El polémico historial de Harry Jürgensen Caesar, el preferido de la derecha en la Convención Constitucional

Por: Alfredo Seguel

Harry Jürgensen Caesar, ex diputado y ex intendente de la Región de Los Lagos, es Constituyente por la lista Vamos por Chile, quien fue postulado por sus pares a la presidencia de la Convención Constitucional el 4 de julio, con 36 votos en la primera ronda de votación, jornada donde fue electa con amplia mayoría la Constituyente Mapuche,  Elisa Loncón.

Jürgensen  fue electo para la Convención Constitucional por el distrito 25 con 19.332,  correspondiente a 19,33%, jurisdicción que contempla  las comunas de San Juan de la Costa, Osorno, Los Muermos, Frutillar, Purranque, Puerto Varas, Fresia, Puerto Octay, Llanquihue, Puyehue, San Pablo y Río Negro.

Este 7 de julio, la Convención Constitucional aprobó ampliar la mesa a 9 cupos, incluyendo dos para pueblos originarios y a pesar de los reparos de la derecha a tal medida, nuevamente vuelve a aparecer el nombre de Harry Jurgensen como alternativa para integrar la mesa directiva de la Convención. 

El constituyente Harry Jurgensen Caeser

El convencional constituyente por el distrito 25, nació en Osorno (1942), ciudad en la que ha sido un activo dirigente gremial desde la dictadura y político regional, fundador militante de RN ha ocupado diversos cargos, diputado entre 1994 y 1998, intendente entre 2018 y 2021 y actualmente constituyente por el distrito 25.

Vinculado al gremio agrícola y ganadero donde ha sido dirigente gremial y gerente de varias empresas del sector, vinculado en algunos directorios a la familia Von Baer.

A nivel local ha sido duro opositor a la protección de los ríos de Osorno en el Plan Regulador por los impactos económicos que produciría al Frigorífico de Osorno como directivo de la empresa.

Su hermano de Manfred Jürgensen primer médico civil condenado el 2016 como cómplice por la muerte del profesor Federico Alvarez Santibañez y colaborador de la CNI. (El Desconcierto y The Clinic). Su hijo Harry Jürgensen Rundshagen es diputado electo en las últimas elecciones en el distrito 25, militante RN fue parte el 2019 de quienes apoyaron Acción Republicana y el liderazgo de José Antonio Kast.

Conflictos como Intendente

Jürgensen fue intendente en la Región de Los Lagos desde el 2018 hasta marzo del 2021 y dos elementos podrían expresar su gestión. Por un lado, el giro de los últimos años del énfasis económico regional, donde se han incrementado los negocios y poder del sector ganadero predominante en Osorno y el Lago Llanquihue, con un exponencial incremento de las exportaciones de carne a China. Por otro, la autoritaria gestión de los conflictos locales de la región, como son  el caso de Essal en Osorno durante el 2019 que mantuvo a la comuna sin acceso al agua por varias semanas, la represión a manifestaciones multitudinarias en el marco del estallido social, la crisis sanitaria de todos los vertederos de la provincia de Chiloé y conflictos de conectividad.

A raíz de la grave crisis sanitaría que sufrió el archipiélago de Chiloé a fines del 2018, y que se sostiene hasta hoy, se evidenciaron las enormes irregularidades de todos los vertederos domiciliarios e industriales que existen en Chiloé. El conflicto inicio en la comuna de Ancud, fue el entonces el intendente quien decidió no abrir la posibilidad de trasladar la basura a la comuna de Puerto Varas en donde se encontraba el único relleno sanitario con posibilidades de recibir la basura, esto obligó a enviar la basura al sector de Dicham en la comuna de Chonchi en donde estalló el conflicto social que se mantuvo por meses y que aún se encuentra latente.

En la comuna de Osorno el derrame de 1.100 litros de petróleo al interior de la planta Caipulli, derivó en una grave crisis sanitaria dejó al descubierto el actuar de permanentes errores y sanciones de la empresa y la negligencia del entonces Intendente, la crisis escalo hasta el presidente.

Durante el 2019 otro conflicto estallo esta vez en la Isla de Quinchao con manifestaciones por los problemas de conectividad de las comunidades de la isla, el entonces intendente acudió al sector y fue retirado en lancha ante los bloqueos.

