La estrategia de SQM para no pagar impuestos

Cuando le preguntaron al integrante del directorio de Codelco, Eduardo Bitran, por qué se elige como socio a SQM, una empresa que elude pagar impuestos, aseguró que la empresa de Julio Ponce Lerou los “ha pagado, el dinero está ingresado a las arcas fiscales”.

La consulta fue hecha por el diputado Cristián Tapia, presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del Salar de Atacama hasta el 2060, a la que Bitran fue invitado hace dos semanas. Lo cierto es que Bitran omite que la empresa de Ponce Lerou tiene un complejo mecanismo para evitar el pago de impuestos impugnándolos.

Sin embargo, Bitran no es un neófito en el negocio minero. Es reconocido como el negociador por parte de Corfo del contrato de arriendo vigente de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama con SQM. Fue nombrado como vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) por parte de la presidenta Michelle Bachelet, al comienzo de su segundo periodo presidencia, en marzo de 2014, dada su experiencia anterior al renegociar contratos con empresas eléctricas.

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Bitran cuenta que antes de iniciar la negociación con SQM hizo un pormenorizado análisis del mercado y revisó los contratos con la minera de Ponce Lerou tras un litigio iniciado en 2012, cuando la Contraloría detectó el incumplimiento de los contratos acordados con anterioridad, la inscripción de derechos de agua y mineros, además de haber provocado daños ambientales, como la sequía de un bosque. Según concluyó en dicha oportunidad Bitran, se podía exigir el término anticipado del contrato, con el aval del Código Civil. En medio de todo esto surgió el escándalo de financiamiento irregular de la política por parte de Penta y SQM, lo que agravó la posición de Ponce Lerou ante cualquier negociación.

Si bien en enero de 2018 se renovó el contrato con SQM, el acuerdo alcanzado implicó una mayor tributación fiscal si la tonelada de litio sobrepasaba los 10 mil dólares y la salida de Ponce Lerou y sus familiares del directorio de SQM, aunque de igual forma el ex-yerno de Pinochet mantuvo el control del directorio poniendo a Gonzalo Guerrero.

La tabla rasa no impidió que SQM persistiera en bordear la legalidad. Posteriormente se negó a pagar el impuesto específico a la actividad minera, argumentando que el litio no es un metal. Una denuncia de El Ciudadano en 2022, obligó al Servicio de Impuestos Internos (SII) a cobrar el impuesto específico a la actividad minera que SQM se había negado a pagar entre los años 2020 y 2021. Para esa fecha, las autoridades del SII habían olvidado que el plazo de cobranza estaba por vencer.

La deuda con el patrimonio público ascendía en esa oportunidad a 745,3 millones de dólares.

Según el abogado Mauricio Daza, las declaraciones de Bitran son inconsistentes en relación al impuesto específico, ya que SQM en vez de pagarlo ha desarrollado un complejo mecanismo de litigio con el fisco para evitar dicha recaudación.

En la actualidad, SQM mantiene juicios vigentes en contra del fisco por mil millones de dólares.

La fórmula desplegada por SQM para no pagar el impuesto específico a actividad minera, se inicia cada año cuando no declara dicho tributo. Esto genera que el SII emita un giro por medio del cual cobra ese impuesto y SQM hace enterar en arcas fiscales el valor señalado por SII, aunque acto seguido, la empresa demanda al fisco para que devuelva el valor con intereses, argumentando que ellos no adeudarían ese impuesto al no ser aplicable.

SQM aplica la lógica de que si llega a perder el juicio, que puede durar varios años, no estarán obligados cubrir el pago del impuesto adeudado más los intereses producidos durante todo el tiempo que duró el proceso. Esto es muy importante para la empresa, ya que esos intereses, dependiendo de cuanto dure el juicio, se pueden acumular y llegar un monto igual o superior a lo originalmente adeudado. Por otra parte, en caso de ganar el litigio, el Estado tendría que devolverle el dinero y además pagarle a SQM los intereses que se hayan generado durante el tiempo que duró el juicio.

El abogado Daza lo explica diciendo que “de esta forma si SQM en un año determinado no declara el Impuesto Específico de la Actividad Minera por su explotación de litio en el Salar de Atacama, entonces el Servicio de Impuestos Internos emite un giro por lo que adeuda, por ejemplo, un monto de 10 millones de dólares. En ese momento SQM entera en arcas fiscales ese valor, pero demanda inmediatamente al fisco para que se los devuelva señalando que ellos no están obligados a pagar ese impuesto. Si SQM no lo hiciera de esta forma, y finalmente pierde la demanda en contra del fisco, entonces tendría que pagar los 10 millones de dólares de impuestos adeudados más los impuestos generados durante un proceso judicial que puede durar años. En el ejemplo, podría estar pagando más de 15 millones de dólares, entre capital e intereses. Pero ellos dan vuelta la situación con el depósito inmediato de la suma que se le cobra, demandando acto seguido su devolución. Si pierde tendría que pagar solo el capital de lo adeudado, 10 millones de dólares, pero si SQM gana va ser el fisco que tendría devolver a SQM un monto total superior a los 15 millones de dólares, entre el capital de lo que depositó más los intereses generados en los años durante los cuales se tramitó el proceso judicial.”

