En el marco de la Estrategia Nacional de Litio (ENL), presentada por el Presidente Boric en abril de 2023, el Gobierno espera para septiembre de 2025 tener firmados los Contratos de Operación Especial de Litio (CEOL) para la explotación de 26 salares; el acuerdo suscrito entre Codelco y Enami con mineras privadas para la explotación de los salares de Pedernales y Maricunga; y los salares altoandinos, respectivamente.
El litio es considerado por la ENL como un recurso estratégico y una instancia para la creación de riqueza. Por ello se apunta a estimular el desarrollo de la industria del litio, dados sus usos en la electromovilidad, estableciéndose entre otras directrices el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción; la generación de un ecosistema científico-tecnológico-industrial; así como también de encadenamientos productivos que agreguen valor al producto.
Bajo dicho marco se está constituyendo un Instituto Público de Tecnologías de Litio, el que, según el propio documento de la ENL, “tendrá como objetivo central la generación de conocimiento y tecnologías que permitan mejorar los procesos de extracción, producción, agregación de valor, aplicaciones y reciclaje, además de mejorar la comprensión y protección de los salares, a través de la construcción de líneas base públicas ecosistémicas”.
Todo suena muy bonito. Impecable y níveo como el mismo litio extraído del salar. Sin embargo, en el documento de 33 páginas de la ENL, se echa de menos la experiencia aprendida en la historia reciente respecto de la gestión de los recursos naturales exitosa por parte de estados latinoamericanos. De hecho, entre las tres definiciones estratégicas, junto con el involucramiento del Estado y la creación de capacidades, se coloca como inevitable la “Asociación Público-Privada”, que es el eufemismo de moda para entregar recursos del patrimonio de todos a las compañías transnacionales.
Una mirada a la historia reciente del continente da cuenta del largo camino seguido y de las inmensas posibilidades que se abren cuando los recursos naturales son gestionados de manera exitosa, convirtiéndose en una industria nacional. Es el caso de YPF en Argentina, Pemex en México y Petrobras en Brasil, las primeras y más grandes industrias petroleras en América latina.
EL CAMINO ABIERTO POR ENRIQUE MOSCONI Y EL MODELO DE YPF
Una iniciativa pionera en la nacionalización de los recursos naturales fue la del ingeniero y coronel, Enrique Mosconi en Argentina, quien se encargó de crear Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), tras ser designado como director general en 1922. Con un monto inicial de ocho millones de pesos, en los siguientes ocho años en el cargo, Mosconi dio forma robusta a la compañía con las ganancias por la extracción de petróleo en la provincia Comodoro Rivadavia, creando un modelo de empresa estatal eficiente.
En el curso de las primeras décadas del siglo XX, la demanda de petróleo en Argentina se incrementó en relación a los años precedentes, pasando a depender casi totalmente de las petroleras británicas. Fue una época de exploraciones a lo largo del territorio buscando el oro negro, que era la sangre de la incipiente sociedad industrial. Ya se habían hecho, desde fines del siglo XIX, sondajes en las provincias de Mendoza, Salta y Jujuy, pero el impulso definitivo fue el descubrimiento en 1907 de un importante yacimiento en Comodoro Rivadavia, hallazgo que permitió cuajar la idea de una industria de hidrocarburos argentina. La respuesta institucional fue crear en 1910, la Dirección General de Explotación del Petróleo.
Contrario a préstamos de inversores extranjeros, Mosconi se preocupó de lograr ya en los primeros meses de su gestión la autosuficiencia de YPF, luego se afanó en promover la extracción de petróleo y la exploración de nuevos yacimientos. Si en 1922 YPF produjo 349 mil metros cúbicos de petróleo, para 1929 producía casi 900 mil.
Si en un comienzo tenían que refinar el crudo en otros países, en 1925 se inauguró la primera destilería de YPF en La Plata, lo que permitió la producción de petróleo (nafta en argentino), kerosene, fuel-oil y nafta de aviación.
