El convencional constituyente , Mauricio Daza, alertó sobre la estrategia aplicada por la derecha política y del gran empresariado -muchos de los cuales son dueños de medios de comunicación-para que la Convención Constitucional fracase en su labor de redactar la nueva Carta Magna y de esta forma se mantenga el texto de 1980, aprobado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
“Acá se ha instalado una estrategia que a mi juicio, es bien clara. Se vincula con los dos escenarios los cuales el proceso constituyente puede fracasar. Lo primero, nosotros tenemos hasta el 4 de julio del año 2022 para hacer nuestro trabajo. Esa fecha, por mandato legal, se acaba la convención automáticamente. Se disuelve de pleno, según la norma, un año después de instalada la Convención máximo, pues son 9 meses pero se puede pedir prorroga a un año”, explicó.
“Lo segundo, es que se pierda el plebiscito de salida, porque el texto que nosotros le vamos a proponer a la ciudadanía tiene que ser ratificado o rechazado a partir de un plebiscito, donde la votación será obligatoria. Ahora, obviamente quienes no quieren esta nueva Constitución se la están jugando por una de esas dos vías”, subrayó el abogado durante su participación en el espacio «Stock Disponible».
Indicó que el objetivo trazado por la derecha es obstruir a la Convención internamente y desprestigiarla externamente.
“Para que eso se concrete, se requieren de dos cosas: Lo primero, obviamente de denostar el trabajo que nosotros estamos haciendo (…) Desprestigiarlo con la finalidad de tener un mejor escenario para el plebiscito de salida. También existe otra modalidad, que es bloquear el trabajo que estamos haciendo al interior de la Convención, para que no lleguemos a tener un texto que sea consistente dentro del plazo de un año. Si llegamos al año como dijimos y no lo tenemos, esto se disuelve y no hay texto”, planteó el magíster en Derecho de la Universidad de Chile y En Derecho Procesal y Procesal Penal de la Universidad Diego Portales.
Sobre el cumplimiento del objetivo de desprestigiar a la Convención, Daza alertó sobre el papel que juegan los medios de comunicación que responden históricamente a los intereses de los grandes grupos económico, y que se han amparado y han crecido en la Constitución del 80′.
También se refirió a los sectores políticos, “que son afines a este modelo y se han beneficiado de éste, para denostar lo que nosotros estamos haciendo”.
Sobre el rol que juegan algunos medios dentro la estrategia trazada por la derecha, destaca el ejercido por Canal 13, propiedad del holding TV Medios del Grupo Luksic y operado por Secuoya Chile.
El pasado 23 de julio, este medio publicó que la Convención Constitucional ha gastado más de 2 mil millones de pesos en sus primeras tres semana de labores, incluyendo contratos de servicios permanentes y la ceremonia inaugural.
Desde T13 indican que aunque con ese gasto prácticamente se agotó la primera partida de recursos asignado, en el Gobierno explican que aún hay presupuesto disponible y que se asegurará el trabajo de los constituyentes.
Para contribuir con esta matriz de opinión, El Mercurio, recordó este lunes que el pasado jueves, la secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional, Catalina Parot, y el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez, acudieron a la Comisión de Presupuestos y Administración Interior del órgano constituyente para exponer sobre los gastos efectuados para el trabajo de los convencionales.
De acuerdo con El Mercurio, Pavez señaló que «le hemos pedido a esta comisión que nos ayude a tener una mejor coordinación, mejor eficiencia en el gasto, para atender todas las necesidades de los constituyentes», ya que desde La Moneda acusaron dificultades para lograr ejecutar el presupuesto y que están funcionando de manera poco eficiente.
Según este medio, propiedad de la familia Edwards, desde el Gobierno argumentan que la Ley de Presupuestos determina la obligación de la Convención de establecer órganos que administren los recursos» y eso no se ha creado; seguido por compras mal hechas y en poco tiempo, por lo que se dificulta planificar el presupuesto»
El Mercurio hace mención a que ha habido una «lenta la coordinación entre el Ejecutivo y la Convención», ya que se ha solicitado desde el Gobierno «entablar formalmente instancias de coordinación administrativa, respecto a la ejecución del presupuesto», según consta un oficio del 9 de julio, pero que ésta solicitud no ha sido respondida, todo esto en medio de acusaciones de gastos «excesivos» por parte del Ejecutivo.
