Balance sobre el Plebiscito Nacional de Salida: La derrota del «noviembrismo»

Por Javier Pineda Olcay

1. Introducción.

El domingo 4 de septiembre de 2022 se cerró un ciclo del itinerario constitucional con una contundente derrota para los sectores que apostábamos por las transformaciones a través del cambio de la Nueva Constitución. En esta introducción quisiera aportar datos sobre la derrota electoral.

El Rechazo a la nueva Constitución se impuso por un 61,86% de los votos (7.882.958 personas) contra un 38,14% (4.860.093 personas) que votó Apruebo. El quórum de participación alcanzó un total del 86% del padrón electoral (13.021.063 personas). Este quórum tan alto no se registraba desde la elección presidencial de 1989.

Esta derrota electoral contrasta con los resultados obtenidos en las elecciones del plebiscito de entrada y en la segunda vuelta presidencial donde triunfó Gabriel Boric. En el plebiscito de entrada el Apruebo obtuvo un total del 78.28% de los votos (5.892.832 personas) mientras que el rechazo obtuvo un total del 21.72% de los votos (1.635.164 personas). El rechazo en el plebiscito de salida obtuvo una votación mayor a la cantidad de personas que votaron en el plebiscito de entrada. Por su parte, el apruebo perdió un millón de votos respecto al plebiscito de entrada.

En la segunda vuelta presidencial Boric obtuvo 4.620.671 votos, mientras que Kast tuvo 3.649.674 votos. El apruebo en el plebiscito de salida incrementó su votación respecto a la votación de Gabriel Boric, aunque las encuestas señalan que cerca de un 13% de las personas que votaron por Boric en la segunda vuelta presidencial terminaron votando por el rechazo. 

Las encuestas, a pesar de sus deficiencias metodológicas, fueron más precisas que los estudios de tendencias en redes sociales. Todas aquellas le daban un amplio triunfo al rechazo, entre 6 a 20 puntos de diferencia, no obstante, ninguna se acercó a los 24 puntos de diferencia. Todas las encuestas fallaron al calcular el porcentaje de participación del padrón electoral. 

La “percepción política” también estuvo lejana a los resultados electorales obtenidos. Mientras algunos sectores creían que el Apruebo ganaría, otros pensaban que en caso de triunfo del rechazo este sería bastante estrecho (un porcentaje inferior al 5%). Los “apruebazos” masivos, incluyendo el de cierre de campaña en Santiago que congregó a más de medio millón de personas, generaron un ambiente de remontada que incluso fue alertado por los dueños de las encuestas, sin embargo, no tuvieron mayor incidencia en los resultados.  

Las regiones con mayor nivel de participación fueron en la zona centro-sur, con las regiones de O’Higgins (92.8%), Maule (91.8%), Ñuble (89.8%) y Biobío (88.2%). La Región Metropolitana tuvo un nivel de participación del 85.6%, mientras que la de Valparaíso un 86% y la de Coquimbo un 88.9%. Por su parte, las regiones con los menores niveles de participación fueron las regiones extremas como Aysen (71.9%), Magallanes (74.4%), Arica y Parinacota (78.5%) y Tarapacá (78.3%). 

El rechazo ganó en todas las regiones del país y sus mejores resultados los obtuvo en la región de Ñuble (78%). El apruebo sólo ganó en 8 comunas, concentradas en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Por el tamaño de su población, son relevantes los triunfos en Pedro Aguirre Cerda (54.9%), San Joaquín (53.9%), Maipú (51.1%), Puente Alto (51.0%), Ñuñoa (50.4) y San Antonio (50.0%), a los cuales se suman la isla de Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández.

El margen de triunfo de la opción Rechazo fue más amplio en las comunas pertenecientes al quintil de ingresos más bajos que en las de mayores ingresos en el país, alcanzando diferencias de 50 puntos porcentuales. En el quintil bajo diferencia en favor del rechazo fue por 50.1%; en quintil medio bajo de 42.7%; en quintil medio de 30.5%; en quintil medio alto de 28.7% y en quintil alto de 21.0%. A menores ingresos, mayor votación para el rechazo (Fernández y Guzmán, 2022).

La correlación entre mayor y menor nivel de ruralidad también ocurrió. A mayor ruralidad, mayor votación para el rechazo. En comunas de alta ruralidad la diferencia fue de 45%; en la de media alta ruralidad fue de 42.4%; mientras que en la de baja ruralidad la diferencia fue de 15.5% en favor del rechazo (Fernández y Guzmán, 2022).