En 1928, cuando el gobierno de Hipólito Yrigoyen presentó al Congreso un proyecto para nacionalizar las cadenas de producción de petróleo, Mosconi fue enfático en declarar que “no queda otro camino que el monopolio del Estado, pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la producción, la elaboración, el transporte y el comercio”.
La preocupación de Mosconi de que YPF participara en todas las etapas del proceso productivo de petróleo permitió a la empresa estatal sortear la guerra de precios emprendida por las distribuidoras extranjeras, como Standard Oil del estadounidense John D. Rockefeller y la británica-holandesa Dutch-Shell.
“Sin monopolio del petróleo es difícil, diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial a las organizaciones del capital privado”- refrendó Mosconi ante los diputados argentinos, quienes, si bien aprobaron el proyecto, en el Senado no consiguió prosperar.
De igual modo, fue tal el éxito de la gestión Mosconi para levantar YPF, que comenzó a brillar para el resto de América latina, siendo convidado entre 1927 y 1928 a varios países cuyas elites observaban con atención el camino abierto, ejerciendo así influencia en Uruguay, Bolivia, Colombia, México y Brasil. En sus conferencias, Mosconi promovía que los países del continente tomaran medidas coordinadas respecto de sus recursos naturales, promulgando leyes de nacionalización y que fuesen ventajosas para las naciones.
En Uruguay, una reunión sostenida por Mosconi y el ministro de Industria, Edmundo Castillo, en 1929, fue el vamos para la creación de una refinería nacional y una empresa estatal para la venta de sus productos. Dos años después fue creada la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap). En Bolivia, tras la Guerra del Chaco, en 1936, el Estado constituyó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) según el modelo argentino, siendo luego expropiada la filial de la Standard Oil en el país andino.
Pese al interés regional, Mosconi e Yrigoyen fueron muy lejos para la reacción argentina. Un golpe de Estado con “olor a petróleo” comandado por el teniente-coronel José Félix Uriburu, derrocó al gobierno el 6 de septiembre de 1930. Contado como una sublevación conservadora desde las provincias contra la Unión Cívica Radical, por detrás estaban los intereses de la Standard Oil, que quería explotar yacimientos en Salta descubiertos por las prospecciones iniciadas por la YPF. Tras el golpe, en 1932, la iniciativa de la empresa norteamericana fue permitida por los tribunales argentinos.
EL IMPULSO DEL MOVIMIENTO OBRERO PARA LA CREACIÓN DE PEMEX
En México, en donde el control de los recursos naturales chocaba contra las petroleras norteamericanas e inglesas que mantenían la explotación de petróleo, la estrategia para la recuperación del crudo fue de la mano del movimiento obrero. El tributo a través de lo que serían los actuales royalties eran considerados una afrenta para el interés de la patria. Si bien el artículo 27 de la Constitución de 1917 establecía que el gobierno mexicano era propietario del subsuelo y sus recursos, los yacimientos de Poza Rica, descubiertos en 1930, estaban en manos de la compañía inglesa Mexican Eagle Company, subsidiaria de la Royal Dutch/Shell Company, que pagaba regalías en torno del 15% y el 35% del valor de la producción. Estos pozos producían el 60% del crudo mexicano, en tanto que otro 30% estaba en manos de petroleras estadounidense, como Jersey Standard y Standard Oil Company of California (Socal, ahora Chevron). En total, para fines de esa década, había 17 compañías extranjeras succionando las venas del oro negro mexicano.
Con el apoyo del presidente Lázaro Cárdenas, quien desde que asumió el gobierno en 1934 desplegó un vasto programa de nacionalización de los recursos e industrialización, se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, abocado a obtener de las petroleras extranjeras salarios justos, prestaciones y contratos colectivos de trabajo. Era agosto de 1936, la huelga estalló en enero de 1937 y, en las semanas siguientes, la Junta de Conciliación y Arbitraje falló a favor de los trabajadores.
