El litio para los nietos de Pinochet

Julio Ponce Lerou no da tregua, aprovecha las oportunidades y siempre apuesta a ganador. Y esta vez la hizo de nuevo. Apenas dos días después de que trascendió que había sido sobreseído por el Caso Cascadas, retomó el control familiar en los directorios a través de los cuales controla SQM, instalando a tres de sus hijos. Copó así la agenda mediática, obliterando el escándalo de que resultara absuelto por un traspaso fraudulento de acciones dentro de las sociedades a través de las cuales controla SQM, realizado en 2011. La triangulación acabó afectado a los accionistas minoritarios, entre los cuales estaban las AFPs y los fondos mutuos.

Tras diez años de tramitación, en un documento presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el 14 de marzo reciente, el fiscal regional Xavier Armendariz, informó que cerraba la investigación y no iba a perseverar en la causa contra el ex-yerno de Pinochet, argumentando que “durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una formalización o acusación”.

Ponce Lerou consiguió desviar la atención del Caso Cascadas, colocando las luces en la junta anual que debía renovar los directorios de las cinco sociedades a través de las cuales controla SQM. Así la noticia económica del día de ayer fue la vuelta al directorio del clan Ponce Pinochet, representado en los tres nietos del ex-dictador: Francisca, Alejandro Augusto y Daniela, quienes pasaron a integrar el directorio de Pampa Calichera, Nitratos de Chile, Potasios de Chile, Norte Grande y Oro Blanco, las cinco principales sociedades cascadas que le permiten mantener el dominio en la compañía minera.

EL CASO CASCADAS O COMO EXPRIMIR A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS

Iniciado en 2016, el denominado Caso Cascadas deriva su nombre de la estructura que ideó Ponce Lerou para mantener el control de SQM, a través de varias sociedades repartidas que se iban integrando a medida que iban subiendo río arriba.

El complejo esquema tiene a Pampa Calichera con un porcentaje mayor al 21% de la propiedad de SQM. A su vez, Pampa Calichera es controlada por Oro Blanco con más del 88% accionario. Más arriba, Norte Grande tiene más del 75% de Oro Blanco.

Dentro de este complejo esquema, a fines de marzo de 2011 se produjo una extraña venta de un paquete de cinco millones de acciones de la Serie A de SQM por la sociedad de inversiones Global Mining Chile a Linzor Capital Return Fund. Lo que llamó la atención fue que ese mismo día una de sus sociedades, Pampa Calichera, hizo un préstamo a su propietario, la sociedad Oro Blanco, lo que permitió comprar el conjunto de acciones a Linzor Capital por un precio mayor al impuesto al comienzo de la venta. También la venta de las acciones fue a un precio que no bajara de los $21.100 por acción. Hecha la triangulación Oro Blanco compró las acciones a un precio de $27.138,5.

La ex Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF) realizó una primera indagatoria, la que concluyó aplicando una multa de 62 millones de dólares contra Ponce Lerou en septiembre de 2013, en calidad de autor y principal beneficiario del Caso Cascadas. Sin embargo, en octubre de 2020, pese a ratificar la existencia de un esquema para operar de manera fraudulenta en el cual se consideró a Ponce Lerou como el “ideólogo”, la Corte Suprema rebajó la multa a 3 millones de dólares.

Es decir, fue reducida a un 4,83 del monto original.

Un año después, las investigaciones en torno al financiamiento irregular de la política chilena, dieron cuenta de que SQM entregaba dinero a varios partidos políticos, desde la UDI hasta el Partido Socialista, usando el mecanismo de boletas por servicios que jamás se habían prestado.

Ya en 2019 había sido absuelto el ex gerente de las Sociedades Cascadas, Aldo Motta, por infracción a la ley de Mercado de Valores. Motta era considerado en la época el principal asesor de Ponce Lerou.

Dicho escándalo provocó que en las negociaciones de 2018 por la renovación del contrato de explotación del Salar de Atacama a Corfo, se exigiera que Ponce Lerou y sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad no participaran de los directorios de las sociedades a través de las cuales controla SQM hasta el año 2030, que es cuando vence el acuerdo de arriendo de las pertenencias mineras en el acuífero.

