La comunidad LGBTI brasileña teme que con el nuevo escenario político, tras el triunfo de Jair Bolsonaro, homofobo declarado, produzca un retroceso a los avances de este colectivo, sobre todo en la legalidad de sus uniones en matrimonio.
“Retirar un derecho como el del matrimonio es imposible en un Estado de derecho”, tranquiliza Mario Solimene, uno de los pocos abogados de Brasil especializado en uniones homoafectivas. “Aunque muchos se están poniendo en lo peor”.
Denuncias de hostilidad cotidiana
Desde el triunfo de Bolsonaro, las agresiones y amenazas físicas se han multiplicado. Sin embargo, las muertes violentas entre la comunidad LGBTI ya se habían disparado un 30% en 2017, con 445 homicidios. Ahora se suma una nueva hostilidad cotidiana.
Este año, una víctima fue Priscila, travesti asesinada a puñaladas al grito de “Bolsonaro presidente” en el centro de São Paulo, el 16 de octubre.
Varios entrevistados citados por El País contaron haber sido amenazados de muerte con frases del estilo de “los maricones van a morir con Bolsonaro”, en la calle o en redes sociales.
“Estamos notando un recrudecimiento en la relación entre la comunidad y el resto de la sociedad”, alerta Claudio Nascimento, coordinador de la ONG Grupo Arcoíris. “Es fruto del discurso de odio del presidente electo. Se ha entendido una autorización para discriminar”.
Casarse supone una unión, entre sí, y con las instituciones. Una forma de resistencia. Por ello, Luanna y Deise celebrarán su boda sin la familia de esta última: son evangélicos y no aceptan que ella sea lesbiana, y mucho menos que se case. “Eso los que saben de la boda”, añade.
Por otra parte, el auge de los evangélicos en la política brasileña es solo uno de los elementos que ha elevado la tensión entre el colectivo y la sociedad.
El Tribunal Supremo brasileño declaró constitucional la unión homosexual en 2011 a raíz de una demanda. Dos años después, el Consejo Nacional de Justicia se basó en aquel fallo para obligar a las notarías del país a celebrar los matrimonios gays.
El Congreso, sin embargo, no ha aprobado ninguna ley que proteja ese derecho.
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