También existe una correlación respecto a la votación del rechazo y la concentración de fieles evangélicos en ciertas comunas. En aquellas comunas con alta concentración de población evangélica la opción rechazo se impuso por una diferencia de 47.8% de los votos, mientras que en aquellas de menor presencia evangélica la diferencia fue de 29%. 

Finalmente, la conectividad a internet de las comunas también es una variable que tiene correlación con los resultados de la votación. Mientras mayor es el acceso a internet, mayor fue la votación para el Apruebo (diferencia de 20.3%), mientras que en las comunas con baja conectividad el rechazo triunfó por una diferencia de 42.7%. 

El triunfo electoral del rechazo es inapelable, por lo cual es necesario explicar las causas que produjeron este resultado. 

2. Aproximaciones a la derrota electoral

En un proceso constituyente como el que vive nuestro país no es posible explicar la derrota política y electoral por una sola variable, siendo necesario el análisis multifactorial. Algunos de esos factores son de carácter más estratégico, mientras que otras son propios de la campaña electoral. En todos ellos existe un grado de responsabilidad de las fuerzas políticas y sociales, ya sea por la incapacidad de enfrentar la amenaza, realizar virajes que amortiguaran los efectos perjudiciales de ciertas conductas o por omisiones. 

Entre los factores que incidieron en la derrota electoral encontramos los siguientes: (a) Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución; (b) la campaña de desinformación y de intoxicación mediática del Rechazo; (c) los errores propios de la Convención Constitucional; (d) los déficits en la campaña por el plebiscito de salida; y (e) las acciones del gobierno de Gabriel Boric. 

a. El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. 

El Acuerdo del 15 de noviembre de 2019 fue criticado por fuerzas políticas y sociales que para ese entonces estábamos agrupadas en torno a Unidad Social y que luego nos articularíamos en Movimientos Sociales Constituyentes y en el Comando de Movimientos Sociales. 

Para ese entonces, las críticas que realizábamos eran a lo menos tres: (i) el Acuerdo tenía problemas respecto a la forma en cómo iba a funcionar la Convención Constitucional, principalmente, respecto al quórum de dos tercios para la toma de sus decisiones; (ii) el Acuerdo no se hizo cargo de ninguna de las demandas inmediatas de la población, como incremento del salario mínimo y de las pensiones o fin a las alzas en el costo de la vida; (iii) el Acuerdo garantizó la continuidad del criminal Sebastián Piñera. 

Estos últimos dos elementos fueron los más críticos. El no aplicar ninguna medida sustancial que mejore las vidas de las personas, cuyas condiciones se han visto agravadas por la pandemia y la inflación, ha aumentado el “espíritu destituyente” de la ciudadanía, afectando también al gobierno de Gabriel Boric, a pesar de que lleva sólo seis meses. 

En cuanto a la continuidad de Sebastián Piñera no solo implicó la impunidad por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, sino que también fue un actor clave boicoteando el inicio del trabajo de la Convención Constitucional. Tanto fue así, que en la primera semana ni siquiera estaba habilitado el hemiciclo de la Cámara de Diputadas y Diputados para que la Convención Constitucional celebrara su primera sesión ordinaria. Esto ocurrió también con el presupuesto destinado a la Convención, el cual fue más de 10 veces menos que el que tienen instituciones como el Senado para funcionar durante un año. Además, desde el gobierno se instaló mediáticamente un discurso para desprestigiar el trabajo de la Convención, iniciando fuego cruzado apenas iniciada una semana de funcionamiento del órgano constituyente. 

Estos problemas fueron previstos cuando se firmó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, sin embargo, desde las fuerzas sociales no tuvimos la potencia para frenarlo o cambiar sus condiciones, salvo en la ampliación a la participación de independientes, escaños reservados de pueblos indígenas y paridad. Incluso, post 15 de noviembre se realizaron conversaciones para convocar a una nueva Huelga General, emulando aquella sostenida el 12 de noviembre de 2019, sin embargo, las organizaciones sindicales ya no estaban disponibles, pues el Acuerdo generó desorientación en las bases. La “solución” a todo lo que generó la Revuelta Popular se cristalizaba en la Nueva Constitución. Esto significó el fin del “octubrismo” como alternativa política para superar la revuelta popular, consolidándose la postura del “noviembrismo”, que implicaba seguir el itinerario institucional para cambiar la Constitución, lo cual nos hace parte de esta derrota.

b. La campaña de desinformación y de contaminación informativa del Rechazo. 