Sin embargo, los consorcios petroleros se negaron a acatar la resolución.
El gobierno de Cárdenas no se amilanó y encomendó una investigación que indagara en las utilidades de las compañías petroleras, que determinara si eran solventes para pagar las solicitudes de los trabajadores. La pesquisa determinó que las ganancias eran mucho más elevadas que las utilidades declaradas. Es decir, podían cubrir perfectamente las demandas de los trabajadores y pagar más impuestos.
Nuevamente, las petroleras extranjeras se negaron a aceptar la mediación del gobierno, lo que significó su sentencia.
A las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas anunció a través de la radio la expropiación de la industria petrolera. La noticia produjo tal júbilo en la población de la capital mexicana que salió a tomarse las calles el miércoles 23 de marzo para celebrar la decisión. Sectores medios, la Iglesia Católica y organizaciones de trabajadores, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) apoyaron con fuerza la medida.
Por esos mismos días, entre el 27 y el 31 de marzo, en el Palacio de Bellas Artes se organizó la Semana del Petróleo, evento en el que hubo conferencias, exposiciones y debates en torno de la industria petrolera. Todo el torrencial de ideas cuajaría tres meses después, cuando el 7 de junio siguiente, con el fin de gestionar la producción petrolera, el gobierno de Cárdenas creó Petróleos Mexicanos (Pemex) con amplias facultades para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo.
La reacción de Estados Unidos e Inglaterra no se dejó esperar. De inmediato organizaron un bloqueo contra el petróleo mexicano, disminuyendo así la exportación del 50% del crudo producido. De igual manera, México rompió el bloqueo comenzando a vender a los gobiernos de Alemania e Italia. Fue tal la ofuscación británica que se rompieron las relaciones diplomáticas.
En los años siguientes el gobierno mexicano supo navegar entre las presiones y el estallido de la segunda guerra mundial, que obligó al gobierno de Franklin D. Roosevelt a negociar, alcanzando el acuerdo Cooke-Zevad, el 18 de abril de 1942, cuando los mexicanos se comprometieron a pagar unos 29 millones de dólares en indemnizaciones a las empresas norteamericanas. Los ingleses se quedaron mano en jarra hasta 1947, cuando aceptaron en compensación 130 millones de dólares.
PETROBRAS: LA JOYA DE LA CORONA
En Brasil también fueron receptivos con la experiencia desarrollada por Mosconi, quien incluso fue condecorado con una medalla de oro de la Academia de Ciencias y Arte de Río de Janeiro. El énfasis lo puso Getúlio Vargas, quien gobernó en diversos períodos entre 1930-1945 y 1950-1951. Uno de los primeros pasos fue establecer el Conselho Nacional do Petróleo (CNP) en 1938, pero pasaría más de una década con los habituales vaivenes de la política brasileña, para que, en 1953, en el segundo mandato presidencial de Vargas, se creara Petróleos de Brasil, más conocida como Petrobras.
Su fundación fue en el marco del Estado Novo, que implicó una nueva relación con los trabajadores brasileños, estableciendo un sueldo mínimo; y el fomento de la industria nacional, expresada en la Política Nacional del Petróleo. Ya en su primera época de gobierno, en plena Segunda Guerra Mundial, Vargas consiguió financiar por parte de Estados Unidos la construcción de la primera planta siderúrgica brasileña, a cambio de aceptar la instalación de bases navales norteamericanas en la región nordestina de Natal. Se trató de la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), creada en 1941 por Vargas y que entró en funcionamiento cinco años después, transformándose en adelante en la principal fuente de suministro del acero de Brasil.
