El pasado 12 de diciembre, los partidos políticos con representación en el Congreso, desde la UDI hasta el PC, con excepción del Partido Republicano y el Partido de la Gente, pactaron el denominado «Acuerdo por Chile«, para encauzar y continuar el proceso constituyente.
Tras más de tres meses de negociaciones y un tira y afloja , se acordó que el nuevo órgano redactor estaría integrado por 50 personas, todas electas por votación popular, quienes trabajarían sobre la base de un «ante-proyecto» realizado por 24 «expertos» elegidos por la Cámara y el Senado (12 cada uno).
Hasta el momento el debate se ha centrado en el rol que cumplirán los expertos en el nuevo órgano constitucional, cuál será su aporte al nuevo texto y si actuarán o no como operadores de los partidos políticos.
Sin embargo, un aspecto muy importante a tomar en consideración es el de la participación ciudadana. Su incorporación es uno de los desafíos dentro de este nuevo proceso, porque representa un factor crucial para garantizar su legitimidad a corto, mediano y largo plazo.
En el anterior proceso desarrollado por la Convención Constitucional la participación ciudadana tuvo un rol protagónico.
Los encuentros autoconvocados, audiencias públicas, cuenta popular constituyente, jornadas nacionales de deliberación, foros deliberativos, cabildos comunales, semanas territoriales y la iniciativa popular de norma fueron parte de las herramientas implementadas para dar cabida a la voz y propuestas de la ciudadanía en el nuevo texto constitucional.
De hecho, a través de la iniciativa popular de norma se presentaron 2.456 propuestas de las cuales 78 alcanzaron las 15 mil firmas establecidas como requisito para ingresar formalmente a la discusión constitucional.
980.332 personas participaron mostrando su apoyo a alguna de las iniciativas ingresadas a la Plataforma Digital, que fue administrada por la Universidad de Chile, a través de su plataforma UCampus.
Ayer martes el Senado aprobó en general el proyecto de Reforma Constitucional que habilita el proceso constituyente, por lo que es de suma importancia definir las herramientas que se emplearán para que la ciudadanía también cuente con opciones de incidir en las normas constitucionales que se deliberen y voten en el futuro Consejo Constitucional.
Durante este mes de enero, en el seno del Congreso Nacional se definirá el reglamento que tendrán los nuevos órganos constituyentes y también se discutirá la forma que tendrán las herramientas de participación ciudadana para el nuevo proceso, con el fin garantizar que el próximo 6 de marzo, cuando se instale la Comisión de Expertos, se pueda contar con todas las reglas sobre la mesa.
¿Volverá la iniciativa popular de norma?
El abanico de herramientas a evaluar incluye la posibilidad de implementar una iniciativa popular de norma, la cual podría ser coordinada por la Casa de Bello, junto a la Universidad Católica, según se estableció en la moción presentada como reforma constitucional.
Para Rodolfo López Moreno, investigador de la línea Conflicto Político y Social del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), en este nuevo proceso se debe evaluar la posibilidad de incorporar «activa y verificablemente los resultados de los encuentros locales autoconvocados del 2016, y cabildos y audiencias de la pasada Convención».
«De este modo, es posible que el nuevo momento constitucional incorpore desde un inicio la opinión de la ciudadanía, aunque diferida», señaló en su columna de opinión: «Debate ausente: Participación ciudadana en el nuevo proceso constitucional».
Por su parte, académicas de la Universidad de Chile plantean que existe un consenso para la incorporación del proceso de iniciativa popular de norma, pero de una forma más acotada, tanto en sus contenidos como también en sus plazos para su ejecución.
Claudia Heiss, académica de la Facultad de Gobierno, señala que en esta oportunidad el proceso de iniciativa de norma debiese ser más breve y estar suscrito a temas que ya se estén discutiendo al interior de los órganos constituyentes:
“La idea de la iniciativa popular de norma es cierto que permite la participación ciudadana para proponer cosas. Sin embargo, creo que en el proceso anterior hubo algunas falencias en el mecanismo. Especialmente, porque la iniciativa popular permite movilizar a algunos segmentos que tienen preferencias intensas sobre temas específicos, y no plenamente representativas. Pero, aun así, creo que se pueden abrir espacios parecidos a la iniciativa popular de norma para el nuevo proceso, pero que tuviesen que ver con temáticas que ya se están discutiendo. El espacio de debate en este proceso será mucho más acotado que el anterior, no se va a poder plantear cualquier tema, porque el propio Consejo Constitucional no partirá de una hoja en blanco, sino que de un ante proyecto presentado por las y los expertos”, dijo, citada en un artículo de la Universidad de Chile.
A juicio de Heiss, una de los mecanismos para abordar esta iniciativa podría ser, por ejemplo, mediante las indicaciones.
“Lo interesante, por ejemplo, sería algo así como una iniciativa popular de indicaciones a la propuesta, para que la gente pueda pronunciarse sobre la forma en que los expertos están proponiendo un punto o la forma en que se abordó. Así, las personas podrían proponer que sea de otra manera y que esa sea la iniciativa popular que se planteé, algo bien específico que permita darle insumos al órgano constituyente para abordar una temática, pero conociendo la mirada ciudadana», explicó.
