A poco más de una semana de que se lleve a cabo el plebiscito de salida, un paradero ubicado en el centro de Santiago fue intervenido para denunciar el contenido de la propuesta de nueva Carta Magna, emanada por el Consejo Constitucional.
«Con la Kastitución, los corruptos, los narcotraficantes e incluso los papitos corazón vivirán de vacaciones», se puede leer en el afiche que fue colocado en el paradero.
La mayoría de las y los ciudadanos rechazaría la propuesta constitucional el próximo 17 de diciembre, tal y como revelan todas las encuestas publicadas hasta la fecha.
Cabe recordar que la instalación del Consejo Constitucional se realizó en medio de un escenario de descrédito y desafección por parte de la ciudadanía, tal y como revelaron distintos estudios de opinión.
El incremento de la desconfianza en el proceso constituyente desarrollado por los partidos políticos tradicionales, se debe en gran parte al hastío por parte de la población en la manera en que opera este sector y las instituciones.
A esto se suma que el texto incluye en su mayoría las propuestas presentadas por los consejeros del Partido Republicano y la UDI, cuyo contenido se aleja de las reivindicaciones que exige y espera la ciudadanía.
Riesgos de la «NarcoConstitución»
El texto propuesto ha desatado un intenso debate, con críticos que la han etiquetado como la «NarcoConstitución» debido a las preocupaciones sobre su potencial apoyo a delincuentes y su impacto en los informes Valech y Rettig, sembrando dudas sobre las intenciones tras este tipo de artículos.
Incluso, los abogados penalistas Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Tschorne, y Javier Wilenmann, de la Universidad Adolfo Ibáñez, tildaron al texto como una vía para “sabotear constitucionalmente la prohibición penal del narcotráfico.
Uno de los puntos más controvertidos del texto se encuentra en las garantías penales establecidas en el artículo 16.8. Este artículo establece que «ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella». Esta ambigüedad ha generado preocupación sobre la posibilidad de que narcotraficantes puedan utilizar este artículo para impugnar sus condenas, argumentando que la definición de estupefacientes se encuentra en reglamentos y no en la ley.
Asimismo, se ha señalado que la propuesta del Consejo Constitucional otorga beneficios a violadores, asesinos y criminales de lesa humanidad, especialmente a través de la enmienda conocida como «Punta Peuco». Según el artículo 16.4.h, las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total, siempre que se acredite conforme a la ley la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un “peligro actual” para la sociedad.
Otro punto que ha generado inquietud entre los críticos es el potencial impacto del nuevo texto constitucional en los informes Valech y Rettig, fundamentales para la memoria y justicia en Chile.
La enmienda propuesta en el artículo 14.a ha generado preocupaciones sobre la integridad y continuidad de estos informes, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si la «NarcoConstitución» podría poner en riesgo la memoria y la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Rienda suelta a los «Papito Corazón»
Uno de los principales puntos de conflicto dentro del debate que se generó en el Consejo Constitucional fue qué ocurriría con la “ley papito corazón” y las miles de madres que hoy se benefician con dicha norma.
Actualmente, la ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, conocida como “ley papito corazón” permite la retención de los fondos previsionales del deudor y su transferencia a la madre y/o tutor legal mediante una orden judicial. No obstante, la propuesta de nueva Constitución, en su artículo 16, N° 28, letra b), establece que las cotizaciones previsionales «en ningún caso podrán ser expropiadas o apropiadas por el Estado a través de mecanismo alguno», dejando así a la ley en una posición incierta.
De declararse inconstitucional la “ley papito corazón”, supondría un grave retroceso en materia de derechos para las infancias, puesto que hay factores que el Consejo Constitucional ignoró, además del económico.
Para el abogado de Familia, Pedro Cabezas, la posible inconstitucionalidad de este instrumento legal comprende “un retroceso profundo en todo lo que significa derecho a la infancia y la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes”.
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