Este lunes 19 de agosto fue una fecha histórica para los derechos humanos en El Salvador y -sobre todo- para la reivindicación de los derechos de la mujeres. Ese día se hizo justicia con Évelyn Hernández, una joven de bajos recursos económicos que estaba encarcelada desde sus 17 años, acusada de homicidio por una emergencia obstétrica que le quitó la vida a su hijo aún sin nacer.
La hallaron culpable de aquel incidente espontáneo. Évelyn iniciaba así una condena de tres décadas, 30 años en prisión por supuestamente «haber matado a su hijo». Ese fue el alegato que presentó la Fiscalía general salvadoreña, la acusaba de haber abortado y cometido homicidio agravado.
Al momento de entrar a juicio, Évelyn tenía apenas 17 años. Meses antes había sido víctima de una violación cuando un pandillero de las maras salvatruchas abusó de ella. De ese acto criminal vino su embarazo.
Cuando tenía 32 semanas de gestación, abril de 2016, ya casi a punto de dar a luz, Évelyn sufrió una emergencia obstétrica mientras se encontraba en la letrina de su casa, ubicada en el departamento de Cuscatlán al centro de El Salvador. Ella se desmayó y perdió el conocimiento. El incidente ocasionó la muerte de su hijo no nacido.
La mamá de Évelyn la encontró en el lugar, tirada en el piso, ensangrentada. La cargó y la llevó al hospital local en Cojutepeque, una población ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de San Salvador, la capital del violento país centroamericano, uno de los que integran el Triángulo Norte Centroamericano, epicentro de mafias criminales que resguardan la cocaína producida por los narcotraficantes colombianos para luego distribuirla -principalmente- hacia Estados Unidos.
Dentro del centro de salud, las autoridades hospitalarias -sin preguntar nada a la madre de Évelyn- llamaron a la policía. Desde ese momento la joven salvadoreña perdió su libertad.
Inmediatamente se inició un proceso judicial para condenar a Évelyn, la Fiscalía estaba decidida a imponerle 40 años de cárcel por «homicidio agravado», una acusación que luego modificó a «comisión por omisión», que se produce cuando el acusado omite hacer algo en protección de otro.
Con base en argumentos poco claros, Évelyn terminó condenada a 30 años de prisión. El dictamen fue hecho en julio de 2017.
Pasaron más de dos años para que el caso de Évelyn fuera reabierto. Fue el pasado 26 de julio cuando el juez José Martínez informó sobre una nueva audiencia en tribunales con fecha de 15 de agosto, en vista de que el 15 de julio anterior un testigo que iba a declarar sobre el caso no se presentó.
Sin embargo, en octubre de 2018 fue que se decidió que el juicio contra Évelyn debía ser repetido, luego de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña anulara la condena de 30 años impuesta a Hernández por cuestiones procedimentales y debido a que un juzgado de apelaciones ordenó un segundo juicio.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ordenó a la Cámara Primera de lo Penal realizar un nuevo dictamen en diciembre de ese año. La Cámara pidió al Tribunal de Cojutepeque, capital de Cuscatál, que hiciera un nuevo juicio con un juez distinto. El 15 de febrero de 2019 se le dictaron medidas alternas a la detención.
En el nuevo juicio, la Fiscalía salvadoreña insistía en condenar a la joven de 21 años de edad, varios de ellos perdidos en este procedimiento que buscaba inculparla como homicida.
Durante el nuevo juicio, los fiscales argumentaron que Évelyn sabía que estaba embarazada y que «debía haber tomado las precauciones necesarias» para proteger a su bebé. Por esa razón debía recibir 40 años de cárcel.
Pero, para Évelyn aquella sentencia que cumplió por casi dos años ya no seguiría en curso. Finalmente, el lunes 19 de agosto, la joven salvadoreña víctima de una violación y de la Fiscalía de ese país, recibió verdadera justicia: fue absuelta de los cargos que presentó el Estado en su contra, cuando el juez del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, José Jurado Martínez, dictaminó su inocencia.
En las afueras del Centro Judicial Integrado de Ciudad Delgado, donde Evelyn recibió el fallo, grupos defensores de derechos humanos celebraron el su absolución. Resaltaban la decisión como una victoria para las mujeres desfavorecidas que a menudo son acusadas por la aplicación de una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo: la de El Salvador.
Otras mujeres son víctimas de la criminalización del Estado
Un reportaje publicado por The New York Times (NYT) destaca que El Salvador tiene una de las leyes más estrictas del mundo con respecto al aborto y lo prohíbe en todas las circunstancias, incluso cuando está en riesgo la vida de la madre.
Al respecto, varios movimientos feministas y grupos de defensa de las mujeres sostienen que la criminalización de las emergencias obstétricas es una consecuencia de dicha ley, porque convierte en sospechosa a cualquier mujer que experimenta una complicación durante el embarazo.
Pero el Estado salvadoreño va más allá de la propia ley, al punto que los fiscales abordan los casos de emergencias obstétricas como homicidios, en vez de abrir las investigaciones por el aborto, que de ser hallada culpable tiene una pena máxima de ocho años de cárcel, mientras que el homicidio llega a las cuatro décadas de prisión.
Agrega el trabajo del NYT que a los fiscales -en su gran mayoría- les gusta acusar a las mujeres de homicidio, y casos como ese tipo hay decenas en El Salvador, que terminan sobre la espalda de mujeres pobres, con mínimas condiciones de vida, poco acceso a educación y a los servicios de salud.
En ese orden, desde 2014 grupos de defensa de las mujeres identificaron a 25 mujeres que cumplían con sentencias de hasta 40 años en prisión por homicidio o intento de homicidio, luego de haber sufrido emergencias obstétricas.
