El presidente peruano, Ollanta Humala, presentó la semana pasada ante el Congreso, la propuesta de iniciar un proceso de privatización de las empresas eléctricas. Bajo el argumento de la “modernización”, el Gobierno entregará el 49 por ciento de la soberanía energética a 16 empresas estatales, al igual que lo hizo con la petrolera Petroperú. La iniciativa se enmarca en el paquete reactivador neoliberal que presentó el pasado junio para la modificación en temas tributarios, laborales y ambientales que garantizan la inserción de multinacionales con la menor cantidad de trabas legislativas. De esta manera, el Gobierno peruano profundiza sus políticas neoliberales en concordancia con su alineamiento a la Alianza del Pacífico y las negociaciones del Acuerdo Trans-Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
En el marco de un nuevo aniversario de la independencia de Perú, el jefe de Estado emitió un discurso en el Congreso de la República en el que presentó la iniciativa de apertura del capital de las empresas eléctricas al sector privado con el objetivo de “permitir su modernización” y “ampliar el servicio eléctrico” a millones de peruanos.
“Para seguir involucrando a nuestros empresarios en el desarrollo de nuestro país, estamos introduciendo medidas para que el sector privado pueda participar en el capital de empresas eléctricas públicas para impulsar la modernización de estas empresas”, sostuvo Humala.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, detalló que la decisión implica una apertura del capital desde un 20 por ciento hasta un 49 por ciento en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).
Las compañías estatales afectadas en un principio serían: las 5 de generación eléctrica, Electroperú, Egasa, Egemsa, San Gabán y Egesur; y las 11 de distribución eléctrica, Electro Oriente (Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca), Electro Puno, Electro Sur Este (Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la provincia de Sucre en Ayacucho), Electro Ucayali y Electro Centro (Junín y Pasco, además de algunas provincias de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y Lima).
Cabe destacar que en el sistema eléctrico peruano, ya existe presencia del sector privado en 40 empresas generadores, 12 empresas transmisoras y 7 empresas distribuidoras.
La medida ya generó el rechazo del pueblo peruano, por lo que se espera una ola de protestas en el país. Los sindicatos expresaron su preocupación ante posibles despidos masivos y el alza de las tarifas.
Asimismo, el ministro de Economía adelantó que vendrán otras medidas para promover la inversión privada en el país, así como una revisión del esquema tributario peruano.
“Además de las medidas anunciadas por el Presidente de la República vendrán otras medidas para lograr que, progresivamente, el Estado sea mucho más asequible, pues la idea es que una empresa no sienta que operar en el país le es muy oneroso”, señaló Castilla, un día después del mensaje presidencial en el Congreso.
“No descartamos una revisión más exhaustiva del esquema tributario y otras regulaciones para que el país sea más atractivo a la inversión y no constituya un cuello de botella a la formalización”, añadió.
Perú en la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Trans-Pacífico
El avance de las privatizaciones de recursos estratégicos en Perú se aliena al intento de Estados Unidos de reforzar las políticas neoliberales en la región.
En este sentido, la Casa Blanca impulsó la Alianza del Pacífico –que integran Chile, Colombia, México y Perú -, un nuevo proyecto recolonizador y neoliberal en contraposición a la propuesta nuestroamericana representada en los bloques regionales como ALBA, UNASUR y CELAC.
A su vez, la Alianza del Pacífico, es parte integral de las negociaciones del Acuerdo Trans-Pacífico -compuesto por Estados Unidos, México, Canadá, Japón, Chile, Perú, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Brunéi y Vietnam-. Se trata de la ofensiva del capital transnacional más grande en las últimas décadas que proclama la apertura al acceso de bienes y servicios pero que también incluye a los servicios financieros, las legislaciones laborales, la desregulación sobre empresas y hasta la propiedad intelectual – y que incluye también las patentes de genomas de especies vegetales y animales para asegurar el saqueo corporativo-.