La explotación petrolera fue estimulada en 1939, tras el descubrimiento en Candeias -en el Recôncavo Baiano– de importantes yacimientos de crudo, iniciándose en 1941 la exploración para su producción comercial. Con el movimiento obrero en pleno auge, la propiedad pública del petróleo fue un tema central en su agenda de luchas. Así, en abril de 1948, las centrales de trabajadores brasileñas lanzaron la campaña ‘El petróleo es nuestro’, con el fin de presionar al gobierno y parlamentarios para la nacionalización e industrialización del recurso.
Hábil político, Vargas espero la movilización del 6 de diciembre de 1951, convocada bajo el lema ”el petróleo es nuestro”, para enviar el proyecto de ley al Congreso para la creación de Petrobras, el que contemplaba una participación estatal de 51% sin establecer un monopolio público.
El riesgo calculado surtió efecto, despertando las críticas de los sectores nacionalistas y abriendo el debate en la sociedad brasileña. El general Felicíssimo Cardoso, presidente del Centro de Estudios y Defensa del Petróleo y de la Economía Nacional (Cedpen), entidad ligada al movimiento por la nacionalización del crudo, acusó al gobierno de Vargas de servir a los intereses de la norteamericana Standard Oil. Otro partido, como la UDN, de oposición partisana a las políticas de Vargas, apostando por socavarlo, abandonaron su defensa histórica del capital privado y tomaron las banderas del control estatal. Finalmente, Vargas esperó la indicación de un parlamentario que dio un carácter nacionalista al proyecto de ley para empujar su aprobación.
Con la creación de Petrobras se aseguró el monopolio público sobre la perforación, refinación y transporte del petróleo. Las presiones de las petroleras norteamericanas e inglesas dejaron fuera la distribución. La naciente empresa brasileña se hizo cargo de las refinerías de Mataripe, construida en 1949 en São Francisco do Conde (Bahía); la refinería de Presidente Bernardes, proyectada en 1952 e inaugurada en 1955, en Cubatão, próximo al puerto de Santos en el Estado de São Paulo y la Flota Nacional de Buques Tanque.
De igual modo, la creación de Petrobras le costó la vida a Getúlio Vargas, quien acosado por la oposición se suicidó en el Palacio de Catete, residencia presidencial en Río de Janeiro, el 24 de agosto de 1954 de un disparo al corazón.
En medio de la crisis política, uno de sus asesores, el general Mozart Dornelles, fue a visitar al principal magnate de los medios brasileños de la época, Assis Chateaubriand, a quien conocía desde hace décadas. A través de su conglomerado de radios y diarios, Chateaubriand atacaba diariamente al gobierno de Vargas, llegando a exigir su dimisión o su derrocamiento mediante un golpe de Estado. Incluso Chateaubriand tenía al virulento periodista conservador Carlos Lacerda cada día transmitiendo sus invectivas contra el presidente a través de TV Tupí, el primer canal de televisión en São Paulo. Consultado el magnate de la prensa por las razones de tal odio, éste se limitó a responder:
– Si el Presidente desiste de Petrobrás, sacaré a Lacerda de la TV y lo entregaré a quien quiera para defender al gobierno.
Si bien Vargas no se llegó a enterar de este diálogo, sus principales asesores aconsejaron que jamás desistiera de la empresa nacional petrolera. En la carta de no más de una carilla que Vargas dejó antes de pegarse el tiro se preocupó de mencionar a la recién creada Petrobras y a la industria eléctrica brasileña, que también se afanó en consolidar. Sostuvo que “quise crear la libertad nacional en la potencialización de nuestras riquezas a través de Petrobrás; mal comienza esta a funcionar cuando la ola de agitación crece. Eletrobrás fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente”.
Su muerte trágica y el hondo pesar en el pueblo brasileño protegieron a Petrobras de los nuevos gobernantes hasta la llegada de tiempos mejores.
