“Transición energética con trampa”: Estrategia del litio pone en riesgo salares y comunidades

Desde el Gobierno han destacado que la Estrategia Nacional del Litio (ENL), presentada en abril de 2023, busca abordar el urgente desafío del cambio climático y la transición energética que representa para Chile una oportunidad estratégica para generar un alto impacto en el desarrollo económico y social futuro.

De acuerdo con La Moneda el impulso a la industria de este mineral debe darse bajo un desarrollo armónico, sostenible y con garantías de soberanía.

Sin embargo, organizaciones, analistas y expertos en la materia han alertado que bajo el argumento de aumentar el rol del Estado en la explotación del litio, se ha dado luz verde a un proceso que arrastra vulneraciones a los derechos sociales y de la naturaleza, ya que acelera e incrementa la extracción en ecosistemas del norte del país y mantiene a disposición del mercado global los bienes comunes naturales de nuestro país.

“Transición energética con trampa”

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) es una de estas organizaciones que se ha dado a la tarea de monitorear el proceso de implementación de la ENL.

Durante un año, llevaron a cabo decenas de solicitudes de información por ley de transparencia y dieron seguimiento a las publicaciones oficiales del Gobierno y de las empresas relacionadas con la estrategia, Además estudiaron documentación académica respecto a la situación de la explotación del litio y efectuaron entrevistas e intercambios con comunidades y organizaciones que han sostenido una lucha en defensa de los humedales altoandinos.

Con los datos recabados durante este proceso fue procesada presentaron en un informe que pretende entregar una mirada crítica a la implementación de la Estrategia Nacional del Litio.

El documento titulado: «Salares en riesgo. La tramposa estrategia nacional del litio», advierte que esta política puede provocar graves impactos socioambientales, especialmente en los salares del norte de Chile.

Entre los hallazgos de la investigación figura el hecho de que el Estado busca reactivar proyectos paralizados y expandir la frontera extractiva del litio, por lo que puede decirse que no existe una línea base ambiental para los salares, lo que pone en riesgo el equilibrio hídrico de ecosistemas únicos con flora, fauna y culturas milenarias dependientes de ellos.

Críticas a la continuidad del modelo extractivista

Desde OLCA hicieron un balance desde el lanzamiento de la ENL en 2023 y señalaron que aunque se esperaba que un «gobierno proclamado como progresista que ha enarbolado las banderas socioambientales –y se ha autoproclamado como ecologista– impulsaría una estrategia que permitiera avanzar hacia una real transición energética, que no definiera a los salares como zonas de sacrificio y que no considerara la transición “verde” como una transición exclusiva de los países del Norte Global, la realidad es otra.

«Hay que decir que no existe ningún compromiso gubernamental para abandonar los combustibles fósiles: ya se trate de alianzas público-privadas, de la creación de una red de salares protegidos
o del establecimiento de procesos de diálogo, todas las prometedoras iniciativas de la ENL demuestran que los criterios mineros y financieros del sector privado priman, y seguirán primando, sobre
los criterios medioambientales y sociales», criticaron.

Indicaron que este lamentable escenario se presenta a pesar que los proyectos mineros en los salares
andinos ya han causado daños irreparables, y de que existe un largo historial de denuncias y condenas judiciales por daños a acuíferos y ecosistemas en el Salar de Atacama, el Salar de Maricunga, el
Salar de Surire, entre otros.

Con los datos recabados en los últimos meses, el informe ofrece un diagnóstico que enciende las alertas, al acusar que la prioridad del gobierno como parte de la ELN ha sido negociar con las empresas privadas, «tanto las que actualmente operan en los salares (SQM, Eramet)», como las que están en proceso de hacerlo», recordando que más de 50 empresas privadas respondieron a la manifestación de interés lanzada por La Moneda.

Por el contrario, el desarrollo de la muy publicitada Empresa Nacional del Litio –cuya promesa
en el programa de gobierno era la única que consideraba íntegramente al litio– estaría «aún lejos de ver
la luz».

«Hay una evolución a dos velocidades por parte del Gobierno, que prioriza las negociaciones y a la explotación, frente a la consulta, la transparencia y la protección», afirmaron de forma tajante desde OLCA.

También plantearon que con su alianza con el sector privado para el desarrollo del denominado «oro blanco», el Estado en realidad solo está otorgando más concesiones y cuotas de extracción, mientras que «la idea de una Empresa Nacional del Litio fuerte se desvanece poco a poco».

