Gobierno de Chile entrega hasta 2060 el Salar de Atacama a los nietos de Pinochet (Acuerdo Codelco-SQM)

A cambio de anticipar en seis años la entrada de Codelco en la explotación del litio en el Salar de Atacama, el gobierno entregará hasta el 2060 el 49,99% del negocio a los nietos de Pinochet. No fueron escuchados analistas que defendían que no se puede ceder más del 20% de la propiedad a empresas que aporten con tecnología y tampoco se consideró el historial de irregularidades de SQM. La cortina de humo fue la presencia de Ponce Lerou en el directorio, quien estrenó recientemente a los nietos de Pinochet como los futuros dueños.

Gobierno de Chile entrega hasta 2060 el Salar de Atacama a los nietos de Pinochet (Acuerdo Codelco-SQM)

Autor: Mauricio Becerra

En el último día del plazo fijado se anunció la firma del acuerdo entre Codelco y SQM, que conformarán la Minera Tarar para la explotación en conjunto del Salar de Atacama a partir de 2025 y hasta el año 2060. El Gobierno de Chile entrega el Salar de Atacama a los nietos de Pinochet acuerdo Codelco-SQM.

Durante la jornada de ayer los directorios de ambas firmas aprobaron los pormenores del acuerdo que fue dado a conocer hoy. Por detrás de lo que los medios difunden como la conformación de la empresa más grande de litio es mantener en la explotación del salar más productivo y lucrativo del mundo a la familia Pinochet a un costo de cero pesos y con el control del directorio.

Promovido por el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco Matte, se establece que la Minera Tarar será constituida por un total de 100 millones de acciones, de las cuales un 50,01% será para la estatal y un 49,99% para SQM. Al mismo tiempo se establecen dos períodos para dicha sociedad, uno entre 2025 y 2030, en que el directorio estará formado por seis directores, nombrados a medias entre SQM y Codelco, aunque de igual forma la empresa de la familia Pinochet controlará las decisiones al exigirse la mayoría de los accionistas. A partir del 2031 tendrá un director más, elegido por Codelco. Sin embargo, en la práctica la misma exigencia de mayoría accionaria permite a SQM mantener el control de las decisiones. El contrato siguió así la máxima que ha resultado hace décadas que Julio Ponce Lerou no pierde.

El contrato vigente, firmado entre Corfo y SQM, firmado en 2018, estableció un arriendo para la explotación de las 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030, a cambio de una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias. Luego de esa fecha, SQM estaba obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento y la infraestructura industrial instalada.

Es decir, se tenían seis años para preparar a Codelco o Enami para explotar el salar, sin necesidad de mantener a la empresa de la familia Pinochet. Sin embargo, el Gobierno de Chile entrega el Salar de Atacama a los nietos de Pinochet en acuerdo Codelco-SQM, ello tras las gestiones de Pacheco ante el presidente Gabriel Boric, ante quien se preocupó de recalcar que para 2025 ya podrían ingresar al fisco las ganancias, convencieron a éste último, ávido de recursos fiscales para poder financiar un programa de gobierno en camisa de fuerza por las políticas de austeridad desplegadas por el Ministerio de Hacienda.

Y para acompañar esta iniciativa, Ponce Lerou se estaba preparando. Desde que en 2019 creara la Gerencia de Asuntos Corporativos se abocaron a producir una campaña para hacer amigable la marca de SQM ante los chilenos. La campaña que se comenzó a diseñar en 2021 y fue encargada a la agencia La Familia, fundada por Ernesto Osses. Un año después salió a las calles en afiches, publicidad en canales de televisión y autos eléctricos con el logo de SQM desplazándose por las ciudades. La idea era asociar la marca a una noción de tecnología innovadora y limpia. La campaña también sirvió para comprar el silencio de los grandes medios, sobre todo la televisión que no ha dado espacio a los cálculos que dan cuenta de la pérdida para el patrimonio público que conlleva el acuerdo.

De igual modo, Pacheco enfrenta dos iniciativas judiciales, las que de prosperar podrían significar un escáner a su débil gestión y tener que responder ante causas penales por fraude al fisco, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y administración desleal. Una de ellas fue presentada por el diputado Cristián Tapia, integrante de la Comisión de Minería, además de haber presidido la Comisión Investigadora de Codelco, y apunta contra el convenio con SQM.