«Si nosotros estamos gastando esa plata es porque no tenemos una instrucción distinta. Tenemos una instrucción que es mantener el estándar de la primera semana», respondieron desde La Moneda, pero criticaron que no se fijan instrucciones claras y que se ha utilizado el dinero en almuerzos -por ejemplo- que no están contemplados y que ha debido usar recursos del presupuesto destinado a «Bienes y Servicios», planteó este medio.
Ante los señalamientos de T13 y El Mercurio, el constituyente Mauricio Daza, aclaró que el “gasto de la Convención” ha sido decidido y ejecutado por el gobierno de Piñera, y recordó que se creó que una comisión de presupuesto «que va a revisar los contratos y licitaciones para ver si hay irregularidades en contratación y montos».
Asimismo, compartió una información revelada por el medio independiente NYC, en la que se señala que el gobierno de Piñera ha suscrito 19 contratos por $2.500 millones relacionados con la Convención Constituyente. De los cuales 10 fueron suscritos vía Trato Directo, es decir, sin un proceso de licitación de ofertas y a días o durante el desarrollo de la Convención.
El rumbo de la Convención
En su afán por desprestigiar el trabajo desempeñado por la Convención Constitucional, El Mercurio publicó este domingo un editorial en el que planteó que con tres semanas de funcionamiento, el órgano «no da aún signos de encauzar su trabajo hacia el cumplimiento de la tarea para la que sus integrantes fueron elegidos».
En el texto titulado: «El rumbo de la Convención», el citado medio se refiere a «la multiplicidad de señales equívocas respecto de cómo los miembros de la Convención entienden la labor que les ha sido asignada».
«Si la tentación soberanista, esto es, la pretensión de asumirse como una suerte de suprapoder con amplias facultades para «refundar» el país, ha aparecido en parte contenida -al menos, en las formas-, la adopción de resoluciones que exceden su ámbito arriesga volverse una constante», acusa el editorial.
El Mercurio critica la declaración sobre el indulto que fue aprobada por los convencionales y señala que las deliberaciones han fijado un estándar de una instancia que interpela a «otros poderes» y que les demanda «la adopción de resoluciones e interfiriendo así en sus áreas de competencia; esto, junto con pretender instalar una muy discutible interpretación de la evolución política más reciente».
Asimismo carga contra la votación para conformar transitoriamente una Comisión de Derechos Humanos, señalando que se le marcaron objetivos» tan desmesurados como el de establecer una verdad histórica» y funciones como la «proposición de medidas genéricas de reparación, cuya especificidad es propia de una política pública».
Otro de los puntos criticados por El Mercurio son los debates, señalando que «se ha visto ha sido una catarsis en la que se entremezclan la expresión de sentidas demandas con proclamas identitarias de distinto orden, a menudo radicalizadas».
Sabotaje a través del racismo
Sin embargo, en su editorial el diario pasó por alto que en los últimos días se ha detonado una serie de acusaciones de racismo, discriminación y denostación hacia derechos y representantes de Pueblos Originarios, en particular del Pueblo Mapuche, levantado desde la extrema derecha en el marco del proceso constituyente.
Parte de esta situación ha sido encarnada en las convencionales de Vamos Chile, Marcela Cubillos y Teresa Marinovic. La primera, señalando con respecto a escaños reservados y derechos indígenas que “No hay ninguna razón para que tengan ventajas o privilegios”; y, la segunda, señalando que las intervenciones en mapuzungun (idioma mapuche) de la Machi Francisca Linconao al interior de las sesiones de la Convención son un “Show”, indicando también a medios que “«No me interesa saber de los pueblos indígenas» y catalogando la lengua Mapuche de “dialecto” y a su Pueblo como “etnia”.