De esta manera, todas las prerrogativas quedarían en manos de Codelco y Enami, «dos empresas públicas depredadoras que en realidad están lejos de estar subordinadas al Estado o de mostrar un comportamiento distinto al que tiene cualquier empresa transnacional y privada».

Desde el Observatorio también critican al Gobierno por transformar la aspiración de una red de salares protegidos en una «operación de comunicación estratégica para viabilizar la extracción», lo que a juicio de la agrupación evidenciaría una profunda desconexión institucional con la realidad territorial, expresando «un ninguneo irresponsable y criminal ante la vulnerabilidad país al cambio climático».

Según los integrante de OLCA, Antes de crear la red, desde La Moneda ya tenía conocimiento acerca de cuáles salares eran estratégicos para la extracción de litio, por lo que su objetivo «era entregar estos salares ¨estratégicos¨ a las manos del mercado».

«Al pretender proteger el 30% de los salares de Chile, el gobierno en realidad está abriendo el
70% de ellos a la explotación en una lógica abiertamente sacrificial, basada en criterios no científicos
que priorizan los intereses financieros y mineros por sobre la preservación del medio ambiente y los
territorios de las comunidades locales», denunciaron.

Fachada verde para impulsar la transición energética a costa del agua y la vida

En su informe el Observatorio también lanza críticas sobre que bajo la fachada verde se impulse una la transición energética a costa del agua y la vida.

«La Estrategia Nacional del Litio dice promover caminos de explotación sostenibles. Sin embargo,
estos caminos no están probados, de modo tal que los discursos verdes, nos condenan en la práctica a
ser el escenario perfecto para experimentar en terreno y a escala industrial, los pilotos de laboratorio», advierte el documento.

Desde OLCA plantean que la administración del presidente Gabriel Boric justifica el aumento de las extracciones y la prospección de nuevos salares utilizando una nueva tecnología denominada extracción directa de litio (EDL), la cual describen como una «falsa solución», ya que consiste en extraer el mineral directamente de la salmuera, sin tener que esperar meses a que esta se evapore y una vez agotada la salmuera, se reinyecta al salar.

Advierten que esta técnica nunca ha sido probada a escala industrial y que con una reinyección de salmuera residual se corre el riesgo de tener un gran impacto en la red hídrica del salar y en su fauna y flora endémica, cuyo consumo de agua dulce es de dos a cinco veces superior al de la técnica de evaporación.

«En el papel, esto resolvería, tanto el problema de la pérdida de agua (ya que la EDL afirma poder reinyectar el 100% de la salmuera utilizada) como la falta de productividad, puesto que este proceso es mucho más rápido que la extracción por evaporación, y debería producir más litio en menos tiempo.
Ante una tecnología tan prometedora, tanto el Gobierno como las empresas mineras abogan por
esta nueva técnica de extracción en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Pero, en realidad,
nadie está hoy en condiciones de afirmar que la EDL será más limpia y eficaz que la extracción por
evaporación, esto por la sencilla razón de que nunca se ha probado», señala el informe.

Falso proceso de diálogo y consulta

Otro punto importante dentro de las revelaciones de la investigación es la falta de la aplicación de procesos de consulta a las comunidades.

Desde OLCA señan que aunque con la ENL se prometió un profundo proceso de diálogo desde el
cual emanarían propuestas y balances que serían incorporados. Sin embargo, «además de los limitados
espacios de participación, ha primado la hoja de ruta y agenda del Gobierno conjugada con los intereses de las empresas nacionales y transnacionales, dejando al margen el rol vinculante de las miradas
y saberes de las organizaciones y comunidades locales».

«Ya sea en el Salar de Atacama (Codelco, SQM y Albermale), el Salar de Pedernales (Codelco), el Salar de Maricunga (Codelco y Simco SpA), los 5 salares altoandinos (Enami y Eramet) o la Cuenca de Francisco y la Laguna Ver de (CleanTech Lithium), todos los proyectos de extracción de litio tienen algo en común: el de no ser consultados, no entregar información de calidad para tomar buenas decisiones, y ser catastróficos para el medio ambiente y las comunidades locales», señalan.