La campaña del rechazo comenzó apenas perdieron el plebiscito de entrada, aunque se hizo inapelable luego de los resultados de la elección de convencionales constituyentes, donde quedaron con menos de un tercio de los integrantes de la Convención Constitucional. 

Con el horizonte del plebiscito de salida con voto obligatorio, instalaron desde el primer día de funcionamiento de la Convención Constitucional el #RechazodeSalida. En una primera fase, los ataques fueron dirigidos a la Convención y a sus integrantes. El primer concepto fue señalar que eran flojos y que no habían redactado ninguna norma, para apuntar también con que se trataba de un “circo constituyente”. 

Esta idea de circo fue construida a partir de algunas declaraciones estridentes de constituyentes, los disfraces utilizados en la Convención Constitucional (fuera del horario de trabajo), el discurso con guitarra y el viaje del pleno a la ciudad de Concepción (“el circo está de gira”). A pesar del alto nivel de formación de sus representantes (en comparación al Congreso de Diputadas y Diputados, por ejemplo), incluyendo a prestigiosos/as constitucionalistas, se instaló en el sentido común que quienes redactaban la Constitución no estaban “capacitados” para hacerlo. 

El caso de Rojas Vade, publicado el 4 de septiembre de 2021, fue fundamental para consolidar esta posición, golpeando la credibilidad de toda la Constitución. A pesar de su renuncia inmediata a la vicepresidencia y posteriormente al cargo, y el reproche transversal realizado por todos los integrantes de la Convención, no fue suficiente para que el desprestigio recayera sobre toda la Convención. No obstante, si bien este episodio golpeó la imagen de la Convención, la evaluación de esta se recuperó después del triunfo de Boric y durante el verano, desplomándose en la semana del 25 de marzo de 2022. En estas fechas también se rechazaba en la Cámara de Diputadas y Diputados el cuarto retiro de los fondos de pensiones.

A partir de febrero, iniciado el debate constitucional en las comisiones temáticas y en el pleno, el discurso se trasladó hacia la “radicalidad” de las propuestas, llegando a interpretaciones absurdas, pero que instalaron consistentemente en medios de comunicación y redes sociales. 

Los principales golpes fueron dados a aquellas materias donde las propuestas eran robustas y fuertes: los derechos sociales. En materia de derecho a la seguridad social, instalaron la idea de expropiación de los fondos de pensiones y que ya no serían heredables; en derecho a la salud, instalaron la idea de que todas las personas tendrían que atenderse en el sistema público, eliminando las instituciones privadas, a pesar del contenido expreso de la norma; en derecho a la educación, instalaron la idea de que desaparecerían los colegios particulares subvencionados y que los padres ya no podrían elegir el colegio de sus hijos/as, a pesar de que estaba garantizado expresamente en el texto; en derecho a la vivienda, instalaron la idea de que las viviendas no serían heredables y que no se podría acceder a la vivienda propia, a pesar de lo robusta que era la propuesta en esta materia y que fue el resultado de la construcción de las propias organizaciones de pobladoras y pobladores. Más allá, señalaron que las casas no serían propias y que no se podría tener más de una vivienda.

En lugar de demostrar los avances en estas materias, nos arrinconaron y tuvimos que desmentir reiteradamente estas falsas interpretaciones que se habían instalado en el “sentido común”. Este “sentido común” se instaló desde la prensa escrita (portada de LUN con Bernardo Fontaine señalaba que los fondos no serían más de los trabajadores); canales de televisión, dando amplia cobertura a constituyentes de derecha o a “expertos” que defendían dichas posiciones; y a través del financiamiento ilegal que operó como campaña anticipada, donde difundían este tipo de información. Esto fue consignado por un reportaje de CIPER, que demuestra que entre el 25 de marzo al 1 de abril se instaló esta campaña que logró quebrar con la tendencia favorable al Apruebo y que le permitió al Rechazo pasar 10 puntos arriba en las encuestas, manteniendo dicha diferencia por los próximos cinco meses previos al Plebiscito. 