En 1961 fue fundada por el presidente Juscelino Kubitschek, Reduc (Refinería Duque de Caxias), la primera refinería brasileña, que otorgó autosuficiencia a la producción de derivados del crudo. En 1967 se crea Petrobras Química S.A. (Petroquisa), destinada a desarrollar el parque petroquímico nacional y la producción de productos como urea industrial. Un año después es levantada la primera plataforma marítima de extracción de petróleo móvil en Guaricema, en Sergipe, capaz de operar en aguas de hasta 30 metros de profundidad.
En 2001, el desarrollo de la ingeniería brasileña ya les permitía perforar pozos de más de cinco mil metros de profundidad. Así son descubiertos grandes depósitos petroleros en la bahía de Santos, encontrándose crudo de buena calidad a 6.915 metros en 2005 en el yacimiento llamado Pré-Sal. Un año después, la producción brasileña de petróleo y gas natural le permitieron alcanzar temporalmente la autosuficiencia energética.
Al mismo tiempo se internacionalizan, comprando en 2002 Perez Companc Energía (Pecom Energía S.A.), la segunda empresa petrolera argentina; invirtieron 178 millones de dólares en exploraciones en Irán, y en 2009 adquieren la cadena de distribuidoras Esso en Chile.
Pese a la campaña desatada contra la estatal con los juicios llevados a cabo por el juez Sergio Moro y la destrucción de la imagen pública de la estatal en Brasil a través de los medios, para los brasileños Petrobras aún es considerada la “joya de la corona”.
EL ESPÍRITU DE UNA ÉPOCA QUE SE FUE
A mediados de la década de los setenta y tras haber presenciado la nacionalización del cobre chileno durante el gobierno de Salvador Allende, el ingeniero y analista en minería Alexander Sutulov, comentaba que a partir de la convicción que veía en los líderes políticos del sur del mundo, era ineludible la “tendencia a la nacionalización de los recursos básicos” (1).
Y es que la tendencia que el mismo Sutulov describe tenía fuerza. En 1975 se nacionalizaron los yacimientos petroleros venezolanos, que para la época era uno de los principales productores de crudo en el mundo. Luego, el 30 de agosto de ese mismo año se creó Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), encargada desde las tareas de explotación de crudo, pasando por su refinación y transporte. PDVSA posee las mayores reservas petrolíferas del mundo, estimadas en el 20% de las reservas mundiales. Incluso en la década de los ochenta se abrió a celebrar acuerdos o comprar refinerías y distribuidoras en países como Alemania, Inglaterra, Suecia y Estados Unidos. Así, en 1986 adquirió en dos fases Citgo Petroleum, empresa distribuidora con sede en Dallas y refinerías en Corpus Christi y Chicago, desplegando con ello una capacidad de refinación que duplicaba la capacidad instalada en Venezuela hasta esa fecha.
Sutulov destacaba una de las cláusulas de la Comunidad Andina -constituida a partir de 1969 e integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en la actualidad y de la que Chile se retiró en 1976-, fue establecer un límite de tiempo de 15 a 20 años para traspasar el 51% de las acciones de compañías extranjeras a los gobiernos nacionales y limitar las utilidades máximas anuales de las compañías al 14 por ciento. En tanto que en Perú se ponía fin a las faenas de Cerro Pasco Corporation, subsidiaria de Cerro Corporation de New York, tras operar durante 70 años produjo unos dos mil millones de dólares extrayendo metales no ferrosos y metales preciosos. Al mismo tiempo, en Argentina se limitaba el envío de utilidades a un 12,5% al año sobre el capital invertido y las remesas acumuladas no podrían exceder el monto de la inversión total.
Era otra época.
Tras la caída del muro de Berlín y la declaración del triunfante capitalismo en su forma neoliberal, uno de los primeros objetivos fue el desmantelamiento de las empresas públicas. En Argentina, la oleada privatizadora de Carlos Menem acabó vendiendo YPF en 1992. Sin embargo, la profundización de esas políticas provocó en 2001 el fin de los gobiernos neoliberales y, con la llegada de Cristina Fernández a la presidencia, la adquisición por parte del Estado argentino de una mayoría accionaria de YPF.