Los integrantes del Observatorio van más allá y acusan al Ejecutivo de escudarse en e el pretexto de consultar a las comunidades indígenas, organizar un «falso proceso de diálogo que está lejos de proporcionar a la ENL la legitimidad que tanto necesita».

«Aunque el Gobierno dice estar abierto a una nueva gobernanza de los salares, en realidad no es así,
y cada día son menos las decisiones estratégicas sobre las que se podría consultar a las comunidades», afirman.

Sobre estos serios problemas de participación, el informe incluye el testimonio de Leyla Noriega, periodista y secretaria general de la comunidad indígena Belén, comuna de Putre, Región Arica y Parinacota.

“Me inscribí por Internet como miembro de la comunidad Belén, luego recibí una invitación para una reunión en Arica, pero no nos dijeron dónde. Nos enteramos el mismo día, aunque son varias horas de viaje hasta Arica. La fecha también significaba que no había mucha gente: era por la mañana, a mitad de semana. En total, éramos unos veinte nativos”, relató.

Asimismo, hizo mención al lugar escogido para los encuentros, localizados en las ciudades y lejos de los territorios de las comunidades.

“Convocarnos a Arica era una exclusión, y muchos no pudimos venir. Si realmente les importaba nuestra opinión, podrían haber hecho el esfuerzo de venir a vernos a terreno”, cuestionó.

Noriega también criticó el hecho de que muy pocas personas conocían la existencia de estos procesos de
diálogo.

“Normalmente, cuando se hace una consulta indígena, la oficina de asuntos indígenas del municipio te da una lista de las organizaciones indígenas y te pones en contacto con ellas. Pero aquí, me enteré de estos diálogos porque una amiga me envió un mensaje de texto. No había nada en la prensa ni en la radio. Es más, las personas que asistieron a la reunión también dijeron que nadie lo sabía”, explicó.

Dentro de este escenario de ausencia de información previa y escasa promoción de una verdadera participación de organizaciones y comunidades locales, la investigación también contó con el testimonio de Mauricio Lorca, poblador de la Región de Atacama, quien explicó que “salvo por los collas [el pueblo
originario] que se demostraron bien informados y críticos con la expansión de la minería del litio en
Maricunga, más de un grupo mostró dificultades para entender y desarrollar el tema del que debía
encargarse (…). Las autoridades se vieron especialmente distantes. Si asisten, ¿por qué no participan
efectivamente del “diálogo” y comparten su mirada sobre la minería del litio?”, cuestionó.

El informe también hace referencia a la decisión del Ministerio de Minería de contratar a una consultora para que le prestara apoyo en el proceso de diálogo por la suma de $495 millones «un precio desproporcionado a la luz de los testimonios de los participantes que de denunciaron una reunión mal preparada»

“No sabía que le había costado tanto al Estado. Nos ofrecieron un libro, un bolígrafo, un café y un sándwich. Eso fue todo lo que nos dieron. Pero sigo sin entender por qué insistieron en celebrar todas las reuniones en un hotel de lujo. Si tenían tanto dinero para gastar ¿Por qué no vinieron a vernos sobre el terreno?”, cuestionó Leyla Noriega.

De forma paralela a este cuestionado proceso de diálogos con las comunidades, SQM y Codelco iniciaron negociaciones que tuvieron como fruto el posterior acuerdo entre ambas empresas para potenciar y extender la explotación de litio en el Salar de Atacama, pero que también implicó la transferencia de propiedad de SQM a Codelco sobre el Salar de Maricunga. Un proceso que se dio a espaldas de las comunidades locales.

Al respecto, el informe citó a Carlos Pizarro, operador turístico de la Región de Atacama, quien planteó que esta situación generó dudas legítimas.

“¿Para qué perder tiempo y dinero organizando una consulta pública, si al final siguen haciendo lo
que les da la gana?”, criticó.

La concusión del informe «Salares en riesgo. La tramposa estrategia nacional del litio«es tajante. Desde OLCA plantean que ante este crítico escenario, en el que se «entrega los salares a disposición de la explotación, en pos de la transición energética del Norte Global», es de vital importancia ponerle fin a «la opacidad que arrastra la Estrategia Nacional del Litio, dando prioridad a la preservación y conocimiento sobre estos frágiles ecosistemas y no profundizar el modelo de injusticia medioambiental que nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo actualmente».

Imagen destacada: Salar de Llamara, foto de Cristina Dorador (Ladera Sur).

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