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Marinovic luego de una intervención de la Machi Francisca Linconao en lengua materna (Mapuzungun) traducida por intérprete al interior de la sesión de la Convención Constitucional que se desarrolla en la sede del ex Congreso Nacional, publicó en Twitter el 20 de julio: “Constituyente Linconao hablando en mapudungun… sabe hablar en castellano pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show”.
Pese a las críticas desatadas por sus declaraciones, durante una conversación con el programa «Bienvenidos» de Canal 13, la constituyente electa en cupo por el Partido Republicano reafirmó sus dichos y declaró: «No me interesa saber de los pueblos indígenas».
“Si yo quiero aprender a profundizar en los pueblos indígenas, si quieres te digo que sí, pero es falso. No me interesa aprender la lenguamapudungún. Tengo otros intereses”, respondió Marinovic ante una de las preguntas de los presentadores.
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Señaló que al utilizar la lengua de los pueblos originarios en la Convención Constitucional – que cuenta con 17 representantes indígenas –, se está utilizando el espacio para politizar, lo que a su juicio no responde al sentido del órgano encargado de redactar la nueva Constitución.
La machi y representante mapuche, Francisca Linconao, señaló que los dichos de Marinovic «han generado incitación al odio racial y denigración a sectores considerados como vulnerables», advirtiendo que también promueven situaciones violencia simbólica, «con alta carga racista y colonial».
La constituyente aseguró que la ley vigente y diversos tratados internacionales la habilitan a referirse a lo que desee en su lengua materna: «Estoy con todo el Derecho a mi favor cuando hablo en mapuzungün en mi rol como constituyente», afirmó en una declaración pública.
Por su parte, la constituyente mapuche Natividad Llanquileo manifestó que no le extrañan las «prácticas y actitudes de grupos obcecados dogmáticos, conservadores, reaccionarios, acostumbrados al abuso, con negacionismo y manipulación sobre DDHH y confabulación contra derechos de pueblos y Nacionalidades».
En una publicación en Le Monde Diplomatique, Llanquileo señalaba en mayo de este año: “No está demás decir que, seguramente, sectores vinculados al poder político y económico que ha dominado todo este tiempo bajo el amparo constituyente otorgado por la dictadura, en medio de su catarsis y decadencia, con diversos tentáculos y dimensionando parte de sus historiales de abusos, arrogancias, saqueos y opresión, con una absoluta incapacidad democrática, van a intentar de una u otra forma sabotear y conspirar contra todo avance transformador, por lo tanto los logros y conquistas van a tener que cuidarse dentro y fuera de la Convención”.
Para el Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos las declaraciones de Cubillos y Marinovic son parte de un contexto ideológico de sectores de extrema derecha que profesan el autoritarismo, el negacionismo, un falso patriotismo nacionalista, conservadurismo y populismo, “cuyas acciones se instalan para alinear a grupos a través del manejo de sentimientos primarios y la irracionalidad”.
“Es parte de un contexto ideológico de la extrema derecha, con una campaña orquestada desde antes de la instalación de la Convención y que busca aportillar el proceso constituyente. Llama la atención la campaña desplegada en redes sociales a través de lo que se podría denominar un ejército digital, incluyendo a ex uniformados y quizás en servicio activo, con directrices pre formateadas, con deslegitimaciones, maquinaciones, cizaña y denostaciones. Llama también la atención que estos grupos acusen por ejemplo a la mesa directiva de la Convención y a convencionales de Pueblos Originarios, de Movimientos sociales o de la llamada nueva izquierda, con denominaciones de totalitarismo, supremacistas, tiranía, dictadores, autoritarismo y de censuradores a la libertad de expresión”, señalan.
Para el equipo de trabajo por Derechos Colectivos, estos ataques no son al azar ni coyunturales. “Hay un comportamiento público de figuras políticas de este sector que asumen un rol y detrás, hay una acción orquestada que reúne a grupos formados que pretenden generar influencia en redes sociales, una distribución masiva de manera tendenciosa, con posicionamientos que confrontan y polarizan, lo que es engrosado con bots automatizados que muchas veces, al marcar tendencias e interacciones, les permite el acaparamiento de medios, es decir, la agenda pública. Por ello, responder a los discursos de odio bajo sus lógicas y superficialidades, sólo contribuyen a amplificar más las pautas de estos grupos neofascistas, ya que su objetivo no es el debate, sino una escalada saboteadora”.
