“Cuidar la Convención” no significa congraciarse con los dueños del país

Por Javier Pineda Olcay

Esta semana se ha desplegado una nueva ofensiva contra la Convención Constitucional, desde distintos sectores. Una primera crítica estuvo motivada por los problemas de comunicación entre la Convención y la ciudadanía, reflotados a propósito de la renuncia de Lorena Penjean, ex Directora de Comunicaciones, quien acusó falta de voluntad de la Mesa Directiva para un diseño de estrategia comunicacional. La segunda crítica apuntó a la “radicalidad” o “irracionalidad” de las propuestas presentadas por les constituyentes en materias económicas.

La primera crítica es acertada en cuanto a diagnosticar un problema de comunicación entre la ciudadanía y la Convención Constitucional. Pero las causas no responden a una mera falta de “estrategia comunicacional”, sino al acceso a los medios de comunicación. No es novedad: las radios y los canales de televisión se encuentran privatizados (o funcionan como medios privados, en caso de TVN). La información se entrega mediada por periodistas, pero principalmente por editores y dueños de los medios, quienes comunican lo que quieren comunicar. En ese sentido, la noticia sensacionalista causa mayor impacto que una noticia sobre el buen trabajo o el contenido de normas menos polémicas con amplios apoyos al interior de las Comisiones Temáticas.

Ejemplo de ello es la discusión sobre descentralización y regiones. Mientras los medios de comunicación destacan la “pérdida de poder de las regiones” que ocurriría en caso de eliminar el Senado, omiten o invisibilizan completamente los avances registrados en la Comisión sobre Forma de Estado, donde decididamente (apoyo superior a los dos tercios en todas las iniciativas) se está avanzando hacia un Estado Regional.

La Presidenta María Elisa Quinteros emite todos los días informativos sobre el trabajo de la Convención y, además, se realizan conferencias de prensa todos los días por la Mesa Directiva y por las y los constituyentes que presentan distintas iniciativas de norma constitucional. Sin embargo, gran parte de ese trabajo queda reducido a las redes propias de constituyentes y de los canales oficiales de la Convención, sin mayor tiraje.

En las últimas semanas se firmó acuerdo con ANATEL para lograr una franja donde la Convención puede comunicar directamente ese trabajo, lo cual podría revertir la situación. Pero no nos dejemos engañar: los dueños de los medios de comunicación, como el grupo Luksic y grupo Bethia no quieren que la Constitución cambie, por lo cual siempre encontrarán algún argumento para justificar el rechazo a la Nueva Constitución.

A pesar de ello, las Iniciativas Populares de Norma Constitucional lograron romper con el cerco informativo y se registró el apoyo de más de un millón de personas, doblando el número de patrocinios obtenidos por las candidaturas de personas independientes para la elección de las y los integrantes de la Convención. La actividad de las propias organizaciones con sus propias estrategias informativas fue clave para lograr una mayor amplitud y capacidad de movilización para reunir las firmas. Aunque también pesó el dinero en estas iniciativas. Algunas organizaciones, principalmente apoyadas públicamente por el empresariado, gastaron millones de pesos en publicidad para lograr mayor apoyo. Nuevamente fuimos testigos de un enfrentamiento que se da también al interior de la Convención: el poder del dinero y las élites versus el poder de los movimientos sociales y comunidades organizadas.

En cuanto al segundo tema, las iniciativas que han generado mayores críticas, son las propuestas en materia económica. “Se volvieron locos” o “destemplados”, han calificado distintos analistas de las élites algunas propuestas en materias económicas. Algunas de ellas dicen relación con la nacionalización de las industrias de bienes comunes estratégicos como el cobre, oro y litio;  otras buscan poner fin a los Tratados de Libre Comercio que sean contrarios a la Constitución y otras plantean el fin a los derechos de uso de aprovechamiento de agua, para tratar efectivamente al agua como un bien común inapropiable no transable en el mercado.

Estas no son locuras, son parte de las demandas históricas de los pueblos. Han sido parte del relato de los movimientos sociales, de los programas de las y los constituyentes y ahora solo se están canalizando institucionalmente. La política implica la búsqueda de acuerdos frente a posturas en conflicto y parte de ello implica transparentar las posiciones políticas.

En los últimos años la política institucional se acostumbró a no hacer política, sino simplemente a administrar un sistema impuesto por la dictadura y no a incomodar a los dueños del país. La Revuelta Popular rompió esa inercia y lo que estamos viendo en la Convención Constitucional es expresión de aquello.

Puede que varias de estas propuestas no logren los dos tercios o se “caiga” parte de su contenido en las votaciones en particular. Pero no pueden pedirles a los constituyentes que renuncien a hacer política bajo el mantra de “cuidar la Convención”. Si no queremos incomodar a nadie mejor nos vamos para la casa.

Si queremos cuidar la Convención Constitucional tenemos que movilizarnos y comenzar desde ya a preparar la campaña para el Apruebo de la Nueva Constitución. Esto implicará una primera fase de pedagogía popular, para transmitir cuáles son las discusiones más importantes y cuáles son las posiciones de los distintos actores sobre estas materias. Una vez ya redactado el borrador de la Nueva Constitución será posible avanzar decididamente a una campaña por el Apruebo, a pesar de aquellos que han chantajeado con preferir la Constitución de Pinochet antes de que se produzcan cambios sustanciales en nuestro país. A no perder ni un minuto.