Un juzgado de vigilancia penitenciaria de Cataluña acordó retirar este miércoles las medidas de semilibertad para cinco de los nueve líderes independentistas catalanes presos por el proceso político que llevó al referéndum de 2017.
«Se acuerda el efecto suspensivo de dicha calificación así como su tramitación preferente y urgente», comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En concreto, las personas a las que se retiran los beneficios penitenciarios son el ex vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva y Joaquim Form, además de los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
La retirada del régimen de semilibertad llega horas después de que la Fiscalía provincial de Barcelona interpusiera un recurso solicitando esta medida.
El régimen de tercer grado, concedido a estas personas el pasado 14 de julio, implica que los internos solo deben acudir a la cárcel para dormir de lunes a viernes, mientras que pueden pasar los fines de semana fuera de prisión.
En su recurso, la Fiscalía argumenta que esta medida vacía «en gran medida» el contenido de la pena que les impuso el Tribunal Supremo, a entre nueve y 13 años de prisión por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.
Por ello, el Ministerio Público pidió volver a clasificar a los presos independentistas como de segundo grado y dejar en suspenso los actuales permisos mientras se resuelve esa petición, algo a lo que accedió el juez.
La petición de la Fiscalía también se extiende también a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que recientemente también recibió un revés judicial porque el Tribunal Supremo le retiró los permisos para salir de la cárcel a hacer labores de voluntariado.
Está previsto que en los próximos días la Fiscalía decida también si presenta escritos contra la semilibertad de los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Todas estas personas fueron condenadas por su papel en la organización del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 pese a que fue prohibido por la Justicia.
En su recurso, la Fiscalía recordaba al juez que la conducta por la que se les condenó «fue muy grave, no sólo en términos jurídicos sino en términos de repercusión social e institucional, siendo la primera vez en la historia de la democracia española que se comete este delito (la sedición)».
El fiscal considera además que los exdirigentes del Gobierno catalán siguen creyendo que los hechos por los que fueron condenados no son constitutivos de delito, y pone como ejemplo varias de sus declaraciones públicas.
En ese sentido, la Fiscalía concluye que el régimen de semilibertad “muy lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad tanto en el interno como en la sociedad».
Por su parte, Oriol Junqueras respondió a través de un mensaje en redes sociales afirmando que “el tercer grado no es impunidad ni libertad” sino “un derecho penitenciario”.
A su modo de ver, el hecho de que se retiren esos permisos a los presos catalanes refleja que la administración española no busca justicia sino que “aplica venganza”.
Fuente: Sputnik
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