José Cabello, geólogo y directivo del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC), quien se desempeñó en BHP Billiton como gerente de nuevos negocios y estrategia minera, considera que cuando el Estado, ya sea a través de Codelco o Enami, tiene el Salar de Atacama con sus reservas de litio y potasio, no requiere entregar la mitad de la propiedad, sino que apenas un 20 por ciento y a una empresa que aporte en transferencia tecnológica.

Entrevistado por El Ciudadano comentó que “desde el punto de vista estratégico, cuando uno es dueño de las mejores reservas del mundo, se invita a alguien a participar del negocio, pero uno no cede más del 20 por ciento (…) Ante esa situación, hay que hacer una licitación bien hecha y solamente ofrecer el 20 por ciento. Te aseguro que ofertas no faltarán”.

Una segunda querella fue acogida el miércoles por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Fue presentada por el economista y abogado, Julián Alcayaga, quien acusa fraude al fisco en el gasto de 236 millones de dólares que hizo Codelco por comprar una empresa fantasma en el Salar de Maricunga, la que tampoco tiene permisos para explotar litio.

LOS CUATRO FRENTES DEL ACUERDO CODELCO-SQM en que el Gobierno de Chile entrega el Salar de Atacama a los nietos de Pinochet

El acuerdo concita críticas desde cuatro frentes. El primero, que es obliterado por los grandes medios, es el mal negocio que significa para el patrimonio público entregar la explotación de litio a SQM hasta el año 2060 a cambio de anticipar en seis años la explotación compartida con Codelco del Salar de Atacama.

El segundo frente de SQM son sus propios socios de Tianqi Lithium Corp, quienes controlan un 24% del capital accionario de la empresa. Pese a ser el segundo mayor dueño, Ponce Lerou se las ha arreglado a través de sus distintas sociedades a través de las cuales controla SQM de mantener el control del directorio. Los chinos, además se sentirse marginados de decisiones claves de la compañía, pese a ser el segundo socio con mayor capital accionario de SQM. También buscan contar con representantes en el consejo director de la sociedad que se pretende crear con la cuprífera estatal.

También, pese a haber establecido comunicaciones e incluso desplegar encuestas en las comunidades atacameñas likanantay, realizadas por la consultora de Ernesto Tironi, éstas han sido reacias a dar su visto bueno al acuerdo.

Yermin Básques Mondaca, presidente de la comunidad de Toconao, comentó a El Ciudadano que “esperamos participación concreta. Cuando hablamos de una mesa tripartita decimos que tiene que estar el privado, el público y el dueño del territorio. Es la base para desarrollar un modelo de negocios. Esa es el triángulo”.

El dirigente también agregó que “los sistemas donde están los salares no son yacimientos, no son minas, son ecosistemas. Usted allá encuentra vida: hay aves, fauna, flora. Son elementos propios del desarrollo de la biodiversidad que tenemos. Y eso ha sido deteriorado por la explotación minera”.

El cuarto frente es el conflicto ético inherente a mantener a SQM en la explotación del litio debido a que su origen está en las privatizaciones emprendidas por la dictadura que acabaron dejando como dueño a Julio Ponce Lerou, ex-yerno de Pinochet.

Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados determinó una pérdida patrimonial para el tesoro público de 2.223 millones de dólares producto del proceso de privatizaciones realizadas por la dictadura, y en el que Ponce Lerou como alto directivo de Corfo y en el directorio de varias empresas estatales, fue clave en su privatización.

La firma del acuerdo implica dejar en manos de los nietos del dictador una de las áreas estratégicas de la economía chilena.

UN BOSQUE DE ALGARROBOS SECO Y NEGARSE A PAGAR IMPUESTOS

El contrato con SQM también llama la atención al mantener en el negocio del litio a una empresa que según se ha detectado en más de una ocasión busca mecanismos de evasión de impuestos. Ya en 2013, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) detectaron una subdeclaración de $2.600 millones.

La empresa también ha hecho trampas en el arriendo de las pertenencias mineras a Corfo. En 2014, una revisión del ente estatal dio cuenta de que SQM había determinado mal las rentas de arrendamiento, dejando de pagar a Corfo 8.9 millones de dólares entre los años 2009 y 2014.