Todos estos fueron los principales “argumentos” señalados por las personas que votaron rechazo, que se pudieron constatar durante la campaña y que luego han sido publicados a través de entrevistas en distintos medios de comunicación. A ellos también se agregan aquellas materias relacionadas a la plurinacionalidad y la supuesta “división del país”; los sistemas jurídicos indígenas; las menciones a la diversidad sexual y los derechos sexuales y reproductivos. 

En el caso de la plurinacionalidad se ven resultados contradictorios. Mientras el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución tiene un amplio apoyo, el concepto de “plurinacionalidad” fue demonizado para sostener que los pueblos indígenas, principalmente el mapuche, tendrían “privilegios” por sobre el resto de la población. A lo anterior contribuyó la norma sobre sistemas jurídicos indígenas, que no fue comprendida por la población, a pesar de tener reconocimiento en el Convenio N°169 de la OIT, como también las autonomías territoriales indígenas, a las cuales se le asignó incorrectamente la calidad de territorios “independientes”. En esta materia parece sensato seguir el consejo del constitucionalista Martínez Dalmau, quien señala que “una Constitución no precisa declarar por escrito la plurinacionalidad, concepto teóricamente relevante pero difícil de explicar en el campo político. Es suficiente con incorporar materialmente su contenido, como los derechos de los pueblos indígenas o el reconocimiento de sus actos”. 

Esta confusión se produjo también con los conceptos de diversidades sexo-genéricas y disidencias sexuales, los cuales lejos de ser interpretados desde una perspectiva de derechos humanos fueron utilizados para señalar que la nueva Constitución “legalizaría” la pedofilia y la zoofilia, entre otras barbaridades. Esto caló profundo principalmente en los sectores evangélicos. 

La constatación de estos problemas comunicacionales no tiene por objetivo “esconder” parte del programa ni renunciar a demandas históricas de los movimientos sociales y pueblos indígenas. Solo es un llamado a ser conscientes del efecto que generan estas propuestas programáticas para desarrollar la estrategia comunicacional más efectiva para la defensa de estos temas.

Dado el impacto de las propuestas programáticas en el resultado electoral, algunos “intelectuales” y medios de comunicación (The Economist, The Washington Post, entre otros) calificaron la propuesta constitucional como una propuesta de la “izquierda woke”, es decir, de aquella izquierda calificada como “políticamente correcta” o “progre”. Este calificativo es usado por sectores conservadores – incluyendo sectores de la izquierda – para desprestigiar o sacar de la agenda las luchas feministas, medioambientales, indígenas, de la diversidad sexual, entre otras calificadas como “agendas identitarias”. Esta extrapolación para el caso chileno no es precisa, pues la perspectiva en que se construyó la agenda feminista y ecologista, por ejemplo, no fue identitaria, sino desde una perspectiva totalizante, que incluye un proyecto sobre cómo debiese construirse el nuevo Chile. Sin lugar a dudas, el “identitarismo” que abandona la “lucha universal” es un problema, pero este no fue el caso del proceso constituyente chileno. 

Aunque sí podría decirse que quizás en algunas discusiones se puso el foco en la transversalización plurinacional, feminista o ecologista, en lugar de haber puesto el principal punto comunicacional en el derecho sometido a la discusión. Pero este es un problema comunicacional, no programático como algunos lo han calificado. 

En definitiva, la estrategia de desinformación y de intoxicación mediática tuvo resultados en instalar un sentido común negativo respecto de la Convención Constitucional y la nueva Constitución que hizo a la mayoría de las personas que votaban por primera vez inclinarse hacia el Rechazo. Nuestro gran error fue no diseñar una estrategia que contuviera esto, siendo esperable que las élites políticas y económicas utilizaron su brazo mediático para ello, con el objetivo de frenar los cambios que significaba la aprobación de la nueva Constitución. 

Este déficit explica los principales motivos del Rechazo. Si bien hay cuestionamientos metodológicos a la encuesta CADEM y es difícil determinar porcentajes con este nivel de exactitud, nos permite tener un panorama general sobre cuáles fueron los principales motivos para que un 62% de las personas que votaron rechazaran la propuesta constitucional: 

“las principales razones para votar rechazo son que el proceso fue llevado de muy mala manera por los constituyentes (40%), y por la plurinacionalidad y autonomías indígenas (35%). Otras razones son la desaprobación al gobierno del presidente Boric (29%), la inestabilidad e incertidumbre que generaba la propuesta (24%), por las restricciones de liberad y propiedad privada en salud, educación, pensiones y vivienda (13%), porque el país va por mal camino en economía, delincuencia y el conflicto mapuche (13%). Otras razones son que no es necesario hacer una nueva constitución (12%), por los temas valóricos como el aborto y feminismo (8%), y por los cambios al sistema político (8%)”.

