100% de la empresa australiana fue su propiedad sobre el denominado “Proyecto Blanco” para explotar litio en el Salar de Maricunga, ubicado en la Región de Atacama. 

Sin embargo, en esa misma sesión, Pacheco Matte reconoció que las pertenencias mineras de propiedad de LPI no dan derecho a explotar litio desde el Salar de Maricunga y que esa empresa no cuenta con ningún activo físico destinado para la explotación de litio. Además agregó que el permiso ambiental del “Proyecto Blanco” se encuentra con varios recursos pendientes ante la justicia los cuales pueden terminar con su anulación, y que en todo caso Codelco no lo va a utilizar en ningún caso ese permiso ambiental, ya que para desarrollar su proyecto de litio en el Salar de Maricunga la empresa estatal va a ingresar un Estudio de Impacto Ambiental completamente nuevo.

En la presentación donde se pide el cambio de fiscal, el querellante menciona una serie de conductas protagonizadas por el fiscal Jaime Retamal Herrera las cuales darían cuenta que estuvo abiertamente reacio a investigar el caso desde el primer momento. Esto, a pesar que el séptimo tribunal de garantía de Santiago acogió a trámite la querella por fraude al fisco presentada en este caso, después de haber analizado si correspondía darle curso, remitiendo finalmente los antecedentes a la fiscalía para que investigara.

El querellante señala en la presentación que pide sacar al fiscal Retamal del caso, que frente a la petición de diligencias concretas que incluían el despachar una orden de investigar a la Policía de Investigaciones, oficiar al Tribunal Ambiental para que remita los antecedentes de los recursos presentados en contra del Proyecto Blanco, y pedir copia de las declaraciones de Pacheco Matte ante la Cámara de Diputados, el persecutor solo acogió pedirle a Codelco que explicara porque efectuó la compra de LPI y los antecedentes de esa adquisición, rechazando todas las demás diligencias.

Además se destaca a que una vez recibidos los antecedentes de Codelco, el fiscal Retamal Herrera procedió a ordenar el cierre de la investigación y pidió que no se perseverara con la indagatoria, sin que previamente se interrogara a algún testigo, se despachara orden de investigar a las policías, y ni se revisara de laguna forma la integridad y veracidad de la información entregada por la empresa estatal. Incluso en la audiencia que fue citada para revisar la decisión del fiscal Herrera, el abogado Mauricio Daza Carrasco, que patrocina la querella, señaló que la conducta del fiscal Retamal en este caso vulnera los propios estándares mínimos fijados por el Ministerio Público para casos de corrupción, no siendo lógico que una causa por fraude al fisco que involucra un monto de 236 millones de dólares, se cierre la investigación con solo con haber recibido una explicación no verificada de la misma entidad a la que debía investigar.

En ese misma audiencia, el Ministerio Público reconoció que ni siquiera se había despachado una orden de investigar a la PDI o Carabineros en esta causa, lo que según sostuvo el abogado Daza, constituye una diligencia estándar y habitual incluso en delitos de mucho menor gravedad, tales como hurtos o robos. En una minuta redactada por el Fiscal Retamal y que fue leída en la audiencia, se sostuvo que se negó la petición hecha por el querellante para que la PDI investigara los antecedentes del caso, ya que con esta diligencia se haría “perder el valioso tiempo de las policías”.

Frente al nuevo escenario que se produce a partir de la orden de reapertura del caso dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para que la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones realice una indagatoria real y efectiva del caso, el querellante señala la necesidad de designar un nuevo fiscal a cargo de la investigación, en atención a la gravedad de los hechos investigados, la posición de poder y redes de las personas que aparecen involucradas, además de considerar la manifiesta falta de decisión y compromiso del fiscal Jaime Retamal Herrera para indagar de forma efectiva los hechos de la querella.

Si bien no existe un plazo determinado para que el Fiscal Nacional responda esta solicitud, se espera que exista un pronunciamiento en las próximas semanas, considerando que el plazo de reapertura ordenado por la justicia es de 180 días, el cual sigue transcurriendo.

El Ciudadano