A mediados de noviembre del año pasado el economista y abogado Julián Alcayaga recibió la primera notificación sobre una querella que había presentado en el mes de junio de 2024. Años siguiendo la pista a la enajenación de los recursos mineros, puso atención al contrato de Codelco para comprar un proyecto de explotación de litio en el Salar de Maricunga e interpuso una querella por el delito de fraude al fisco en la transacción por la que la cuprífera pagó US$236 millones por un proyecto minero que no posee ningún activo físico y cuyo valor antes de la compra era de US$116 millones.
El mensaje tras cinco meses de espera fue la citación a una audiencia en la que el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Jaime Retamal Herrera, le comunicaría el cierre de la causa, argumentando que se encontraba “agotada la presente investigación” y que había decidido “no perseverar (…) atendido que no se han reunido antecedentes necesarios para fundar una acusación”.
LOS ANTECEDENTES
En marzo de 2024, Codelco adquirió el proyecto LPI, desembolsando US$236 millones a los dueños de Lithium Power International Limited, empresa constituida en Sídney, Australia en 2015; pero que en Chile realizó sus operaciones a través de inversiones BBL SpA y Minera Li Energy SPA. A través de dichas sociedades de inversión fueron compradas pertenencias mineras en 2015 y 2016 en el Salar de Maricunga para realizar el proyecto.
La querella presentada por el economista Alcayaga entregó varios elementos para ser investigados. Uno de ellos son los documentos que acreditan la compra de dichas pertenencias mineras por los delegados de LPI, traspaso que quedó registrado en la Segunda Notaria y Conservador de Minas de Copiapó. El primer documento fue suscrito el 8 de enero de 2015 y a través del cual se vendieron en la suma de US$ 5.820.000 tres grandes conjuntos de pertenencias mineras en el Salar de Maricunga.
El segundo traspaso de pertenencias mineras fue efectuado ante la misma notaría el 21 de noviembre de 2016, a un valor de US$ 5.606.093.
En total se pagó poco más de US$11 millones por dichas pertenencias, las que según los escritos permitían la explotación de sal gema o cloruro de sodio, nada se decía de litio. De igual modo LPI formuló el Proyecto Blanco, proyectándolo para 24 años y que acabó vendiendo a Codelco por US$236 millones.
El economista y abogado, Julián Alcayaga comenta que “las pertenencias del Proyecto Blanco, constituidas previo al año 1979, fueron constituidas sobre Cloruro de Sodio y sobre Sal Gema, sustancias distintas al Litio, lo que significa que la sociedad propietaria, sociedad Minera Salar Blanco S.A., sólo puede explorar y explotar dichos compuestos químicos, y no otra sustancia minera. De esta manera tales pertenencias no dan derecho a explotar litio, que es precisamente el objeto del Proyecto Blanco”.
También Alcayaga comenta que el mismo presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, reconoció en la sesión ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados el 8 de mayo de 2024, que el valor bursátil de cada acción de LPI un mes antes del acuerdo de compra era 0,25 dólares por acción, pero Codelco compró a un precio de 0,57 dólares por acción.
Es decir, el valor bursátil total de la empresa era de US$116 millones hasta antes de la compra, pero Codelco la adquirió por US$236 millones, esto es, al doble de su valor bursátil.
La opinión del economista y abogado es tajante: “en definitiva Codelco compró, para desarrollar la extracción de litio en el Salar de Maricunga, el cien por ciento de las acciones de una empresa que no tiene activos físicos vinculados con dicha actividad, ni ningún otro relevante; que tiene un proyecto el cual se funda en pertenencias que no dan derecho a explotar litio; que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental que no se encuentra firme ni ejecutoriada, sino que tiene numerosos recursos pendientes aún en tramitación ante la justicia; y pagando un valor que es equivalente al doble del valor bursátil de la compañía”.
UNA TRAYECTORIA DE LUCES Y SOMBRAS
El fiscal que desechó investigar en una primera instancia tiene el mérito de haber dirigido las investigaciones en torno al espionaje a periodistas por parte del Ejército, llegando a incriminar a un ex-general y un ex-ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. También es reconocido junto a la fiscal Ximena Chong en la condena obtenida de 5 años y un día al ex-senador de la UDI, Jaime Orpis en el Caso Corpesca. Así también ha inculpado a Gabriel Ruiz-Tagle por la compra de información privilegiada en el directorio de Colo Colo.
