Cómo Libertad y Desarrollo colonizó la política minera del gobierno

A fines de febrero se dio a conocer que, tras una década de secretas negociaciones, Codelco y Anglo American unirán sus faenas de Andina y Los Bronces a través de un Memorándum de Entendimiento (MOU) negociado entre la cuprífera estatal y la empresa anglo-sudafricana, que terminaría por concordar un Plan Minero Conjunto para la explotación integrada de ambos yacimientos entre los años 2030 y 2051. La fórmula desplegada por Pacheco ha sido similar al acuerdo con SQM para mantenerla operando en el salar de Atacama a SQM.

Luego del anuncio, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, se paseó por los medios de comunicación, con su correspondiente entrevista dominical en El Mercurio, para decirnos que la ‘complementariedad público-privada’ será la política oficial en minería en lo que queda de gobierno.

Los Bronces no tiene mineral en el rajo y construir una mina subterránea desborda el presupuesto de Anglo American, ya que además de tener serios problemas de agua para sus faenas, no cuenta con Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados. Además, la estatal tiene reservas de 36,8 millones de toneladas de cobre; en cambio, Los Bronces apenas sólo 12,7 millones de toneladas. Los yacimientos de Codelco también tienen mejor ley del rojo mineral, en tanto que los de Anglo American son más ricos en pirita. Se le entrega así ricos yacimientos a la empresa anglo-sudafricana, siendo el MOU una forma de privatización encubierta bajo el eufemismo de asociación público-privada.

Dicha noción ha sido el eslogan usado por Pacheco y las autoridades de gobierno para promover sus políticas en minería. A pocas horas de conocerse el acuerdo, a través de un video difundido por las redes de Codelco, Pacheco, dijo: “este plan representa un modelo de colaboración público-privada inédito en el mundo”.

Como si fuera un coro, la colaboración público-privada devino en el encuadramiento oficial de las autoridades de gobierno en sus redes sociales. @GobiernodeChile posteó en X “Gracias a la colaboración público-privada, se desarrollará el distrito minero Andina – Los Bronces, que permitirá entregar al fisco US$3.750 millones, para beneficiar a todo el país. Chile avanza hacia un desarrollo sustentable que pone en el centro el bienestar de su gente”.

En tanto, el portal oficial de gobierno titulaba: “Histórico acuerdo de Codelco crea la cuarta operación minera de cobre más importante del mundo”.

La ministra Aurora William también salió al baile para decir que se trata de “un Memorándum de Entendimiento muy importante para la minería chilena y en particular para nuestro Gobierno”. Luego dijo querer destacar “algunos elementos que son relevantes de colocar siempre sobre la mesa».

¿Adivinen qué elementos eran?

La colaboración público-privada.

Aurora William destacó con énfasis en “en primer lugar, esta es una colaboración público-privada. Este es un trabajo que, durante años, han realizado estos dos proyectos, estos dos yacimientos, que además tienen una característica muy particular: la de ser contiguos. Por lo tanto, para mantener adecuadamente la operación, siempre había algún grado de colaboración».

También metió la cuchara el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien en un posteo difundido por las redes gubernamentales dijo que «lo primero que quiero hacer en esta oportunidad es celebrar el acuerdo entre Codelco y Anglo American para la explotación coordinada del Distrito minero Andina – Los Bronces».

Luego, obviamente la repetida frase: «este es un caso de una colaboración público-privada para desarrollar un distrito minero en el cual hay dos compañías, una pública y una privada, que actúan una al lado de la otra y que durante más de 10 años han buscado generar un acuerdo de estas características».

La frase es transversal y da cuenta de la concordancia en las políticas mineras del Ejecutivo con las transnacionales. Con el eslogan también concordó el presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Patricio Hidalgo, quien destacó que se trata de “una alianza público-privada de esta envergadura, en este commodity, en Chile no se había visto. Lo vemos con mucho orgullo, ya que demuestra nuestro propósito de re imaginar la minería, que es un sello de Anglo American. Tenemos acuerdos en otras jurisdicciones y también tenemos acuerdos público-privados en Botswana y obviamente en Sudáfrica, donde están nuestras raíces como compañía”.

Las pérdidas para Codelco que ha dejado la complementariedad público-privada

Anglo American es una multinacional de capitales anglo-sudafricanos con sede en Londres, dedicada a la explotación de minerales como el hierro, cobre y diamantes, entre varios otros. Sus tres principales inversores son la sudafricana Public Investment Corporation (SOC), y las inglesas BlackRock Investment Management y Capital International. En Chile, además de Los Bronces, explotan las minas de El Soldado y Collahuasi.

La complementariedad público-privada es así el nuevo concepto que reúne al empresariado minero con la coalición gobernante.