La también académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero, ese refirió a la importancia de considerar una tramitación adecuada para estas iniciativas dentro de la discusión que se lleve a cabo en los órganos constituidos:
“La iniciativa popular, como fue concebida en la convención pasada, tenía el problema que podía ser contradictoria; es decir, alguna iniciativa popular podía juntar las firmas, pero decir cosas distintas a lo tratado en la Convención. Creo que es importante que toda iniciativa que llegue de esta manera y con los requisitos que se establezcan tenga una tramitación que se vea y se argumente a favor o en contra de ellas, aun cuando puedan ser contradictorias con las bases o los bordes que se han definido», sostuvo.
Asimismo, indicó que es preciso «tener cuidado», ya que es un mecanismo que «puede ser muy útil, pero también puede generar bastante disconformidad para aquellos sectores que son más movilizados, que logran juntar firmas y congregar voluntad detrás de estas iniciativas populares, pero que finalmente no tienen incidencia, no se discuten o no son consideradas”.
Por su parte, Isabel Castillo, también académica de la Facultad de Gobierno, señaló como uno de los problemas de la iniciativa popular de norma, el hecho de que no logra representar de forma igualitaria a todos los sectores de la sociedad.
“Lo que se ha propuesto en temas como la iniciativa popular de norma, que existió en el proceso anterior, aparece como más fácil, menos costoso, pero me parece que no funcionó bien. Es un tipo de participación de muy baja intensidad: o sea un click, básicamente. Está herramienta sí da cuenta de la capacidad de movilización de actores ya interesados, y el gran problema del proceso fue justamente ese: no logró llegar a otros sectores. Por lo demás, en ciertos sectores causó frustración, porque esas iniciativas no eran vinculantes. Varias de ellas, y de las más votadas, fueron rechazadas. Ahora, me parece bien que no sean vinculantes, pues sería complejo incluir normas que no tengan que ver con el resto de la Constitución. Pero, en general, no me parece una buena forma de participación”, expuso.
Participación ciudadana para brindar legitimidad
Más allá de los aspectos positivos y negativos, as académicas coinciden en que las herramientas de participación ciudadana contribuyen a dar legitimidad al proceso constituyente a corto, mediano y largo plazo.
“Los mecanismos de participación tienen la virtud de ofrecer legitimidad a los órganos de representación, es decir, son un complemento al proceso de toma de decisiones que abre espacios a la ciudadanía y que, por lo tanto, eso tiene a su favor que las personas se sientan más participes del proceso y puedan legitimarlo a mediano y largo plazo. Esto es especialmente importante en un mecanismo que vamos a tener en la actualidad, que estará mucho más acotado y que reflejan mejor que los órganos de representación tradicional, entonces estos mecanismos de participación ofrecen mayor grado de legitimidad”, plantó María Cristina Escudero.
Al ser consultada sobre los elementos que se deben tener en consideración en el desarrollo del nuevo proceso constituyente con participación ciudadana, Claudia Heiss indicó que estos deben ser representativos de la diversidad que existe en Chile.
“La participación tiene que buscar ser lo más representativa posible de la realidad chilena, de la sensibilidad de los distintos grupos que viven en Chile, de las distintas visiones de la sociedad. Y para eso, se podrían utilizar mecanismos que han funcionado en otros países del tipo de foros de deliberación o asambleas ciudadanas con una metodología controlada; es decir, personas que sean electas, por ejemplo, de manera aleatoria, pero con una corrección de representatividad que garantice que habrá personas de regiones, hombres y mujeres y que será la muestra de la diversidad de Chile”, explicó.
Por su parte, la académica Isabel Castillo considera que una de las maneras para impulsar un proceso participativo es por medio de instancias de diálogo ciudadano, y se refirió al rol que ha cumplido la plataforma Tenemos que Hablar de Chile, en la cual participan la Universidad de Chile y la Universidad Católica.
“Lo que ya se ha hablado es llevar adelante un proceso, a través de las universidades, de los diálogos y del trabajo que ha hecho, por ejemplo, Tenemos que Hablar de Chile. Eso me parece mucho más relevante, porque allí hay un esfuerzo por alcanzar a sectores diversos, no hay un auto sesgo de selección y apunta mucho más al diálogo y a incluir grandes temas más que una norma, que es más bien específico. Este tipo de instancias, o como fueron en el proceso de Bachelet los cabildos, recogen más diálogo y se pueden agrupar en temáticas. Ahora bien, son difíciles de hacer por el tiempo. Tampoco sabemos bien cómo está el ánimo ciudadano, hay mucha gente que está poco entusiasmada con el proceso. Pero me parece lo ideal, porque lo que se hizo en Tenemos que Hablar de Chile ya cuenta con una metodología instalada, y a través de las universidades se pueden desarrollar los diálogos que puedan levantar cuáles son las expectativas de la ciudadanía. No tiene mucho sentido apuntar a normas tan específicas como las iniciativas populares”, señaló.
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