“Hay un discurso manifiestamente engañoso por parte de Codelco -sostiene el abogado Mauricio Daza- ya que Pacheco y Bitran saben perfectamente de todo esto, pero ellos hacen una declaración engañosa, al afirman ante los requerimientos de los diputados que SQM sí ha pagado el Impuesto Específico a la Actividad Minera por su explotación de litio en el Salar de Atacama, dando a entender que el depósito que hace la empresa del monto que cada año le gira el SII por este concepto sería equivalente a un pago. Pero eso claramente es mentira , ya que ellos omiten maliciosamente que ese monto SQM lo demanda de vuelta. Así, ellos pretenden hacerle creer a los diputados y a la ciudadanía que SQM no debe nada por impuestos, por lo que no habría conflictos con el Estado por este concepto, cuando en realidad SQM tiene demandado al fisco por todos los montos que el SII les cobra. En este sentido los dichos de Pacheco y Bitran son impresentables”.

UNA POLÍTICA DE EVASIÓN DE IMPUESTOS

Apenas faltaba un mes para el vencimiento de la posibilidad de cobro, cuando en marzo de 2023 un reportaje de El Ciudadano dio cuenta que el SII no había cobrado el Impuesto Específico a la Actividad Minera a SQM correspondientes a los años 2020 y 2021.

De no ser por la denuncia de El Ciudadano, el SII no habría girado la boleta y la deuda hubiese prescrito en abril de 2023.

SQM se negaba rotundamente a pagar dicho tributo argumentando que el litio y otras sales es minería no metálica, por lo que no estaba afecto. Sin embargo, Albemarle, que también explota litio del acuífero atacameño paga el impuesto y no demanda devolución alguna.

A la fecha eran 745, 3 millones de dólares, que no consideraban intereses y multas.

En la ocasión el SII reconoció que consideraba a SQM un contribuyente de «alto riesgo», es decir, una empresa que se ha caracterizado por la poca disposición a cumplir con sus obligaciones tributarias, pese a las consecuencias que conllevaría su incumplimiento.

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La fama ante la entidad impositiva se la ha ganado SQM en diferentes gobiernos. En el primer gobierno de Sebastián Piñera, en una revisión de rutina correspondiendo sólo al año 2013, se descubrió que SQM subdeclaró $2.600 millones en impuestos. Cuando el SII inició el trámite para su cobro, Ponce Lerou respondió con una pesada artillería que relacionaba las polémicas empresas cascadas a través de las cuales controla SQM, con el mismo ex-presidente Sebastián Piñera. Así las cosas, todo quedó en nada.

Ya en el segundo gobierno de Bachelet, en mayo de 2014, Corfo detectó que la minera determinó de manera incorrectamente las rentas de arrendamiento, dejando de pagar a Corfo 8.9 millones de dólares entre los años 2009 y 2014.

Las pillerías tributarias y ante Corfo se suman a faltas ambientales, detectadas en las escasas revisiones realizadas por las agencias ambientales. Así, en 2016 se identificaron seis faltas ambientales y al contrato de arriendo de la explotación del salar, detectándose la extracción de salmuera por sobre lo autorizado entre agosto de 2013 y agosto de 2015 y la modificación de los instrumentos de medición de los pozos en el acuífero atacameño.

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Funcionarios ambientales además encontraron que SQM secó un bosque de algarrobo, modificaba los pozos que debía monitorear, las cotas de terreno de los pozos y alteraba los umbrales de capacidad de agua.

Todo lo anterior dio suficiente munición a Bitran para renegociar el contrato con SQM, estableciéndose en la oportunidad el 2030 como fecha límite del acuerdo, tras lo cual la empresa esta obligada a devolver las pertenencias mineras y la infraestructura industrial instalada en el Salar de Atacama. A la distancia hoy se reconoce que fue un acuerdo que aseguró un mayor aporte fiscal y abría paso para que el patrimonio público comenzara a recuperar la explotación del litio. Sin embargo, el hábil negociador de entonces -el del pormenorizado análisis del mercado del litio, de la revisión prolija de los contratos y los incumplimientos de SQM- hoy asegura que la empresa de Ponce Lerou paga diligentemente sus obligaciones impositivas.

Mauricio Becerra Rebolledo
El Ciudadano

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