La derecha corre el riesgo de ser irrelevante en el debate
El periodista Daniel Matamala criticó duramente la postura de los representantes de la derecha en la Convención Constituyente durante las primeras sesiones de la instancia.
En conversación con “Tolerancia Cero” de CNN Chile, el periodista cargó directamente contra Marcela Cubillos, quien ha acusado en más de una ocasión a la mesa directiva de “tiranía de una mayoría”.
“En vez de incidir en las votaciones, de estar en esa negociación, más bien esta semana sus constituyentes han hecho noticia por tuits incendiarios, por acusar un show porque una constituyente habló en lengua materna en la Convención o por llegar comiendo ‘Negritas’ (galletas) a la sesión”, condenó.
Matamala fue más allá y planteó que si la derecha “sigue atrincherada en ese rechazo a todo, corren el riesgo de ser totalmente irrelevante en esta discusión“.
Señaló que el camino de la salida se las mostraron sus propios votantes el domingo pasado durante las primarias, cuando les dijeron «vayan al centro, busquen a los independientes, vayan a los moderados del Apruebo porque ahí si hay un camino para la centro-derecha chilena’”.
“Si no le hacen caso a sus votantes van a terminar siendo una minoría pintoresca en la Convención, dedicados a comer Negritas mientras el resto de los constituyentes dibuja cuál va a ser el futuro del país”, afirmó el periodista.
Lejos de hacer una revisión de sus actos, Marcela Cubillos, respondió a Matamala a través de su cuenta en Twitter, acusándolo de intentar pautar a Chile Vamos.
“La audacia de @DMatamala diciendo lo que a la derecha le conviene hacer. Bien que trate de pautear a la izquierda, pero aconsejarnos a nosotros, no”, indicó Cubillos.
El obstruccionismo de 1823
En una entrevista concedida a Francisco Marín para El Ciudadano, el Premio Nacional de Historia (2006), Gabriel Salazar, se refirió a uno de los temas clave en el debate constituyente: la lucha de poder entre los que promueven el cambio y las demandas de la ciudadanía, y los que defienden los intereses de los grandes poderes políticos y económicos.
Salazar, quien ha estudiado con mucho detenimiento las revueltas populares y los procesos constituyentes verificados a lo largo de la historia de Chile, se refirió a la fuerza con que cuenta la clase política tradicional en el interior de la Convención suficiente para tratar de mermar las iniciativas de los independientes, de un sector importante de la lista Apruebo Dignidad, o de los mismos pueblos indígenas.
«Lo que está claro es que, cuando llegue el momento de discutir problemas álgidos, profundos, estratégicos, es indudable que esas 90 personas (que representan a la clase política) van a defenderse como gato de espalda», dijo.
“Para ese conflicto que se va a plantear dentro, no tenemos una mayoría aplastante, no es suficiente y eso va a implicar que, por más esperanza que tengamos, esa convención va a llegar a un punto muerto en que, frente a los problemas profundos (cuya irresolución es lo que nos han llevado al estallido y a este punto) va a haber un impasse, pues la oligarquía se defenderá a muerte porque la oligarquía corrupta está luchando realmente por su vida”, subrayó.
Salazar, considerado uno de los historiadores sociales más prolíficos de Chile, planteó que la única forma en que pueden actuar los ciudadanos que no se encuentran dentro de la Convención es desde la calle, «que es el lugar que nos asignaron a los ciudadanos desde el siglo XIX, cuando nos echaron de los cabildos, que eran las asambleas soberanas donde el pueblo gobernaba por sí mismo en las localidades (comunas)”.
En la entrevista, recordó que entre 1822-23, cuando los 40-50 cabildos locales (que abarcaban todo Chile) de la época derribaron la dictadura de Bernardo O´Higgins, exigieron la convocatoria de una asamblea constituyente libremente electa.