En febrero del 2020 las comunidades de Chaitén protestaron contra el entonces intendente, generándose un bloqueo de la ciudad luego que Júrguensen se retirara de una sesión de los CORE realizada en dicha localidad,  antes que la Alcaldesa pudiera exponer la situación que afectara a la comuna.

Conflicto de la basura en Chiloé y la responsabilidad de Jürgensen

Los graves conflictos a causa de la basura que afectan al archipiélago de Chiloé, se vienen extendiendo desde hace años, con intensidad desde el 2019, siendo intendente Jürgensen. Luego que el vertedero municipal del sector Hueicha, comuna de Ancud, fue clausurado tras 40 años de funcionamiento por las autoridades ambientales competentes, el gobierno regional no estableció políticas de coordinación con los municipios para resolver el depósito final de residuos, generando una severa crisis sanitaria y ambiental.

En Chonchi, en abril del 2019, la comunidad local que ya se oponía hace meses al vertedero industrial, acusando un uso mayor del terreno que la empresa tenía autorizado –pasando de 3 a 9 hectáreas- lo que aumentaría considerablemente la contaminación del sector, esto se agravó con el traslado de la basura de la Comuna de Ancud generando una reacción inmediata de los vecinos, quienes se movilizaron y tras no recibir respuesta del Gobernador Fernando Bórquez, cortaron la ruta 5 como forma de presión. La reunión con el Gobernador terminó sin acuerdos, así los vecinos y vecinas manifestaron que sus demandas no fueron escuchadas por el Gobernador provincial, y exigieron que el Intendente Regional, Harry Jürgensen, fuera el único interlocutor válido para dialogar.

El Intendente se pronunció confirmando lo que ya acusaban los vecinos hace más de un año sobre el vertedero, señalando a la prensa local que “el cierre se produce por incumplimientos sanitarios, siendo sancionados en más de 5 oportunidades por incumplimientos que han ocurrido, uno de ellos es que está funcionando en un espacio muy superior al espacio que contiene la resolución ambiental efectiva, otro es que no se están tratando como corresponde los lixiviados ni tampoco los depósitos de agua lluvia” tras esto el Intendente señala abrir un sumario sanitario al vertedero, esperando la resolución de las autoridades correspondientes para su cierre definitivo que debiera producirse en los próximos días.

El cierre definitivo contribuyó en el día de ayer a destrabar el conflicto y deponer la toma de la carretera. En este marco, Jürguensen logra desarticular una protesta que podría haber escalado a otro nivel, poniéndolo en un escenario con un complejo horizonte pues, ya se estaban realizando manifestaciones en otros sectores de la isla grande.

Sin embargo, el intendente no precisó con qué mesas de trabajo se estaban realizando las conversaciones, limitándose a decir que se efectuaban en la gobernación provincial y por otro lado, con la presencia activa de los alcaldes del archipiélago, quienes debían hacerse cargo del problema de la basura ya que es de los habitantes de Chiloé y de los turistas. 

De igual manera, el intendente no se refirió en lo particular lo referido al Petitorio entregado. 

Del mismo modo, el intendente expresa que el gobierno de Sebastián Piñera, tiene una preocupación fundamental en el cuidado del medio ambiente y de la calidad de vida de los habitantes, no obstante sin las movilización social que ponen una alerta sobre la problemática, éste no habría tenido la repercusión que conocemos, especialmente relacionado con las multas a la empresa, a la fuera de norma de las construcciones (recepción de obras municipales), ser receptor no tratados de desechos industriales tóxicos entre otros aspectos.

Por otro lado, el mismo hizo hincapié en que en Chile se debe garantizar el Estado de Derecho para todos, sin embargo, hasta antes del conflicto los reclamos de los vecinos no hubo eco a las demandas de ellos, quedando la duda sobre qué se entiende sobre estado de derecho y para quienes está garantizado, ¿sí sólo para las empresas y no para los vecinos afectados?

En este sentido, los municipios como Corporaciones Autónomas de Derecho Público en el marco de un orden constitucional y legal, donde el estado se define como territorialmente descentralizado o desconcentrado  y funcional,  no cuentan –en este marco constitucional- con los instrumentos legales y materiales para abordar con autonomía la resolución de estos conflictos con pertinencia a sus realidades locales y territoriales, lo que se traduce en la fuerte represión policial a la que fueron sometidos los manifestantes por parte de FFEE de carabineros en estos días. 