La incapacidad de hacer frente a esta campaña de desprestigio y de intoxicación informativa tiene antecedentes que son previos a la instalación de la Convención Constitucional: no contamos con el control de medios de comunicación de masas, ni a nivel de prensa escrita, radial ni televisiva. El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias y los diarios regionales de El Mercurio, tuvieron una consistente campaña a favor del rechazo. La prensa radial se inclinó rápidamente a desprestigiar el proceso, principalmente, luego de la discusión sobre el espectro radioeléctrico. En cuanto a los canales de televisión, a pesar del cambio de gobierno, TVN siguió con la línea editorial de Sebastián Piñera y La Red (único canal con línea editorial favorable a las transformaciones) salió de escena fruto de una crisis económica. En cuanto a las redes sociales, gastaron cientos de millones para difundir videos desde inicio del trabajo de la Convención Constitucional.

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En todos estos años, ni los partidos de izquierda ni las organizaciones sociales han destinado presupuesto para la construcción de sus propios medios de comunicación. Seguimos dependientes de los canales ya constituidos y los esfuerzos heroicos de medios digitales como El Ciudadano o Interferencia. Estos esfuerzos resultan insuficientes para competir de par a par con El Mercurio o La Tercera, menos aún contra el impacto que generan las radios y los canales de televisión. 

c. Diseño del proceso de trabajo de la Convención Constitucional y errores no forzados de la misma. 

El trabajo de la Convención Constitucional se programó sólo durante un año. La etapa de elaboración de reglamento fue demasiado amplia, restando tiempo a la discusión de fondo de la nueva Constitución, la cual comenzó con fuerzas sólo a partir de febrero y debido a la falta de tiempo, obligó a que en los últimos seis meses se trabajara de domingo a domingo. Los reglamentos aprobados, con la salvedad de los mecanismos de participación popular, no significaron un avance real en la democratización de la discusión. Iniciativas como el plebiscito intermedio eran buenas teóricamente, pero resultaron inaplicables por los estrechos tiempos que tenía la Convención Constitucional para sesionar. 

Nunca se pensó el diseño de discusión de las normas constitucionales en clave comunicacional, pues no permitió ir agendando “hitos” que nos permitieran tener una agenda de comunicación política sobre los principales temas de la nueva Constitución. La concentración de la aprobación de casi la totalidad de las normas en un plazo reducido de tiempo impidió su adecuada difusión y le dio espacio para que las mentiras se instalaran incluso previamente a la aprobación de las normas. Este es el caso de la jornada en que se aprobaron los principales derechos sociales, los cuales podrían haber sido agendados en distintos días para su aprobación, pero para ello era necesario un proceso distinto de tramitación de las normas constitucionales.

El apoyo gubernamental también fue escaso. Durante los primeros 8 meses, el gobierno de Sebastián Piñera asedió institucionalmente a la Convención, dificultando su trabajo. Pero con la llegada del gobierno de Gabriel Boric esto no mejoró, pues no hubo un apoyo presupuestario sustancial. 

La Secretaría Técnica fue conformada por funcionarios/as en comisión de servicio de otras instituciones públicas, principalmente de la Biblioteca Nacional del Congreso, pero fueron escasos para transformarse en un apoyo técnico que permitiera responder las solicitudes de cada uno de los convencionales constituyentes. Su tarea principalmente se redujo a la elaboración de documentos comparados con las distintas iniciativas de norma constitucional y posteriormente de indicaciones. En los casos de la Secretaría Técnica de Participación Popular y de la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena la situación fue más crítica, pues casi la totalidad de sus integrantes no tuvo dedicación exclusiva, lo cual dificultó la realización de su trabajo y la implementación de sus Reglamentos.

A las deficiencias institucionales se suman los errores no forzados de las y los convencionales constituyentes, los cuales fueron erosionando progresivamente la credibilidad sobre la Convención y permitieron que la estrategia de caricaturización realizada por las élites surtiera efectos. Entre estos errores, como ya hemos mencionado, encontramos el caso Rojas Vade; discurso con guitarra y votaciones en la ducha; declaraciones estridentes que no tenían ninguna posibilidad de transformarse en norma constitucional (i.e. derogación de todas las instituciones del Estado); críticas innecesarias a los emblemas nacionales, entre otras (estas acciones fueron realizadas por militantes de partidos políticos como por independientes). A esto se suma también las polémicas armadas por las convencionales constituyentes de la derecha más dura, que se transformaron en el “caballo de troya” para atacar constituyentes, especialmente de pueblos indígenas y para desprestigiar el trabajo al interior de la Convención Constitucional, creando periódicamente polémicas de las cuáles se hacían eco las redes sociales y los canales de televisión.

