Impedirían a violentadores llegar a cargos de elección popular en Puebla

El Congreso de Puebla podría retomar una iniciativa para que las personas sentenciadas por violencia y crímenes de género sean impedidas de ocupar cargos de elección popular en los servicios de salud, educación y seguridad.

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Este proyecto fue presentado en el Poder Legislativo de Hidalgo y en la entidad poblana es retomado por la diputada local Ruth Zárate Domínguez, quien la presentará el próximo periodo ordinario de sesiones.

En entrevista, la legisladora de Morena consideró que personas que han sido condenadas por dichos delitos serán inscritos en un padrón privado, para que los agresores no ejerzan cargos públicos, mientras que hizo énfasis en evitar que convivan con menores.

Para que se impida su participación, tendrán que contar con sentencias firmes, será la Fiscalía General del Estado (FGE), quien maneje el listado y sólo podrán acceder autoridades judiciales, ministeriales y electorales.

Propuesta original nace en Hidalgo

La iniciativa original fue presentada por la diputada morenista Vanessa Escalante Arroyo, con respaldo del encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, junto con la fundación Yo te Creo.

El texto indica que las personas podrían entrar al padrón de agresores por los delitos de feminicidio, violencia familiar, violación, así como embarazo no deseado, esterilidad provocada y disposición de óvulos o espermas sin consentimiento.

También contempla los delitos de abuso, hostigamiento, aprovechamiento sexual, violación a la intimidad y estupro.

Otras entidades que tienen un registro de agresores son Baja California y Ciudad de México, con la diferencia de que la propuesta enlistada en el Congreso de Hidalgo mantiene privada la información.

Foto: Agencia Enfoque

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