Las pérdidas para el patrimonio nacional de concretarse el acuerdo entre Codelco y SQM

DE LA FÁBRICA DE IDEAS DE LIBERTAD Y DESARROLLO

“El concepto de la complementariedad público-privada o la colaboración público-privada (CPP), puesto de moda en el relato del actual gobierno de Gabriel Boric, se enmarca en la idea de una economía mixta, donde el Estado y el sector privado colaboran para alcanzar objetivos económicos y sociales. Esta idea tiene sus bases en teorías económicas del siglo XX, como las propuestas por John Maynard Keynes, quien abogaba por la intervención estatal para regular y complementar la actividad privada”- comenta José Manuel Flores, del Centro de Estudios de Investigación Aplicada para la Gestión de las Riquezas Naturales (CEIA-GRN) del Departamento de Tecnologías Industriales (DTI- FACTEC) de la Universidad de Santiago.

Flores agrega que “en las últimas décadas, la colaboración público-privada se ha popularizado como un modelo para financiar y gestionar proyectos de infraestructura, servicios públicos y desarrollo económico. Este enfoque busca combinar la eficiencia y la innovación del sector privado con el interés público y la regulación estatal”. Según comenta “el modelo de ‘complementariedad público-privada’, tiene sus raíces en las políticas neoliberales implementadas durante la dictadura de Augusto Pinochet y profundizadas en los gobiernos de la Concertación en los años 90. Durante este período, se privatizaron a vil precio empresas estatales y se promovió la participación del sector privado en áreas estratégicas como la minería, la pesca, la forestales, el agua y la energía, con las nefastas consecuencias prácticas que todos conocen”.

Una tarea clave en este proceso de colonización de las políticas públicas corrió por cuenta de Libertad y Desarrollo (LyD), institución que tuvo un rol destacado en articular y echar a correr en la opinión pública chilena la noción de asociación público-privada como política fundamental de las empresas públicas.

LyD fue fundado a comienzos de la década de 1990 por los ex ministros de Pinochet, Carlos Cáceres y Hernán Büchi, quienes lo idearon como un centro de pensamiento concentrado en defender y proyectar la obra de la dictadura. En un documento de promoción de su quehacer titulado ‘Instituto Libertad y Desarrollo 1991-1992’, definió su Programa Económico orientado “fundamentalmente a crear conciencia sobre las ventajas sociales y los requisitos políticos del asentamiento de una economía de mercado. Ella se postula como la única vía realista hacia el desarrollo y la justicia social”.

La economía de mercado es el eufemismo para llamar a las políticas neoliberales.

En minería, si bien un sector nacionalista del Ejército consiguió mantener a Codelco en manos del Estado, a fines de la década de 1970, la dictadura de Pinochet comenzó reformas en la legislación minera que iniciaron el traspaso de yacimientos de propiedad fiscal a conglomerados extranjeros para su explotación. De esta forma, la vorágine privatizadora de las empresas públicas profundizada justamente con Büchi como ministro de Hacienda a partir de 1984, no alcanzó a afectar a Codelco.

Ya en el primer año de los gobiernos concertacionistas, LyD consideró como una política el desmembramiento de Codelco. En el mismo documento citado detallaron que durante los años 1991 y 1992 entre las temáticas abordadas en su asesoría a parlamentarios de derecha en el Congreso, abogaron por una nueva ley para Codelco, orientada hacia su privatización.

Dos años después, en la revista institucional de LyD (Año 3, Nº 35. Agosto 1994), publicaron un artículo titulado ‘El costo de no privatizar Codelco’, en el que a partir de las pérdidas reportadas en las operaciones a futuro se argumentó que “el problema de fondo de Codelco no es otra cosa que su propiedad estatal”.

La campaña ha sido larga y sistemática, saliendo a relucir el tema de Codelco en varios aniversarios institucionales. Casi una década y media después, en 2008, celebrando los 18 años del centro de pensamiento, el presidente de LyD, Carlos Cáceres, destacó que sus objetivos seguían siendo la privatización de Codelco y ENAP. “No me cabe la menor duda que deberían estar bajo la esfera de la administración privada”, sostuvo a la revista institucional (Nº 186, junio 2008).

Cuando celebraron los 25 años, en diciembre de 2015, Cristián Larroulet, director ejecutivo de LyD entre los años 1990 y 2000, dijo que entre las cinco grandes batallas del think tank, estaban ampliar la política de concesiones y la reducción del Estado.

Larroulet fue uno de los pioneros en instalar la noción de alianzas público-privadas, “como las existe en salud, educación, seguridad social, vivienda y otros sectores claves”, según las defendió. Dentro del plan de ‘Descentralización y Modernización del Estado’, que es el eufemismo para su reducción, estaba Codelco, empresa para la cual se valoró la reforma en su gobierno corporativo y se apuntó a profundizar la ‘complementariedad’ con privados, que es la cobertura para no decir a secas su privatización (Nº 268, diciembre 2015).