En la misma entrevista, el intendente señala que serán los alcaldes quienes deberán resolver el destino de su basura y solucionar en qué lugar se emplazará el nuevo vertedero, por lo cual Ancud deberá ver donde depositará sus desechos, quedando –al mismo tiempo- en duda los provenientes de la Provincia de Llanquihue. 

Se buscan soluciones para resolver el conflicto y no el problema, efectivamente, se puede discernir en que el problema de fondo no tiene solución en tanto, no exista una normativa participativa que integre a todos los actores, quienes sobrepongan los intereses y bienes comunes por sobre los particulares de empresas que están orientadas a la ganancia y el lucro como fin propio.   

Tampoco queda clara la diferencia, como fue tratado el conflicto, entre vertedero y relleno sanitario, ya que éste último considera estándares que significan diseño y elaboración de un proyecto que lleva varios años en su desarrollo, por lo tanto, el problema de fondo no se resolvería en lo inmediato. Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, en el cual se pretenden tomar múltiples medidas para reducir los problemas generados por otro método de tratamiento de la basura como son los tiraderos, dichas medidas son, por ejemplo, el estudio meticuloso de impacto ambiental, económico y social desde la planificación y elección del lugar hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del vertedero.

Por último, no se visualiza la generación de un Comité permanente por la Basura integrado por todos los involucrados y con la participación de la Subdere del ministerio del interior para la búsqueda de soluciones de largo plazo y no de parches.

Durante el 2019 y 2020, comunidades Mapuche de San Antonio de Huelden en Ancud, mantuvieron una férrea oposición a la instalación de un vertedero municipal “transitorio”, incluso varios de sus integrantes fueron reprimidos a causa de las protestas, bajo la dirección del gobierno regional.

La Municipalidad de Ancud, instaló durante el 2020 un vertedero o “Relleno sanitario transitorio” en el sector Puntra, en medio de la resistencia de habitantes, instalación considerada hoy irregular e ilegal, generándose un nuevo conflicto, donde el Gobierno regional, Harry Jürgensen, no contribuyó a la búsqueda de soluciones.

El caso de Essal: Osorno sin agua

La Empresa Sanitaria de Los Lagos (Essal) se encuentra en el ojo del huracán, esto tras la aguda crisis que sigue viviendo Osorno, la gota que rebalsó el vaso fue dejar a alrededor de 180.000 personas sin agua para su consumo, a dos semanas del corte sectores de Osorno aún siguen con el grave problema. Las osorninas y osorninos se movilizaron y alzaron la voz generaron presión social y una solución inmediata, pero la solución ha llegado de forma parcelada, ha goteras, la empresa ha ido parcheando el error cometido y aún no da solución a todos los sectores de la ciudad, irónicamente Essal está haciendo agua.

Si bien el problema de Osorno es de enormes consecuencias generando a las osorninas y osorninos impactos económicos, sociales, ambientales y también psicológicos, los cuales no pueden ser dimensionados por estar aún en shock, lo cierto es que no hablamos de un caso aislado, las sanciones de essal en las regiones de Los Ríos y Los Lagos en los últimos 5 años (2014-2018) según nos muestra la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) van en 33, esta misma semana el Tribunal Constitucional (TC) rechazó un requerimiento presentado por ex-ejecutivos de Essal tras ser acusados por la contaminación de río Clavito, también esta semana se expuso la responsabilidad de essal en la contaminación de la bahía de Ancud y el vertimiento de aguas servidas por una nueva falla en la comuna de Ancud.

El Gobierno negligente

Lo ocurrido se trata de un hecho inédito en los plazos y cómo no decirlo en las acciones del Gobierno, en el caso de Osorno el retraso para decretar alerta sanitaria y la entrega de información errática por parte del Intendente Harry Jürgensen, así tras la incapacidad del gobierno regional el problema escaló hasta la Moneda el Presidente Sebastián Piñera tuvo suspender un viaje programado a EEUU para acudir a la comuna, en una fugaz visita a la ciudad el Presidente Piñera llega a cortar la cinta anunciando “Podemos asegurar que el agua potable está ya disponible en todos los hogares de la ciudad de Osorno, ha sido probada y testeada una y mil veces”, pero su corta estadía más bien era una finta comunicacional y le ha salido el tiro por la culata al Gobierno, dos semanas y una sumatoria de antecedentes sobre el historial de Essal tienen a sectores del gobierno solicitando la caducidad de la concesión.  