Para amplios sectores populares pareciera que esperaban que las y los constituyentes no fueran personas que se parecieran a ellos, sino esperaban personas que se manejaran en los temas de discusión y que “respetaran la dignidad del cargo”, recriminando aquellas actitudes que trivializaban y pretendían “chasconear” la institucionalidad. 

El vínculo con el territorio también se fue perdiendo en la fase de la discusión normativa. Desde febrero en adelante no se realizó ninguna semana territorial, hasta finales de mayo, debido a los ritmos al interior de la Convención. Esto significó que salvo casos excepcionales de constituyentes que utilizaban sus fines de semana para ello, se perdiera el vínculo con los territorios. 

Finalmente, la Convención Constitucional careció de una estrategia comunicacional desde su inicio. Sólo se intentó subsanar al final del proceso con la campaña “Una Constitución Justa para Chile”, pero fue una campaña que llegó tarde. En la fase pre-reglamentaria se constituyó una Comisión sobre Comunicaciones, pero no se lograron implementar sus medidas. TVN, en lugar de apoyar esta labor de comunicaciones, sólo ofreció un banner de la Convención Constitucional en su página web. No existieron programas televisivos ni en redes sociales que permitieran realizar pedagogía sobre el proceso constituyente, existiendo solamente instancias de debate donde en base a cuñas se intentaba defender una posición u otra. ANATEL, a pesar de haber ofrecido un espacio de transmisión en sus canales, nunca se hizo efectivo en todos ellos. La carencia de esta estrategia y los ritmos vertiginosos al interior de la Convención impidieron que el debate sobre las normas constitucionales atravesara de los muros de la Convención, terminando de desacoplar la discusión al interior de la Convención de los sectores populares.

Este déficit y errores no forzados pueden ser atribuidos a los integrantes de la Convención Constitucional con distintos grados de responsabilidad, pero es un hecho que uno de los principales motivos por los cuales las personas votaron rechazo, fue el descrédito de la Convención Constitucional. El 40% de las personas que votaron Rechazo lo habrían hecho por este motivo. 

d. Despliegue durante la campaña por el Plebiscito Nacional. 

La campaña del Apruebo se desplegó sólo una vez finalizado el trabajo de la Convención e iniciado el plazo legal para realizar la campaña, cuando probablemente ya se encontraba derrotada, según lo relatado en el apartado sobre la campaña de desinformación e intoxicación informativa desplegada por la derecha. No obstante, también hay elementos de campaña importantes de mencionar. 

El Apruebo tuvo dos grandes Comandos: el Comando “Aprueba x Chile”, conformado por los partidos de Apruebo Dignidad, organizaciones de la sociedad civil y los partidos del Socialismo Democrático; y el Comando de “Movimientos Sociales: Apruebo Nueva Constitución”, el cual agrupó a las principales organizaciones del país a nivel nacional. 

Uno de los principales problemas de la campaña fue la falta de un relato unificado, donde convivieron dos mensajes que produjeron confusión: un “Aprobar para Mejorar” y un “Aprobar para Implementar”. Este mensaje bifurcado incluso llegó a la franja televisiva, donde se transmitieron todos los días distintos mensajes. A diferencia de la articulación a nivel de despliegue general, en la franja los partidos y comandos tuvieron tiempos propios, existiendo la franja de la Democracia Cristiana (Apruebo x Ti); del PPD-Partido Liberal; del Partido Radical; del Partido Socialista; de Apruebo x Chile (Apruebo Dignidad); del Comando por el Agua; de los pueblos indígenas y la franja de los Movimientos Sociales.   

Esto contrastó con el mensaje de la franja del rechazo, quienes lograron agrupar a todos los partidos de la derecha, incluyendo al Partido Republicano, RN, Evópoli y la UDI, en una campaña “ciudadana” cuyo mensaje central fue el “rechazo con amor”. Fueron capaces de esconder a sus figuras que producen mayor rechazo en la ciudadanía, como Sebastián Piñera, José Antonio Kast, Iván Moreira, entre otros. 