Em 1823, el general Freire -que quedó a cargo de la guarnición militar- organizó esa elección, que fue un modelo y se eligió una asamblea constituyente que entró a sesionar. Sin embargo, esta asamblea fue saboteada por la aristocracia.
» Dentro de esa asamblea, los cabildos provinciales eran mayoría y el cabildo de la aristocracia de Santiago era minoría. Pero la aristocracia era orgullosa, se sentía dueña del país luego que se fueran los españoles. Entonces, utilizaron una táctica que con el tiempo fue bautizada como ‘obstruccionismo parlamentario’ ¿No quieres que se tome una decisión? Practica el obstruccionismo parlamentario… hay muchos mecanismos, uno de ellos es alargar sesiones con los discursos, conversaciones, discusiones inútiles que hacen que se pierda el tiempo y así el proceso se alargue. Así, como en ese tiempo no había hoteles, ni moteles ni restoranes, la estadía en Santiago se complejizó mucho para los delegados provinciales. Estos eran objeto de burlas por la oligarquía de Santiago al no tener donde comer ni dormir (los bautizaron como “pipiolos”, aduciendo que tenían que comer de las migajas de otros como hacen los pollitos ‘pío pío’)», señaló el historiador.
“De esta manera, los representantes de cabildos provinciales se fueron retirando a sus localidades. Y ¿qué ocurrió?: que el cabildo de Santiago -que era minoría- con la retirada de los delegados de provincia se convirtió en mayoría. Al sentirse mayoría, dijeron ‘ya, ahora redactemos’. Decidieron encargar a don Juan Egaña, un jurisconsulto de la oligarquía de Santiago, que redactara, en base a lo discutido en esa asamblea, la constitución de 1823. Y el señor Juan Egaña fue a su casa, se encerró y redactó la constitución, que después, esta misma asamblea dominada por Santiago, aprobó. Ahí ven como, a través de trampas, la minoría de Santiago aprovechó e impuso su Constitución, redactada por la pluma de Don Juan Egaña que ahora tiene hasta monumentos”, acotó.
Salazar recordó que ante la Constitución impuesta, el pueblo salió a la calle a protestar.
«Ahí se mezclaron el bajo pueblo, los pobres; los artesanos (que no eran tan pobres), profesores y había varios jóvenes liberales de la clase alta pero que eran demócratas. Esa masa de gente ocupó todos los edificios del Estado: la Municipalidad, el Tribunal del Consulado, el edificio donde se reunía el Congreso Nacional y hasta a La Moneda llegaron. Fue un estallido social, para la época. Así, en el griterío que se armó, exigieron e impusieron, en primer lugar: la disolución de la asamblea constituyente de 1823; en segundo lugar, abolir la constitución de 1823, redactada por Juan Egaña, porque era aristocrática, eso dijeron; y, tercero, exigieron que se eligiera un nuevo Director Supremo, porque ya habían derribado a O’Higgins. Y eligieron por aclamación al general Ramón Freire que sí era partidario de la soberanía popular (…)Allí la ciudadanía tomó la sartén por el mango desde la calle, para poner fin a una asamblea constituyente que fue hecha espuria por la acción de los diputados de Santiago. Abolió un texto aprobado en esa asamblea (Constitución de 1823) y más encima designó un gobernador/director supremo que favorecería el proceso constituyente ciudadano», destacó.
“Cuento este detalle porque podría ocurrir con esta Convención Constitucional, algo parecido a lo sucedido con la Convención de 1823, porque aquí la minoría llámese derecha o clase política (que no es tan minoría, después de todo dentro de la convención), va a tratar de hacer todo lo posible para salvar lo más que pueda de la debacle que se le puede venir encima. Quizás no tienen tanto poder en términos de cantidad de convencionales, pero las leyes escritas les favorecen mucho más que el número de constitucionales», advirtió el Premio Nacional de Historia.
