Barreras para la participación en el proceso constituyente indígena

El 15 de diciembre pasado el congreso aprobó diecisiete escaños reservados para los diez pueblos indígenas reconocidos por el Estado chileno. Un logro histórico para las naciones originarias, que por primera vez participaremos en la redacción de la Carta Fundamental de la República. No obstante, pese a lo importante de este avance, el proceso ha estado marcado por la desinformación, la escasa difusión de parte del gobierno y medios de prensa, los errores sistemáticos de entidades como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y las barreras de acceso para numerosas comunidades rurales.

Desde la publicación de la Ley N° 21.298 en diciembre pasado, tanto el proceso de inscripción de candidaturas, como el registro en el padrón electoral indígena habilitado por SERVEL, han sido escasamente difundidos por el gobierno y los medios de prensa, reinando la desinformación incluso para las y los candidatos, quienes tuvieron poco más de una semana para la recolección de patrocinios e inscripción de sus candidaturas. Un proceso de tal trascendencia histórica merecía al menos una campaña de divulgación masiva por parte del gobierno, labor que han debido asumir con escasos recursos las propias candidaturas y organizaciones indígenas. 

Por otra parte, se han detectado numerosos errores en las bases de datos de CONADI, entidad encargada de informar al SERVEL el listado de electores habilitados preliminarmente para votar, de acuerdo al pueblo al que pertenecen. Son frecuentes los casos de ciudadanos que, pese a tener certificado de calidad indígena, no figuran en el padrón electoral como pertenecientes a un pueblo originario y estarían quedando sin su legítimo derecho a participar. Esto genera que dicha base de datos carezca de la validez necesaria para su uso, tanto en este proceso como, en cualquier otro análisis referido a los pueblos originarios. Al menos quienes se han percatado de este error, han podido corregirlo realizando la declaración jurada de autoidentificación. Sin embargo, el 11 de abril muchos se encontrarán con la desagradable sorpresa de no poder votar por su candidato/a  constituyente indígena, pese a estar acreditados en CONADI.                                                                                             

Desde la Comunidad Autónoma de Jóvenes Indígenas de Valparaíso, denuncian graves errores en la inscripción de varios de sus socios, figurando muchos de ellos en el padrón del SERVEL con un pueblo originario diferente al que pertenecen. Situaciones que no se han podido corregir estando en el plazo final de inscripción.

Finalmente, cabe destacar las barreras para la participación que han debido enfrentar numerosas comunidades rurales, cuya brecha de desigualdad se acrecienta con la masificación de las tecnologías de la información. A nivel país el 19.22% de la población no tiene acceso a Internet. En zonas rurales este porcentaje llega a un 39.43%, mientras en zonas urbanas representa un 16.28% (CASEN 2017). En un proceso donde ha sido fundamental contar con “clave única”, tanto para la inscripción, patrocinio y autoidentificación, se ha invisibilizado la realidad de comunidades indígenas que no cuentan con acceso a Internet, donde muchas veces la señal telefónica no llega y poseen bajas tasas de alfabetización digital. Pese a que se implementaron medidas alternativas, como declaraciones juradas notariales, o vía ministros de fe, la realidad es que en numerosas localidades no existen las notarías y los ministros de fe de CONADI han sido insuficientes, o no han estado disponibles para todas las comunidades. Esto es particularmente grave si consideramos que el 19.5% de la población indígena vive en zonas rurales (Censo 2017) y por ello preocupa su eterna postergación, frente a un modelo desarrollista que les ha dado la espalda. 

Sin duda el actual proceso constituyente y los escaños reservados han sido un logro de la lucha de las primeras naciones por dignidad y reconocimiento. No obstante, queda el amargo sabor del sesgo racista de las instituciones del Estado chileno, en medio de un contexto de criminalización de las legítimas recuperaciones territoriales y lucha por la autodeterminación levantada desde el Wallmapu y la intransigente respuesta de un gobierno que insiste en militarizar y endurecer la represión hacia el Pueblo Nación Mapuche.

Isabel Cayul-  Candidata constituyente por escaños reservados del pueblo Mapuche.

Pedro Cayul – Economista, Doctorante en Economía, The Graduate Institute, Ginebra, Suiza.