La Ley de Gobierno Corporativo de Codelco (Ley N° 20.392) fue negociada entre la derecha y la ex-Concertación, siendo promulgada durante el gobierno de Michelle Bachelet, en 2009. El cuerpo legal modificó el Estatuto Orgánico de Codelco, estableciendo un directorio según el modelo de las sociedades anónimas y que excluyó a las anteriores autoridades políticas y representantes de las fuerzas armadas. Se instaló así un modelo de gestión empresarial, en el que acceden al directorio ejecutivos que han hecho carrera en mineras privadas o como asesores de transnacionales.

Apenas dos años después de que se conformara el gobierno corporativo de la cuprífera estatal según ese modelo (2010), Codelco inició un ciclo de pérdidas a partir de endeudamiento y aventuras en proyectos de dudosa rentabilidad, que se alarga en los últimos 15 años. En 2023, bajo la gestión de Pacheco, se registraron pérdidas por US $ 591,2 millones.

CÓMO LYD COLONIZÓ LA NARRATIVA DEL ACTUAL GOBIERNO

Los defensores del modelo de complementariedad público-privada al interior de la actual coalición gubernamental mantuvieron un bajo perfil durante la campaña, aunque de igual forma lograron instar dicha noción en el programa de gobierno. Un actor clave fue Willy Kracht, quien se sumó a última hora al comando del presidente Gabriel Boric.

Proveniente del Partido Socialista (PS), Kracht se cambió al Frente Amplio a fines de 2019, presentándose como ‘experto’ en minería, luciendo sus pergaminos como docente de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile. Con el apoyo del actual ministro de Economía, Nicolás Grau, fue metiéndose más en la confección del programa de gobierno aprovechando la sobrevaloración dada en el círculo del presidente a quienes se presentan como ‘expertos’, convirtiéndose a los pocos meses en el encargado del tema minero de la candidatura de Boric.

Sin embargo, Kracht también es el eslabón que opera entre el mundo académico y los intereses corporativos, lo que da cuenta su rol en el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), integrando en junio de 2019 su directorio. Cesco fue creado en 1984 y con la llegada de la post-dictadura se transformó en el espacio de encuentro entre la academia y la gran minería privada, abocándose a la organización de encuentros y seminarios, como Cesco Week Santiago, realizado desde 2012, y el Asia Copper Week, celebrado en Shanghai, los que son auspiciados por mineras como Anglo American, Minera Collahuasi y SQM.

La ausencia de una discusión de fondo sobre cuáles serían las políticas mineras de la actual coalición de gobierno permitieron que Kracht y sus asesores rápidamente tomaran el control de las definiciones del sector. En el programa de gobierno lograron meter que “todas las políticas propuestas se despliegan en colaboración con el sector privado, pero contemplan un rol estratégico del Estado”.

En campaña, a medida que evitaban hablar de la nacionalización de la minería, Kracht se afanó en dar certezas al mundo privado de que con Boric no se cambiarían las reglas del juego. En una carta a El Mercurio, publicada diez días antes de la segunda vuelta presidencial, Kracht aclaró que “nuestra propuesta busca capturar parte de la renta de manera eficiente, sin poner en riesgo el desarrollo minero. (…) En nuestra visión, la minería -con sus componentes público y privado- es clave en el desarrollo económico del país”.

La puerta quedó abierta una vez ganada la elección, colocándose los defensores de la ‘complementariedad’ en puestos claves del ministerio de Minería. Kracht asumió como flamante subsecretario.

Desde dicho cargo, Kracht se afanó primero en desmantelar el proyecto de remodelación de la Fundición Paipote en Copiapó, pergeñando un supuesto estudio que calculó que en 25 años no se recuperaba la inversión. Cualquier proyección que calcule el retorno que demora la inversión en una fundición o refinería, requiere como mínimo 40 años. Además, en el primer año de gobierno se cerró la refinería de Ventanas y, posteriormente, la Fundición Paipote de Enami, consolidando la tendencia de desindustrializar la minería.

Los partidarios de la ‘complementariedad’ también se metieron en la redacción de la Estrategia Nacional del Litio (ENL), presentada en 2023 por el gobierno de Gabriel Boric, en la que se explicitó que “la colaboración público-privada es la forma de aprovechar esta oportunidad histórica. En concreto, el Estado pondrá visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo productivo, desde la exploración hasta la agregación de valor, además de regulaciones claras para asegurar la sostenibilidad y la reinversión en el desarrollo del país. Por su parte, los privados podrán aportar su conocimiento y experiencia en la industria, capital, innovación tecnológica y redes en el mercado”.