El mismo escándalo provocó que Ponce Lerou fuera sancionado en 2017 por el Departamento de Justicia y la Security and Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos, obligándolo a pagar US$30 millones al haber violado la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) al haber realizado “pagos indebidos”, estimados por la justicia norteamericana en US$14,7 millones, entregados a los diversos partidos políticos durante al menos un período de siete años.

EL CONTROL FAMILIAR DE SQM

Formalmente Ponce Lerou dejó la presidencia de SQM en 2015 y, posteriormente, abandonó en 2018, el control de la minera, año en que también entró en la propiedad la china Tianqi Lithium Corp, tras comprar la participación de la canadiense Nutrien, lo que le permitió acceder al 24% del capital accionario, transformándose en el socio mayor luego de las sociedades cascadas.

Sin embargo, todo fue una tapadera. Por detrás de la cobertura presentada por la prensa económica, que destacaba que tras décadas Ponce Lerou dejaba el negocio, interesado ahora en los caballos y los viajes, por detrás no dejó de administrar sus negocios. Lo hizo a través de Patricio Contesse Fica, abogado e hijo de Patricio Contesse González, quien hizo carrera a la sombra de Ponce Lerou desde que éste dirigiera Conaf, en la década de los setenta, llegando a ser gerente general de SQM durante la post-dictadura.

De igual modo, los hijos de Ponce Lerou fueron entrenados desde hace más de una década asumiendo roles en los directorios de las sociedades cascadas. Desde 2010 ya figuraba Francisca Ponce como directora en Norte Grande (estuvo hasta 2019), cargo que también desempeñaba junto a Julio César Ponce en Oro Blanco. En tanto, Daniela Ponce era directora en Pampa Calichera y Potasios, una filial de SQM, donde también figuraba Alejandro Ponce.

De todos ellos, según recientes señales como acompañar a su padre en un seminario organizado por una agencia de inversiones, aparece como la elegida Francisca Ponce, de 44 años y, según La Tercera, viviendo entre Canadá y Chile.

Entre 2017 y 2023, Francisca Ponce Pinochet fue gerenta general de Inversiones SQYA, una más de las sociedades de su padre, además de haber sido la nominada por su madre, Verónica Pinochet Hiriart, de recibir su parte de la herencia.

Pese a la prohibición en la participación del clan Ponce Pinochet de manera directa en los directorios que controlan SQM a partir de 2018, todo indica que para el jefe del clan, el plazo se cumplió.

Todo este movimiento en las piezas de ajedrez se produce en momento de amplio cuestionamiento al acuerdo que Codelco pretende implementar con SQM y que prolongaría la participación de la compañía de los nietos de Pinochet en la explotación del Salar de Atacama hasta el año 2060.

En abril de 2023, la revista Forbes estimaba que Julio Ponce Lerou era la cuarta fortuna más grande de Chile, con US$ 3.300 millones acumulados. Gran parte de dicha fortuna es por la explotación de litio del Salar de Atacama.

Un nuevo cálculo elaborado por CEO World Magazine en enero de 2024, estimó la riqueza de Ponce Lerou en 2,5 mil millones de dólares, siendo la quinta más grande de Chile, luego de Iris Fontbona (Grupo Luksic), Jean Salata (dueño de la agencia de inversiones Baring Private Equity Asia que opera en Hong Kong), Horst Paulmann (Cencosud) y el fallecido Sebastián Piñera.

Julio Ponce está viejo, tiene 77 años de edad. Al presentar a su hija Francisca como la nueva jefa del negocio familiar, acompañados de sus hermanos Julio César, Alejandro y Daniela, está galvanizando uno de los negocios más oscuros de la dictadura y de los 35 años de la transición: se caen las máscaras y la sociedad chilena debe asumir, en pleno gobierno de una coalición de izquierda, que los nietos de Pinochet son dueños de una de las cinco fortunas más grandes de Chile.

Mauricio Becerra R.
El Ciudadano