El derrame de 1.100 litros de petróleo al interior de la planta Caipulli, derivó en una grave crisis sanitaria dejó al descubierto el actuar de permanentes errores y sanciones, el caso ya no es un hecho puntual sino algo extendido a las dos regiones en donde la empresa tiene concesiones (Los Ríos y Los Lagos), pero además es la misma situación que tiene una de las plantas productoras y distribuidoras de agua potable propiedad de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos. S.A (ESSAL) por lo que la ciudadanía ha quedado sin agua para su consumo desde el día jueves 11 de julio del 2019. Dicho derrame suma además una crisis ambiental ya que afectó también al Río Rahue que atraviesa la ciudad.

Lo anterior demostró la vulnerabilidad de la Sanitaria y su diseño, pese a la existencia de “protocolos” por parte de la empresa, el evento reveló la nula capacidad de reacción y significó la pérdida total del abastecimiento, perjudicando y amenazando la salud de la población y el normal funcionamiento de sus actividades. Por otro lado, las negligencias de sus representantes al no dar señales serias y con urgencia desde el primer momento quedan reflejadas en los hechos que se enumeran a continuación;

1.     La Empresa Sanitaria no dio la información de lo ocurrido con urgencia, hubo un desfase importante de tiempo entre la constatación de la emergencia y la información entregada a la ciudadanía. Que como consecuencia generó la distribución de agua contaminada fuera de cualquier normativa sanitaria  (NCh 409 – Calidad y Muestreo del Agua potable).

2.     Al darse cuenta de lo sucedido, la empresa irresponsablemente declara el restablecimiento normal del agua potable en 24 hrs, sin dar con seriedad y responsabilidad la información necesaria y reconocer  que las consecuencias del derrame implicaría tener al menos 6 días de desabastecimiento en primera instancia.

3.   La salida a la problemática se definió el día viernes 12 de julio del 2019 posterior a una reunión entre personeros de gobierno y la Empresa Sanitaria bajo una fuerte presión social, donde la empresa, bajando el perfil de lo sucedido, propone realizar una limpieza de los filtros contaminados, existiendo la posibilidad de instalar nuevos. Finalmente se adopta la segunda alternativa solicitada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Autoridades Locales y del Ministerio de Salud que de ser efectiva permitiría reestablecer el “funcionamiento normal” el día martes 16 de julio.

 La pérdida de soberanía sumada a la débil fiscalización que hoy tiene Chile frente a las grandes transnacionales productoras y distribuidoras de agua, se arrastra desde la creación del Código de Aguas en 1981 bajo la dictadura militar. Los años siguientes no cambiaron las cosas y la privatización de los servicios de agua potable aumentó desde el año 1993 con la venta de ESVAL, posteriormente bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei entre 1998 y 2000, y entre los años 2001 y 2004, bajo el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos se terminaron de privatizar las ocho empresas sanitarias restantes bajo la modalidad de Concesión. El remate final se realizó bajo el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera entre el 2010 y 2014 donde se venden las últimas acciones del Estado dentro de las Empresas Sanitarias quedando con una propiedad de 1% por parte del Fisco y 5% de CORFO.

Hoy Chile presenta además las tarifas más altas de agua potable en América Latina, pese a ser el mismo Estado a través de sus Municipios y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) el que gestiona y posteriormente financia las obras necesarias de distribución y conexión mediante las licitaciones de concesión de áreas operacionales. Es decir, todos costeamos la infraestructura necesaria para que obtengan ganancias que el año 2018 fueron 180% superior al año 2011, año en que la Sanitaria ESSAL pasa completamente a manos de privados y el fisco deja de percibir alrededor de $1.600 millones de dólares.

Organizaciones sociales interpelan al Gobierno y demandan recuperar el agua como un bien público

Diversas organizaciones sociales, políticas y vecinales que componemos la Asamblea Ambiental de Osorno han manifestado su descontento frente al actuar negligente del Gobierno, lo que fue expresado en una declaración pública, además están trabajando en acciones de presión social y de apoyo a la comunidad osornina.

Además, han puesto acento en la necesidad de revisar la privatización del agua, exponiendo que la empresa privada no es garante de un bien fundamental, así este incidente se sumaría a lo ocurrido en el 2015, 2017 y 2018, tres momentos en que la empresa ha tenido que interrumpir el suministro, y como consecuencia algunos sectores de Osorno han quedado sin abastecimiento de agua por períodos más cortos de tiempo.