Queremos Presencia Donde Ni Siquiera Somos Ausencia

Por María Belén Lagos Cordero

Tres millones de personas, misma cantidad de anhelos, sueños, problemáticas, ansias de cambiar un sistema… Tres millones de voces que merecemos ser escuchadas en un proceso histórico. Esa misma cifra sonaba fuerte en mi cabeza mientras en un seminario sobre discapacidad, escuchaba que “a veces, ni siquiera somos una ausencia”. Dicha frase hizo eco en mi mente por mucho tiempo, y es que, en ocasiones, no importa si alzamos la voz, si participamos en marchas o cualquier tipo de manifestación, si pertenecemos o no a un grupo social, si venimos hablando y señando; no se nos escucha, y cuando ocurre, se piensa que somos actrices y actores de un guión determinado por expertxs, familias, el Estado, la sociedad. Nuestro colectivo ha avanzado en todo aspecto en la consecución de derechos sociales, y aunque quedan muchos desafíos, sabemos que hoy en día las personas con discapacidad vivimos muchísimo mejor que quienes nos precedieron. En efecto, Chile ratificó en 2008 la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ante la exigencia de un grupo movilizado que buscaba equiparar a estándares internacionales nuestro acceso a una mejor calidad de vida. No obstante, en la reciente discusión sobre candidaturas reservadas en la convención constituyente, enmarcada nada menos que en el proceso que dictará una nueva manera de hacer política y de ejercer la democracia en Chile, apenas se nos menciona en un par de artículos y tweets. ¿Por qué?

La citada Convención garantiza en su artículo 29 la participación política de las personas con discapacidad, planteando primero el derecho al voto accesible, asistido de ser necesario, y autónomo, lo que ya constituye materia de discusión en un país donde la figura de la interdicción tiene plena vigencia, rigiendo los destinos y la capacidad jurídica de parte de nuestra población. Parece del siglo pasado ¿verdad?, pues no lo es, en nuestro país no todas las personas pueden ejercer el sufragio en condiciones de equidad, y no hablo solo de personas con discapacidad intelectual, cognitiva o psicosocial, sino también de quienes requieren altos grados de apoyo, y no pueden asistir a las urnas. Desde ahí nacen las desigualdades profundas que enfrentamos día a día en el goce y ejercicio de nuestro derecho a la participación política.

Por otra parte, la Convención establece en el mismo artículo que dicha participación debe ser plena y efectiva, ya sea directamente o mediante la acción de representantes libremente elegidxs. Para ello, los procedimientos, instalaciones y materiales deben ser adecuados y accesibles, en un país donde la infraestructura del Congreso Nacional no permite el ingreso y tránsito de todas las personas, donde no todas las sesiones cuentan con interpretación en lengua de señas chilena, donde el voto en braille comenzó a regir en 2012 y aún conlleva una serie de dificultades por las que las personas con discapacidad visual vemos truncada nuestra autonomía. Cuando nos preguntan cuáles son las razones de que las personas con discapacidad tengamos derecho a medidas de acción afirmativa que permitan subsanar en parte las barreras estructurales que no nos dejan acceder en plenitud a la representación, hablamos de esto y más.

En efecto, todo comienza desde la más temprana infancia, pensemos que la educación cívica en Chile era una asignatura independiente desde 1912, hasta que en 1967 desapareció como tal. No se repuso hasta 1980, en plena dictadura cívico militar, cuando se enseñaban conceptos como bicameralismo y democracia sin tener vigencia. Pues bien, si en todo el país fue complejo acceder a formación ciudadana, para las personas con discapacidad el panorama conllevaba mayores barreras, primero, en cuanto al acceso a la información, enseñanza diferenciada del currículum educacional, y en muchos casos, total carencia de promoción de la educación cívica en las llamadas escuelas especiales, donde es más importante lucrar que formar pensamiento crítico.

Cuando se habla de leyes de cuota, siempre se alude a la forma en que los colectivos han levantado estas iniciativas, y el caso de las personas con discapacidad no ha sido la excepción. Si bien existe una infinidad de modos de habitar la discapacidad, tantos como personas con discapacidad habitamos el territorio, la necesidad de acceder a los procesos de toma de decisiones es transversal, puesto que vemos con impotencia como la Constitución de 1980 no cuenta con una sola palabra sobre nosotrxs y el acceso a derechos, para que hablar de reconocimiento o de transversalización de la perspectiva de discapacidad, de las interseccionalidades con clase, género, etnia y nacionalidad, o de tantas otras demandas que venimos manifestando hace años. Todas ellas levantadas en una sociedad que nos convierte en objetos, no sujetxs de derechos, que se considera la más solidaria porque dona dinero cada cierto tiempo a instituciones que usan la caridad para reemplazar al Estado en la garantía de derechos como la rehabilitación y el acceso al más alto goce de salud.

Las personas con discapacidad no estamos pidiendo un favor, exigíamos el 10 por ciento de candidaturas reservadas dentro del proceso constituyente. Si aún les es difícil comprender que pedimos, imaginen que la coalición que más candidatxs al parlamento llevó a las elecciones de 2017 fue Chile Vamos, con 182; el Frente Amplio llevó 166. Si aplicáramos la cuota del 10 por ciento en este caso, habrían ido 18 y 17 candidatxs con discapacidad respectivamente a nivel nacional. Sin embargo, la comisión de constitución del Senado aprobó la indicación que plantea un 5 por ciento de candidaturas reservadas, esto sin considerar listas de independientes, con el fin de no incorporar más barreras de acceso en estos casos, es decir, tomando en cuenta el ejemplo anterior, lxs representantes con discapacidad constituirían la mitad de los números expuestos.

Un argumento para contrarrestar la cuota es afirmar, de manera desinformada y asistencialista, que no hay representantes suficientes, y que las personas con discapacidad no contamos con preparación para acceder a la convención constitucional, lo que, por cierto, no debería implicar cuestionamientos al tomar medidas de acción afirmativa. Considerando que somos 3 millones de personas, y que solo el colectivo nacional por la discapacidad agrupa a 150 organizaciones, dicho postulado sólo reafirma la falta de conocimiento de nuestras demandas, el modo en que las hemos levantado, y, sobre todo, nos lleva a pensar que en nuestro propio territorio ni siquiera somos una ausencia. Pese a lo anterior, seremos una ausencia que no se rinde, y si hay una expertise con la que contamos, esa es abrirnos las puertas en un país donde la discapacidad se nos atribuye a nosotrxs como personas, y no al entorno como debería ser. Si hay algo claro en todo esto, es que la organización continúa levantándose en nuestros territorios, y que, en la Constitución, no seremos ausencia nunca más.