Entre el 12 de marzo y el 11 de abril, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de Ecuador recibió 6.819 llamadas de alarma por posibles casos de violencia de género, informó el titular de esa institución, Juan Zapata.
Con base en esas cifras, hubo, en promedio, 235 llamadas diarias por este motivo, precisó el funcionario, quien señaló que más del 55 % de esos pedidos de auxilio se realizaron desde Quito y Guayaquil, las dos ciudades más pobladas de este país sudamericano.
Concretamente, el 30,9 % de esas llamadas corresponden a la ciudad de Guayaquil y el 24,3 % a Quito, detalló, en entrevista con RT, Alexandra Jaramillo, coordinadora del Centro Integral de Protección de Derechos Warmi Pichincha.
«Este número es relativamente igual al realizado antes de la restricción de salida», dijo, por su parte, Pilar Rassa, del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna, una organización feminista que lucha por los derechos de las mujeres y niñas.
Jaramillo, entretanto, aclara que esta cantidad de alertas, comparado con el mismo período de 2019, es menor en un 37,2 %.
«Esta disminución no significa, necesariamente, que la violencia de genero haya disminuido, más bien evidencia la restricción que tienen las víctimas para realizar este tipo de llamadas en la cuarentena, sin ser escuchadas por el agresor o por los miembros de su familia», precisó Jaramillo.
La Defensoría Pública, por su parte, informó que, entre el 17 de marzo y el 12 de abril, durante la emergencia sanitaria y confinamiento —aún vigente—, brindó patrocinio legal en 2.061 casos, de los cuales, 422 corresponden a violencia intrafamiliar, que incluye la violencia contra la mujer.
«Un espacio lleno de tensiones»
Rassa señala que en Surkuna creen que el aumento de violencia en estos momentos es alto y «solo cuando esta emergencia termine, sabremos la magnitud del incremento».
«Hay quienes están obligadas a compartir el espacio de confinamiento con el agresor y al estar constantemente vigiladas por este, no les da la posibilidad de pedir ayuda, por tanto, el riesgo al que están expuestas es mucho mayor», comenta.
Dentro de las múltiples razones para que se incremente la violencia, Jaramillo señala que el principal motivo es «el incremento de la tensión en el hogar», dado que la mayoría de actos de violencia, sea física, psicológica o sexual, se da en el núcleo familiar.
Al encierro con el agresor, que han mencionado ambas especialistas, se le suma en el confinamiento otros agravantes, como la pérdida de trabajo, dependencia a sustancias, crisis económica, cuidado a menores, entre otros, enumera Jaramillo.
«El hogar se convierte en un espacio lleno de tensiones; las cuales pueden dar campo a que crezca la violencia«, sentencia la coordinadora de Warmi Pichincha.
El riesgo es elevado, señala Jaramillo, y menciona que estás mujeres pueden ser «golpeadas, insultadas, agredidas sexualmente y hasta asesinadas por sus parejas. La violencia de género se agudiza».
El control puede ser incluso más fuertes para quienes ya han denunciado con anterioridad y actualmente están confinadas con el agresor.
«Sus agresores las controlan, revisan su teléfono, les aíslan de la familia y amigos, no les dejan utilizar el internet, entre otras cosas, por ello muchas mujeres se ven en una muy limitada posibilidad de pedir ayuda», comenta Jaramillo.
OMS al tanto
El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ya ha advertido sobre este hecho, que se repite a nivel mundial.
«Lamentablemente, hay informes de algunos países de un aumento de la violencia doméstica desde que comenzó el brote del covid-19. A medida que se le pide a la gente que se quede en casa, es probable que aumente el riesgo de violencia en la pareja», dijo en una conferencia de prensa a principios de abril.
Adhanom recomendó a las mujeres que están sufriendo violencia en sus hogares a que «hablen con familiares y amigos que le apoyen, busque apoyo en una línea telefónica directa o busque servicios locales para supervivientes».
También les aconsejó hacer «un plan para protegerse a sí misma y a sus hijos de cualquier manera que pueda», eso, dijo, podría incluir la identificación de un vecino, amigo, pariente o refugio al que acudir en caso de que necesite salir de la casa inmediatamente.
Pedidos de auxilio
Tanto Surkuna como Warmi Pichincha, a las que se sumó el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) de Guayaquil, han puesto a disposición unas líneas telefónicas para el pedido de auxilio en caso de sufrir violencia. Los números son:
- CEPAM Guayaquil 0991113526.
- Surkuna 0999928032.
- Warmi Pichincha 0987427448.
Además, pueden comunicarse al ECU 911, que ha recibido la mayoría de las llamadas, así como al 1800 DELITO (335486), directamente a la opción 4.
Otra opción es descargar la aplicación del ECU 911, donde hay línea directa a la Policía y Fiscalía, mediante el botón de «violencia intrafamiliar».
Jaramillo invita, además, al resto de la ciudadanía a comunicarse a alguno de estos canales en caso de que observen u oigan escenas de violencia. «Si escuchamos gritos, golpes, entre otros sonidos, podemos hacer algo», manifestó.
«Canasta roja»
Particularmente en Warmi Pichincha, que está integrado por profesionales expertos en las áreas de psicología, trabajo social y abogadas prestos para atender a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género, activaron un código de emergencia, al que denominaron «canasta roja».
«Son las palabras que las mujeres violentadas deben utilizar para que, de manera coordinada, la Policía Nacional y funcionarios del Gobierno de Pichincha acudan al lugar donde se encuentra la víctima», explica Jaramillo.
Esa «canasta roja» puede ser activada por la víctima o cualquiera que conozca de un caso de violencia. Funciona así:
- Realiza la llamada (si es que la víctima puede hacerlo). Solicitará una canasta y se le preguntará el color. Deberá responder «roja».
- Cuando sea posible, se le requerirá la dirección de su domicilio, de lo contrario se activará al ECU 911 para que localice la llamada.
- Acudirán al domicilio funcionarios del Gobierno de Pichincha junto a la Policía Nacional, ECU 911, Fiscalía, 1800 DELITO y otras entidades gubernamentales.
- Se pondrá a buen resguardo a la o las víctimas, activando las redes de apoyo familiar o de ser necesario en casas de acogida.
En Surkuna, contó Rassa, a través de la línea habilitada, han recibido llamadas por violencia psicológica y consultas de a dónde deben acudir en caso de que algo grave pueda pasar. «Esto nos da las señales claras de que la violencia se está dando y de que ellas no denuncian, pero saben que en cualquier momento algo más grave puede pasar», señala.
Desde esta organización les asesoran, les dan a conocer todo lo relativo con el proceso legal y las acompañan en ese camino. Si la víctima quiere, les gestionan casas de acogida para que se puedan trasladar a esos lugares, porque la falta de recursos es una de las razones por las que la agredida se mantiene cerca del agresor y sigue poniendo en riesgo su vida.
Cortesía de Edgar Romero G. RT
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