La Corte Constitucional del Ecuador, el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional, dio su visto bueno a la posible legalización definitiva del matrimonio civil igualitario y reconoce los derechos de las parejas del mismo sexo.
Este miércoles, el ente inclinó la balanza a favor de dos casos de consulta de la norma sobre la unión de hecho de dos parejas del mismo sexo, solicitada desde 2017, según informó la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI.
Se trata de un fallo del alto tribunal sobre la consulta de norma a partir de la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que beneficia, en principio, a reconocidos activistas del movimiento LGBTI.
La decisión sobre estos dos casos no autoriza el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Ecuador, pues aún requiere de continuidad jurídica y, desde luego, intensos debates mientras se sientan las bases para cambiar la situación de miles de parejas gais.
La primera pareja beneficiada por la medida está formada por el presidente de la fundación Equidad, Efraín Soria, y Javier Benalcázar, quien ha llevado una lucha por su unión desde el año 2017.
A finales de 2018, la pareja había solicitado inscribir su matrimonio en el Registro Civil, pero su derecho se les fue negado. Ellos presentaron un recurso a la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha y luego a la Corte Constitucional, demandando la posibilidad de aplicar la llamada «Opinión Consultiva 24/17 de la Corte-IDH», que en enero de 2018 se expidió sobre los derechos de la población LGBTI a la igualdad y no discriminación, identidad de género y derechos de familia.
En declaraciones a la agencia EFE, la pareja manifestó su emoción tras la resolución, que influirá «positivamente» en el país andino después de tanta lucha y discriminación.
«Vamos a dejar de ser ciudadanos de segunda para ser ciudadanos de primera y poder ejercer los mismos derechos», manifestaron los activistas beneficiados.
Del lado correcto
La segunda pareja llevaba diez años de relación sin “protección jurídica”, pero ahora que se les aprobó su petición, afirman que la Corte Constitucional se «coloca del lado correcto de la historia y finalmente amplía derechos» a la comunidad LGBTI.
«Creo que nos convertimos en un país un poquito más justo e igualitario” y con igualdad, justicia y dignidad, dijo la activista LGTBI, Pamela Troya.
La presidenta de la Federación Nacional de Organizaciones LGBTI, Dianne Rodríguez, consideró la resolución de la Corte Constitucional «un gran avance».
«Es un precedente legal», aseguró sobre una decisión que, a su juicio, puede contribuir también a que la violencia contra los miembros de la comunidad disminuya.
Por su parte, el abogado Christian Paula, quien lleva el caso, se congratuló de la decisión:
«La justicia ecuatoriana ha reflexionado sobre el avance de la historia de los derechos, ha tomado en cuenta la realidad y brinda luces al entregar a los LGBTI la ciudadanía completa finalmente», dijo al diario El Comercio.
Por sus derechos
Actualmente, en algunos países de América Latina las leyes afectan a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT), pero el concepto, los prejuicios y el nivel de aceptación hacia este colectivo varían bastante según el país o territorio mientras se evidencia un avance significativo hacia el goce pleno de sus derechos en la región.
Hasta finales de 2017 eran 23 los países del mundo que habían legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Empezando por la región sudamericana, se puede mencionar Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil como los países que permiten el matrimonio homosexual. Chile y Ecuador solo permiten la unión civil.
En México, tradicionalmente considerado machista, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional a nivel nacional la prohibición del matrimonio gay, pero en algunos estados aún no ha sido declarado legal.
Si bien existen algunas naciones que se han quedado ancladas en el debate estéril de si aprobar o no un matrimonio entre iguales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en 2018 que todos los países que formen parte de la Convención Americana de DD. HH. “deberán reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”.
Sin embargo, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
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