“Hoy todo el mundo sabe que los tratados internacionales de comercio, tienen sólidamente cimentado el modelo neoliberal. Eso lo van a defender a troche y moche. Y van a hacer cualquier trampa, cualquier engañifa, cualquier jueguito obstruccionista, para evitar llegar a ese punto. Ese es el momento en que la ciudadanía exterior va a tener que entrar en acción. ¿Qué puede hacer? Hay que inventar una estrategia pero, si no hay más, ahí está el ejemplo de 1823. Está clarito: desde la calle abolieron la Convención, designaron gobernante y convocaron a una nueva asamblea constituyente».
A juicio de Gabriel Salazar, aunque el órgano constituyente cuenta con un importante número de delegados independientes que representan las asambleas de base, el debate será tenso y lleno de conflictos.
«Esta vez los independientes no se irán para la casa, como en 1823, pero su lucha no tendrá salida legal, porque la ley defiende más a la derecha que al pueblo. Por eso que, en el conflicto de fondo entre soberanía y derecho, yo creo que hay que ir pensando qué vamos a hacer cuando se llegue a ese punto muerto en que el proceso deliberativo constitucional quede frenado», alertó.
Trabajo de la Convención en tres semanas de sesiones
Frente a los intentos de obstrucción de la derecha y la campaña de desprestigio orquestada por los medios al servicio de los grandes grupos económicos, la Convención Constitucional ha plantado las bases de lo que será su funcionamiento.
Al respecto, el constituyente, Mauricio Daza, brindó un resumen del trabajo realizado por órgano en su primeras tres semanas de sesiones.
«Nosotros hemos hecho un trabajo bastante intenso, esta semana nosotros hemos votado más de 70 veces normas de la Constitución. Nosotros ya tenemos un reglamento para los primeros 30 días, armamos una Comisión de Reglamento, una de Ética y una de Presupuestos. Esta última, ojo que está revisando las licitaciones que asignó el gobierno de Piñera en relación a la convención constitucional. También tenemos una Comisión de Derechos Humanos, Participación, Pueblos Originarios y Descentralización», explicó.
«Nosotros nos hemos colocado un plazo de 30 días de trabajo muy intenso, esto incluye audiencias públicas. Nosotros acabamos de aprobar la posibilidad de que las entidades, organizaciones de la sociedad civil y también personas, más universidades, institutos u organizacione, que tengan propuestas acerca del reglamento, no de la Constitución futura, puedan inscribirse a través de la pagina web de la convención constitucional y podamos escucharlos en la cComisión.
Ya empezamos a abrir una participación ciudadana», acotó.
Por su parte, la doctora y constituyente, Cristina Dorador, destacó que todos los acuerdos alcanzados, se dan luego de largas deliberaciones, en el que se escuchan las voces de todo.
“Detrás de cada deliberación, votación, propuestas, indicaciones, hay trabajo. Pensamos en conjunto, nos reunimos, redactamos minutas y documentos, estudiamos, etc. Han sido 3 semanas intensas donde además de las labores propias de la Convención nos hemos conocido y vinculado”, puntualizó.
La científica señaló que en los próximos días se elegirán a los coordinadores de las nuevas comisiones, además de que se votará la forma de elección “de quienes serán parte de la mesa ampliada (Vicepresidencias) para apoyar el trabajo de la mesa directiva”.
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“En estas semanas se han tocado temas importantes como sesionar en regiones, pronunciarse sobre los procesos de presas/os políticos de la revuelta, protocolo COVID-19, cuidados, entre otros. Cada comisión debe cumplir sus objetivos en 1 mes para tener un borrador de Reglamento”, recalcó la constituyente electa por el distrito 3, en un hilo publicado en su cuenta en Twitter.
Se espera que, una vez aprobado el reglamento, se comiencen los debates de la Constitución, el cual la participación ciudadana será un elemento clave y crucial.
De este modo, Dorador exhortó a la ciudadanía a inscribirse a las audiencias públicas, y así participar en la redacción de las normas de las comisiones de Reglamento y Ética.
De igual forma, indicó que próximamente se abrirán las inscripciones para que la población pueda participar en las otras comisiones.
Yo le recomiendo a las amigas y amigos que nos están escuchando que vayan a la pagina web de la convención y que se inscriban, si quieren, en lo que se vincula el reglamento. También vamos a subir ese formulario a través de Twitter.
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