El rol otorgado a los privados en la ENL fue definido en el punto d del documento, que si bien se dedica a definir la “participación del país en las rentas del litio” (ojo que dice país y no Estado ¿?), lo hace colocando al Fisco en un rol de maximizador de las rentas y como promotor de un mejor aprovechamiento fiscal. Es decir, omitieron el avance del patrimonio público como actor propietario de los recursos. Luego, plantearon que para impulsar el crecimiento de la industria del litio apuestan por “un nuevo modelo de asociación público-privada”.

“Un objetivo ineludible es maximizar las rentas del Estado de forma sostenible y lograr el mejor aprovechamiento fiscal posible del elevado ciclo actual del precio del litio. Impulsar el crecimiento de esta industria e implementar un nuevo modelo de asociación público-privada permitirá incrementar los recursos fiscales y, con ello, financiar inversiones sociales, tecnológicas y productivas, resguardando a su vez los equilibrios macroeconómicos”, reza el párrafo.

Pese a no participar en su creación, la huella de LyD es ineludible en la redacción del documento.

La ‘Asociación Público-Privada’ fue confirmada nuevamente en las Definiciones Estratégicas de la ENL. Si bien, se plantea en el punto a el “involucramiento del Estado en todo el ciclo industrial”, en el punto c se establece una perentoria “asociación público-privada”, lo que se expresará en la concesión de contratos especiales de operación de litio (CEOL) a empresas extranjeras.

Dicha política también se expresa en el acuerdo que Pacheco promovió para mantener en la explotación del salar de Atacama a SQM hasta el año 2060. La propuesta es un salvavidas para la empresa de los descendientes del dictador Pinochet, cuyo contrato de explotación del acuífero con Corfo vence en 2030, fecha en que debe entregar las pertenencias mineras y la industria instalada al patrimonio público.

Por qué la integración de Andina y Los Bronces favorece más a Anglo American que a Codelco

El MOU entre Codelco y Anglo American sería inconstitucional, ya que la entrega de yacimientos requiere de una ley especial y no un simple contrato, según lo establecido en el Decreto Ley 1.167, promulgado en 1975, de carácter constitucional y aún vigente, sostiene el economista y abogado, Julián Alcayaga.

También el acuerdo entrega ricos depósitos de cobre a la minera anglo-sudafricana, cuyas pertenencias mineras tienen mineral de menor ley del metal rojo. Andina tiene reservas de 36,8 millones de toneladas; en cambio, Anglo American apenas sólo 12,7 millones de toneladas. En relación a la ley del mineral, según la declaración de cobre contenido en los concentrados de Los Bronces exportados por el puerto de Ventanas, estos contienen 50% menos cobre que los de Codelco Andina. La proporción es 28% de Cu en los concentrados de v/s 19% de Cu contenidos en los concentrados exportados por la anglo-sudafricana. Si el producto producido por la estatal es más rico en sulfatos de cobre, el de Anglo American contienen más pirita, también conocido como el oro de los tontos.

La mayor presencia de cobre en las minas de Codelco Andina es confirmado por un estudio publicado en 2022, que hizo una comparación de la composición química de varios yacimientos del mundo. Al detallar los yacimientos de Andina, detalla que son mucho más ricos en Calcopirita (Ccp) y Calcocita (Cc); en tanto que los yacimientos de Los Bronces son más rico en Pirita (Py). La calcopirita de Andina tiene una concentración de un 41%, en tanto que el yacimiento de Anglo American apenas un 4% (¹).

En una entrevista a El Mercurio para promover su proyecto de asociación con privados, Pacheco dijo que “aquí lo que se está construyendo es un modelo de asociación público-privada muy potente, y son cosas que toman tiempo. Además, requiere liderazgo. El directorio de Codelco ha jugado un rol muy importante que es atreverse a hacer estas cosas”.

Todo indica que el entusiasmo es bastante grande, aunque en la práctica el patrimonio público se pone con los recursos y la minera anglo-sudafricana recibe del cielo una mina subterránea, reservas de agua que no tenía y evitar la tramitación de permisos ambientales. Una complementariedad muy potente, que además acaba cambiando yacimientos ricos en cobre por el oro de los tontos.

Por Mauricio Becerra R.

NOTAS

1. Barros, K. S., Vielmo, V. S., Moreno, B. G., Riveros, G., Cifuentes, G., & Bernardes, A. M. (2022). Chemical Composition Data of the Main Stages of Copper Production from Sulfide Minerals in Chile: A Review to Assist Circular Economy Studies. Minerals, 12(2). https://www.mdpi.com/2075-163X/12/2/250 ↩︎