Totalidad de escaños reservados de Pueblos Originarios con profundo rechazo a “estado de emergencia” en territorio Mapuche

"Un estado de emergencia constitucional que no hará más que profundizar la herida histórica, el espiral de violencia y la militarización en el Wallmapu"

Totalidad de escaños reservados de Pueblos Originarios con profundo rechazo a “estado de emergencia” en territorio Mapuche

Autor: Seguel Alfredo

Los 17 escaños reservados de pueblos originarios en la Convención Constitucional emitieron una declaración conjunta, manifestando su profundo rechazo al estado de emergencia de la macrozona sur y el wallmapu declarado el 12 de octubre – día de conmemoración a los pueblos víctimas del genocidio de la conquista- por parte del gobierno deslegitimado de Sebastián Piñera.

Denunciaron que esta medida no contribuirá en solucionar el conflicto instalado por el Estado Chileno; “la historia lejana y reciente nos da la triste certeza de lo que acontecerá. El despliegue de las Fuerzas Armadas como expresión del monopolio de la violencia estatal, hoy parece una maniobra distractora (…) Además, es una respuesta a los gremios empresariales que profitan de la usurpación del Wallmapu”.

“Realizamos un llamado público a los pueblos, a estar en estado de alerta y unidos/as ante posibles nuevas violaciones de derechos humanos, y para impedir la acción criminal del mal Gobierno de Sebastián Piñera, a quien exigimos su renuncia”.

A continuación, la declaración:

NO AL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL WALLMAPU

DECLARACIÓN PÚBLICA

Los 17 escaños reservados de pueblos originarios en la Convención Constitucional declaramos a la opinión pública nacional e internacional nuestro profundo rechazo al estado de emergencia de la macrozona sur y el wallmapu declarado este hoy 12 de octubre – día de conmemoración a los pueblos víctimas del genocidio de la conquista- por parte del gobierno deslegitimado de Sebastián Piñera.

Desde el inicio de nuestro trabajo como constituyentes representantes de pueblos y naciones originarias, hemos impulsado acciones y llamados a terminar con la represión a la protesta social, la desmilitarización del Wallmapu y el restablecimiento de condiciones de paz que privilegien la necesidad de lograr el necesario diálogo político. Día a día trabajamos por una solución integral, intercultural y a largo plazo, para abordar responsablemente la deuda histórica con los pueblos. No obstante, el gobierno ha decidido imponer una vez más, en oportunista y sin medir sus consecuencias, un estado de emergencia constitucional que no hará más que profundizar la herida histórica, el espiral de violencia y la militarización en el Wallmapu.

Denunciamos que esta medida no contribuirá en solucionar el conflicto instalado por el Estado Chileno; la historia lejana y reciente nos da la triste certeza de lo que acontecerá. El despliegue de las Fuerzas Armadas como expresión del monopolio de la violencia estatal, hoy parece una maniobra distractora de la acusación constitucional que será presentada en contra del presidente Sebastián Piñera, por los antecedentes sobre negociaciones incompatibles en el caso Dominga, dado a conocer por la filtración de los “Pandora Papers”, donde éste será investigado por delitos tributarios y de cohecho ante tribunales de justicia. Además, es una respuesta a los gremios empresariales que profitan de la usurpación del Wallmapu.

Resulta preocupante que los representantes del gobierno chileno no tengan la capacidad de leer los escenarios políticos y tomar decisiones a la altura que demanda este momento histórico. A pocos días de un nuevo aniversario de la rebelión popular que propició el actual proceso constituyente, y tras la lamentable muerte de una observadora de derechos humanos cuando se encontraba en sus labores apoyando una movilización mapuche, nos parece que esta declaración de estado de emergencia es una provocación a los pueblos. Se trata de un error político que sólo agudizará el conflicto que el Estado Chileno ha instalado en nuestros territorios y no solucionará la deuda histórica, los problemas de seguridad ni los problemas de fondo.

El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad de la población y de investigar eficientemente eventuales delitos, pero en un marco de respeto de los derechos humanos y por medios proporcionales al daño que se busca evitar. En este sentido, es urgente que el estado chileno inicie un camino de respeto y reparación de los derechos políticos y territoriales del de todas las naciones originarias, como una necesidad ineludible para el proceso constituyente de un Chile por fin democrático. No toleraremos que se vuelva a poner en riesgo la vida de nuestras hermanas y hermanos en manos de las fuerzas del Estado.

Machi Francisca Linconao Huircapán, Constituyente Mapuche

Elisa Loncón Antileo, Constituyente Mapuche

Natividad Llanquileo Pilquimán, Constituyente Mapuche

Rosa Catrileo Arias, Constituyente Mapuche

Adolfo Millabur Ñancuil, Constituyente Mapuche

Victorino Antilef Ñanco, Constituyente Mapuche

Alexis Caiguan Ancapan, Constituyente Mapuche

Margarita Vargas López, Constituyente Kawaskar

Lidia González Calderón, Constituyente Yagán

Luis Jiménez Cáceres, Constituyente Aymara

Isabel Godoy Monardez, Constituyente Colla

Eric Chinga Ferreira, Constituyente Diaguita

Isabella Mamani, Constituyente Aymara

Tiare Aguilera Hey, Constituyente RapaNui

Félix Galleguillos Aymani, Constituyente Lickanantay – Atacameño.

Wilfredo Bacian, Constituyente Quechua.

Fernando Tirado, Constituyente Chango.


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