Y luego de un juicio de años, recientemente la Corte de Apelaciones de Santiago falló en su contra obligándola a pagar una deuda con el tesoro público correspondiente al Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) de los años tributarios 2017 y 2018, que SQM se ha negado a pagar. La deuda asciende a US $ 1.100 millones.

También inspecciones de Conaf han constatado irreversibles daños ambientales a la flora del salar producidas por SQM. Así ocurrió en 2014 cuando una inspección de funcionario de Conaf en las proximidades del pozo de Camar 2 dio cuenta de un bosque de algarrobos seco por acidificación del suelo.

En la misma inspección se constató que SQM modificó los umbrales de pozos de monitoreo a escondidas de la autoridad. Los fiscalizadores detectaron en los pozos Mullay, Allana, Camar 2, Socaire y P2 -a través de los cuales SQM extrae salmuera y agua del Salar de Atacama- que no había registro de la cantidad de extracción de agua o salmuera. Es decir, se podría estar sacando más agua de la autorizada. También pillaron que en el pozo Camar 2, SQM modificó sin autorización las cotas de dos pozos de bombeo.

LA CORTINA DE HUMO DE LA AUSENCIA DE PONCE LEROU EN EL DIRECTORIO

Los medios han recalcado que en el acuerdo se excluyó la presencia de Ponce Lerou en el directorio de Minera Tarar a partir de 2031.

Ya en el acuerdo de 2018, el negociador por Corfo, Eduardo Bitrán, puso como cláusula para la realización del contrato de que Ponce Lerou ni sus familiares director estuvieran presentes en el directorio. Sin embargo, de igual forma el ex-yerno de Pinochet controló el directorio poniendo a sus representantes allí, como lo es el caso de Gonzalo Guerrero, lo que ha sido evidenciado en el curso de las negociaciones que han desembocado en el acuerdo.

Una cláusula similar pidieron en las semanas recientes -pese a llevarse más de un año de conocerse la existencia de las negociaciones- varios senadores. La exigencia fue planteada por Yasna Provoste (DC), y seguida en la última semana por Daniel Núñez (PC),Loreto Carvajal (PPD) y Paulina Vodanovic (PS) y Juan Luis Castro (PS), quien es presidente de la Comisión de Minería.

Sin embargo dichas exigencias son la cachetada del payaso para que en el fondo todo beneficie a los Pinochet. La discusión respecto de la presencia formal de Ponce Lerou o sus hijos en el directorio de SQM o la Minera Tarar, es un tema menor, pues seguirán percibiendo utilidades del litio. Se sabe que si se llega a explicitar una cláusula de ese tipo, de igual forma el ex-yerno de Pinochet se las arreglará para mantener el control de los hilos, reservándose una discreta posición tras bambalinas, como lo ha hecho desde 2018. Un analista del sector minero comenta que “la discusión de la presencia formal de Ponce Lerou es un voladero de luces, tal vez es para mantener las apariencias y tener algo que decir cuando se han llevado callado desde que se sabe de las negociaciones”.

Consultado por La Segunda el abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y experto en gobiernos corporativos, Osvaldo Lagos comentó: “¿Puedes prohibirle a un accionista hablar con un director? No. La ley de sociedades anónimas no llega a ese detalle”.

A fines de abril, Ponce Lerou, quien a través de Pampa Calichera es dueño del 26% de SQM, y a sólo dos días del cierre del Caso Cascadas, aprovechó la reunión anual de accionistas de sus sociedades cascadas para hacer cambios en los directorios, colocando a Francisca, Alejandro Augusto, Julio César y Daniela, en los directorios de Pampa Calichera, Nitratos de Chile, Potasios de Chile, Norte Grande y Oro Blanco, las cinco principales sociedades cascadas que le permiten mantener el dominio en la compañía minera.

Así, los nietos de Pinochet pasarán a controlar una de las industrias estratégicas de Chile, en una decisión tomada por un gobierno de izquierda. Tras 50 años de corrupción y maletines con plata a casi todos los partidos políticos, el gobierno de Boric paga con 30 años más de control del litio al clan Pinochet por su rol destacado en la implantación del modelo en Chile. De seguro, en la soledad de la Moneda, el vértigo del poder y con Máximo Pacheco como orejero, el presidente cree a ciegas que se trata de una buena negociación.

Alguien le podría pasar una calculadora.

Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano


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