Mientras que también se levantó la voz de la “centro-izquierda”, que de izquierda no tiene nada, a través de la articulación de “Amarillos por Chile” y los senadores díscolos de la Democracia Cristiana. Más allá de las críticas por la falta de ética a esta campaña y lo contradictorio de su mensaje respecto a su praxis política, lograron transmitir de mejor forma su mensaje. 

El presupuesto para las campañas también fue totalmente asimétrico. Mientras que las organizaciones del Rechazo recibieron más de 2.200.000 millones de pesos, el Apruebo sólo tuvo recibió 643 millones de pesos, de los cuales un alto porcentaje fue aportado por los partidos políticos. Los grandes empresarios del país fueron quienes financiaron la campaña legal del rechazo y, probablemente, también la campaña ilegal desplegada desde antes del proceso. En definitiva, tres de cada cuatro pesos aportados en esta campaña fueron para el Rechazo.

Como consecuencia de lo anterior, el pago en redes sociales, medios de comunicación digitales y radios se concentró por parte del rechazo, quienes monopolizaron el discurso mediático. 

En la única dimensión donde se vio un triunfo del Apruebo fue en el despliegue de los comandos territoriales, los cuales fueron conformados por voluntarios, a diferencia del Rechazo, quienes tuvieron que contratar a brigadistas para distribuir su propaganda. Asimismo, los “Apruebazos” lograron reunir a decenas de miles de personas a lo largo de todo el país, demostrando una amplia capacidad de movilización, que demostró que éramos much*s, pero no suficientes.

e. Rol del Gobierno en el Plebiscito de Salida. 

El gobierno fue incapaz de definir cuál era su rol en el plebiscito de salida, teniendo confusas acciones. En primer lugar, existió un voto de castigo contra la gestión del gobierno. Si bien puede ser bajo el nivel del electorado que votó por Boric en la segunda vuelta que se cambió de posición, lo cierto es que para los nuevos votantes este fue un factor que motivó su rechazo. 

Según la CADEM, un 33% de las personas que votó lo hizo para manifestar un rechazo a la situación política, económica y social del país, lo cual es atribuido al gobierno como rostro visible de la conducción del país. Y un 29% de las personas que votó rechazo, lo hizo como principal motivo por la desaprobación al gobierno del Presidente Boric. A pesar de los intentos de desmarcar el Apruebo del gobierno de Boric, esto no fue posible. 

Lo mínimo que se esperaba era la entrega de la propuesta de nueva Constitución para que la población votara informadamente. Si bien se distribuyeron gratuitamente un millón de ejemplares, estos fueron insuficientes para que toda la población pudiera acceder. Gran parte de la población que votó no pudo acceder gratuitamente al texto y no lo leyó. 

La Contraloría también jugó un rol importante, amedrentando la acción del gobierno una vez que se instaló en las oficinas de La Moneda para determinar si había intervención electoral. Lo mismo hizo con las Municipalidades, a las cuales les impidió realizar actividades relacionadas a la difusión del proceso constituyente. En el caso del gobierno, si bien no constató ninguna infracción, su presencia desactivó por completo a las autoridades gubernamentales. Gran parte de los Ministros no hicieron campaña electoral, a pesar de poder realizarlo fuera de su jornada de trabajo. 

El rol principal de todas formas radicó en el Presidente Gabriel Boric, quien se demostró poco asertivo en sus intervenciones, generando confusión. Si bien se manifestó a favor del Apruebo, puso en un plano de igualdad y legitimidad a las opciones del Apruebo y el Rechazo. 

El anuncio sobre la continuación del proceso constituyente en caso de triunfo del Rechazo, en lugar de significar un desincentivo para quienes querían votar rechazo, pero no querían que se iniciara todo el proceso de nuevo, se transformó en un aliciente para quienes querían votar rechazo, pero desean un cambio constitucional. 

Además, el resultado de su presión a los partidos políticos oficialistas para que llegaran a un acuerdo sobre reformas e interpretación a la propuesta de nueva Constitución, en lugar de aportar certezas generó más confusión. Incluso, permitió que se instalara el marco discursivo de la derecha, el cual señalaba que “la Constitución es mala, por eso la tienen que reformar”.