En Brasil, en tanto, en 1997 el gobierno de Fernando Henrique Cardoso incluyó a Petrobras en el Plan Nacional de Privatización, lo que la abrió para cotizar en el mercado de New York. De igual forma, el Estado brasileño es el principal propietario de Petrobras, con el 50,3% de las acciones con derecho a voto, lo que no pudo ser revertido por el gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro, quien en 2019 de igual forma inició la venta de activos de la estatal, como la Distribuidora BR, Liquigás; la Refinería Landulpho Alves, y redes de gasoductos, como la Transportadora Associada de Gás (TAG) y el gasoducto Nova Transportadora do Sudeste (NTS).
DESMONTANDO EL CHILE INDUSTRIAL DEL SIGLO XX
Las historias recién contadas van a contrapelo de las actuales políticas mineras seguidas por el gobierno chileno, caracterizadas por la dependencia del capital extranjero y el cierre de las plantas de refinación de minerales en Chile, como sucedió recientemente con las refinerías de Ventanas y Paipote. En la actualidad, el principal país productor del metal rojo exporta más polvo concentrado que cátodos de cobre refinados. Las cifras de 2023 evidencian que el principal producto de exportación chileno es el concentrado de cobre, que entre los minerales representa el 41,3%; en tanto el cobre refinado es apenas del 34,9%. El litio, en tanto, representa el 11% de las exportaciones mineras.
Un cálculo hecho por funcionarios de Aduana del puerto de Antofagasta, dado a conocer por El Ciudadano, estimó una subfacturación de US$119.664.470.383 en los minerales que salen en los concentrados.
Datos históricos recientes permiten comprender mejor el cuadro:
Hasta la década de 1990, Chile era líder en fundiciones de minerales a nivel mundial, manteniendo en su territorio el 14,6% de la capacidad de fundición de minerales en todo el orbe, seguido por Estados Unidos con un 12,9 por ciento.
Pero en un proceso iniciado en la dictadura y profundizado por los gobiernos que la siguieron, se ha comenzado a desmantelar la capacidad de producción minera del país, para volver a convertirlo en exportador de materias primas sin refinar. Si en 1990 apenas un 16 por ciento del cobre producido en Chile fue concentrado, la cifra aumentó al 38% en el año 2000 y llegó al 50 por ciento en 2020, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
En los concentrados de cobre no sólo está dicho mineral, sino que también es una gran fuente de minerales del grupo Platino (PGM), como oro, platino, paladio, el renio o el rodio (Rh), cuyo valor es diez veces más caro que el oro, situándose entre 388 mil y 434 mil dólares el kilogramo.
También ocurre con el Renio, que desde 2018 no se fiscaliza en los concentrados de Molibdeno, siendo un mineral muy cotizado por su resistencia a temperaturas extremadamente altas, por lo que es utilizado en la fabricación de piezas de turbinas de aviones o blindaje de naves espaciales. Su valor está actualmente entre 2.000 y 3.000 dólares el kg.
Pese a su importancia, estos minerales están excluidos de control en su paso por Aduana, como ocurre con el oro, plata y renio, cuya presencia no tiene que ser declarada en la exportación de concentrado de Molibdeno.
En 1928, cuando Enrique Mosconi defendió la nacionalización de los recursos naturales ante el parlamento argentino, además de dar cuenta de la importancia del control nacional y los riesgos de entregar concesiones de explotación, dio cuenta de un extraño personaje que defendía el capital extranjero. El ingeniero consideraba como “inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a éste con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino”.
Han cambiado mucho los valores de las autoridades desde entonces.
Por Mauricio Becerra R.
NOTAS:
- Alexander Sutulov. Minerales en el acontecer mundial. Universidad de Concepción, Concepción, 1975. ↩︎