Sin embargo, el fiscal también tiene sus sombras. Ya en 2013, en un juicio abreviado y a puertas cerradas cerró un caso en que si seguía la hebra se comprobaba como la Universidad San Sebastián corrompió a altos funcionarios de la Municipalidad de Recoleta cuando estaba en manos de la UDI. También le tocó investigar el sobre precio de 400% en implementos para un programa de control de drogas y frontera promovido por quien fuera fiscal jefe Metropolitano Sur del Ministerio Público y jefe de la división de estudios del Ministerio del Interior en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Alejandro Peña. Luego de tres años, decidió cerrarlo argumentando no haberse acreditado el delito. Incluso, a través de las páginas de El Mercurio, Peña felicitó la investigación llevada por Retamal.
Otro tanto pasó en el Caso Farmacias, cuando los mismos jueces alegaron que tras siete años de investigación la unidad de la Fiscalía dirigida por el fiscal Retamal, no presentó pruebas capaces de sustentar una acusación consistente. Uno de los abogados de Farmacias Cruz Verde en el proceso, el inefable Ángel Valencia, lo vemos dos años después como abogado del mismo Retamal en una demanda por obstrucción a la investigación.
Así también, tras la campaña presidencial de 2013, el fiscal Retamal procesó al candidato Marco Enrúquez-Ominami por usar una avioneta dispuesta por una constructora brasileña, en tanto no procesó a la también candidata, Evelyn Matthei, que también dispuso de un avión movido por empresarios chilenos. Algo más grave pasó cuando tribunales le encomendó el caso de un estudiante que recibió un impacto de un proyectil lacrimógeno lanzado por carabineros al interior de la Usach, en 2015. El fiscal Retamal presentó la formalización del oficial de carabineros inculpado días antes de expirar el delito.
LAS SIGUIENTES TAREAS DEL FISCAL
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la semana pasada la reapertura de la investigación en la causa iniciada por Alcayaga por la compra de LPI en el Salar de Maricunga. A la causa se sumó el abogado Mauricio Daza, quien valoró la decisión del tribunal comentando con El Ciudadano que “se trata de hechos bastantes concretos y graves, los que merecen ser investigados de forma real, seria y profunda. La fiscalía sostuvo que no quería continuar con la investigación, ya que había recibido una respuesta de Codelco en relación lo que sostenemos en la querella, pero esto no tiene sentido, ya que ninguna causa penal se cierra solo con la versión de quien debe ser investigado”.
Las diligencias encomendadas por Alcayaga al iniciar el proceso incluyen el despacho de una orden amplia de investigar a la BRIDEC, de la Policía de Investigaciones de Chile; la solicitud a la Cámara de la audiencia de Pacheco en la que reconoció los montos señalados en el traspaso; se revise la causa que lleva el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago que indaga los vicios del permiso ambiental otorgado en la pasada administración de Piñera; y que se oficie a Codelco para remitir las actas de las sesiones directorio donde se debatió y decidió la compra de LPI junto con los antecedentes que se tuvieron a la vista para aprobar dicha compra, en especial en lo relativo a la determinación del precio de adquisición de las acciones de dicha empresa.
Alcayaga sospecha que “el fiscal no quiere hacer nada”. Según comenta un abogado de la plaza el problema de la actual institucionalidad persecutoria es que a los fiscales no los controla nadie. “Así, los fiscales usan mañosamente la facultad de no perseverar y los tribunales fallan a favor de ellos. El Ministerio Público tiene la facultad exclusiva de formalizar, si alguien no está formalizado no está procesado. Pasa, sobre todo en juicios de derechos humanos, que demoran en formalizar y lo hacen cuando la acción está por prescribir. Respecto del control: ¿quiénes investigan a los fiscales regionales? Pues otros fiscales regionales”.
Agrega que “el sistema es perverso porque cando un fiscal no quiere investigar, la causa va a quedar botada. Desgraciadamente son pequeños reyezuelos que no los controla nadie más que el fiscal nacional. Si quieren echarle tierra a algo lo hacen”.
Alcayaga también fue invitado a la Comisión Investigadora de la Cámara, en donde podrá presentar los antecedentes que ha ido reuniendo. Espera para la fecha que sea pública la sesión del directorio de Codelco en que aprobó la compra del proyecto LPI.
El fiscal Retamal tiene 180 días para investigar.
Por Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
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