3. Conclusiones. 

1. La derrota política y electoral que tuvimos el día 4 de septiembre es responsabilidad de todos los actores que intervenimos en el proceso constituyente, aunque dicha responsabilidad es diferenciada según los roles, acciones y capacidades de cada actor. 
2. Esta derrota es una derrota del “noviembrismo” en tanto momento político que delineaba un itinerario para la generación de una Nueva Constitución. El “octubrismo” como momento político llegó a su fin cuando se consolidó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución e inició la pandemia. 
3. La derrota electoral no es una derrota del programa político que cristaliza la propuesta de Nueva Constitución. Esto se explica por las causas que generaron la derrota: (i) Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución; (ii) la campaña de desinformación y de intoxicación mediática del Rechazo; (iii) los errores propios de la Convención Constitucional; (iv) los déficits en la campaña por el plebiscito de salida; y (iv) las acciones del gobierno de Gabriel Boric. 
4. El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, el cual canalizó todas las expectativas de la Revuelta Popular en el cambio constitucional, sin incluir ninguna medida que mejorara la vida de las personas mantiene hasta el día de hoy una voluntad de “destituyente” que se expresó electoralmente en un voto de rechazo por la situación económica, política y social del país. Además, significó que el gobierno de Sebastián Piñera pudiera obstaculizar el trabajo de la Convención Constitucional durante 8 meses. 
5. La campaña de desinformación y de intoxicación mediática del Rechazo fue el factor gravitante en esta derrota. Desde el día de instalación de la Convención Constitucional comenzaron la campaña por el #RechazoDeSalida. En la primera etapa se dedicaron a atacar a la Convención y sus integrantes, mientras que en la segunda etapa atacaron con mentiras e interpretaciones absurdas el contenido de la propuesta constitucional, incluyendo aquellas más fuertes relacionadas a derechos sociales. 
6. El principal error de la Convención Constitucional fue carecer de una estrategia comunicacional efectiva que permitiera dar a conocer el contenido de la propuesta de Nueva Constitución. Además, acciones de sus integrantes (tanto errores de constituyentes “por el Apruebo” como los “caballos de troya del rechazo”) contribuyeron al clima de desprestigio como órgano y, por consecuencia, de su trabajo. Esto generó que una de las principales razones para el rechazo fuera la forma de trabajo de la Convención Constitucional. 
7. Estas dos primeros motivos provocó que el resultado del plebiscito estuviera prácticamente sellado desde abril, sin capacidad de remontar este escenario adverso para el Apruebo. 
8. La campaña del Apruebo comenzó tarde y se desplegó solo en los meses de campaña oficial. Tuvo menos de un cuarto del financiamiento que la campaña del rechazo y no tuvo capacidad de realizar propaganda pagada en los medios digitales y en las radios, como lo hizo el rechazo. La única dimensión donde se ganó fue en la movilización de voluntarios/as en los Comandos locales y en la masividad demostrada en los “Apruebazos”. El discurso fragmentado, entre un “Aprobar para Reformar” y un “Aprobar para Implementar”, sobre todo al interior del mismo gobierno, en lugar de ampliar el electorado, sólo produjo confusión. 
9. Las acciones del Presidente Gabriel Boric, que ligaron indisolublemente el destino de éste y del proceso constituyente, fueron un importante motivo para las personas que votaron rechazo. Sus declaraciones sobre la hipótesis de lo que ocurriría en caso de rechazar y su conminación para que los partidos políticos oficialistas llegaran a un acuerdo sobre las materias a reformar de la nueva Constitución demostraron no ser oportunas para la campaña. 
10. El proyecto de Nueva Constitución tiene elementos fundamentales para las transformaciones de nuestro país, los cuales son necesarios rescatar, pero con una estrategia comunicacional que haga sentido a las grandes mayorías del país. Este proyecto no fue derrotado en el Plebiscito Nacional del 4 de septiembre de 2022. 
11. Si bien la campaña de la derecha fue efectiva, no todas las personas que votaron “Rechazo” son de derecha, por lo cual será clave identificar las características de este nuevo electorado (más de 5 millones de personas) que no había participado en las elecciones de los últimos 20 años. 
12. La derrota electoral cierra un ciclo en el periodo político abierto por la Revuelta Popular de octubre de 2019, dando paso a un nuevo momento político defensivo, donde la derecha crece y dónde se definirá el proceso de cambio a la Constitución del 80, la cual sigue vigente. Dada la profundidad del debate, será abordado en un próximo documento.