Esto motivó a estos grupos a iniciar una campaña para liberar a estas mujeres, víctimas de las estrictas leyes salvadoreñas. Así, lograron que a 24 de ellas -encarceladas aún sin haber ido a juicio- se les retiraran los cargos o se les encontrara como inocentes.
El trabajo de estos movimientos feministas se vio reflejado en el trabajo de los abogados, quienes apelaron las sentencias una por una.
Por esta labor, en 2018, ocho mujeres fueron liberadas a través de cambios de sentencias o por absolución. En 2019, otras cuatro -aparte de Évelyn Hernández- fueron liberadas cuando se les conmutó la sentencia.
Pero, todavía existen otras 15 mujeres que siguen en prisión con sentencias largas y otras tres que esperan juicio.
En un comunicado, Morena Herrera, miembro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dijo que la absolución de Hernández “es una señal de esperanza para todas las mujeres que siguen encarceladas por crímenes que no cometieron por problemas de salud que jamás debieron haber sido enjuiciadas”.
El ‘aborto’ estigmatiza a las mujeres
La prohibición total del aborto en El Salvador conduce a una sospecha inmediata de las mujeres cuyos embarazos no terminan con un bebé saludable. En marzo de 2019, la Corte Suprema de Justicia conmutó la sentencia de prisión de tres mujeres que pasaron casi una década presas por el cargo de homicidio agravado, y ordenó su liberación.
La Corte dictaminó que se habían violado los derechos de esas mujeres y que las cortes inferiores no consideraron las barreras sociales y de género que enfrentaban. Luego, en diciembre, otro tribunal declaró inocente de “intento de homicidio” a otra mujer: Imelda Cortez.
Imelda había dado a luz en su hogar luego de quedar embarazada de su padrastro, quien durante seis años la violó de forma continuada. El día del parto estaba sola y perdió el conocimiento. Sin embargo, su hija nació saludable. Pero a pesar de esto, la Fiscalía la acusó de abandonar a la bebé y pasó 17 meses en prisión preventiva.
Cortez nunca supo lo que le pasó, la llevaron a un hospital porque necesitaba una transfusión de sangre urgente o moría. Ante las evidencias del caso, el juez dictaminó que no había forma alguna de que ella hubiera tenido la intención de abandonar a la niña.
En julio, la Agrupación Ciudadana, el Centro por la Igualdad y otros dos grupos de defensa de derechos humanos han presentado cuatro casos (entre ellos los de Hernández y Cortez) ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (ACNUDH).
“Con estos cuatro casos emblemáticos, esperamos que el Grupo de Naciones Unidas determine que El Salvador persigue y detiene arbitrariamente a mujeres que sufren emergencias obstétricas y/o partos extra hospitalarios, particularmente aquellas en condición de pobreza y ruralidad”, dijo Morena Herrera, activista de la Agrupación Ciudadana.
Paula Ávila Guillén, abogada y directora de iniciativas latinoamericanas del Centro por la Igualdad de las Mujeres en Nueva York, una asociación que trabaja con organizaciones en El Salvador, dijo al NYT que acusar a estas mujeres de homicidio radica en la dura ley antiaborto de ese país.
“El problema es que una vez que se usa la palabra aborto, estigmatiza por completo el proceso”, subrayó Ávila Guillén, quien agrega que “una vez que se usa la palabra aborto, no hay presunción de inocencia para una mujer”.
En 2018 hubo un intento de permitir el aborto en casos de violación y para proteger la salud de las madres, pero el proyecto fracasó en el Congreso y las posibilidades de flexibilizar la ley actual -que data de 1998- se han vuelto más remotas, pues los conservadores ahora dominan la legislatura.
Sin embargo, para Ávila Guillén, aún “hay señales de que las cortes han empezado a cambiar el modo en que evalúan los casos”, pero, “los fiscales continúan presentando cargos de homicidio por abortos”.
Las mujeres pobres son las más afectadas
Como el caso de Évelyn Hernández existen muchísimos otros, y no sólo en El Salvador, en Latinoamérica y el mundo. En su mayoría se trata de mujeres pobres, indígenas, sin educación por no tener las posibilidades materiales ni las oportunidades necesarias para instruirse. Estas condiciones las hace susceptibles a pésimas condiciones de vida y a los servicios de salud.
Otro caso parecido al de Évelyn es el de Teodora del Carmen Vásquez, quien estuvo privada de libertad en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, por culpa de la ley antiaborto que le robó más de una década de su vida.
Vásquez fue marcada como una criminal después de que comenzó a sangrar y dio a luz a un bebé muerto. Fue sentenciada a 30 años de cárcel por homicidio agravado y finalmente fue liberada cuando la Corte Suprema de Justicia determinó que no había suficiente evidencia para demostrar que había matado a su bebé, para eso pasaron 10 años.
“Este es el momento de hablar, es el momento de actuar”, dijo Vásquez al salir de prisión, lugar en el que se convirtió en vocera de al menos 20 mujeres acusadas y encarceladas por los mismos motivos. “Con la situación en la que estamos ahora, en unos cuantos años será un delito ser mujer en El Salvador”, agregó.
A pesar de tener en contra al propio Estado y a la ley, las salvadoreñas luchan para acabar con la prohibición del aborto. Los recientes casos, como el de Évelyn Hernandez, se han convertido en antecedentes y pruebas fehacientes de la injusticia que se reparte en El Salvador a las mujeres que a menudo y en la mayoría de los casos dan a luz en casa por no tener como pagar un centro hospitalario y terminan perdiendo a sus bebés.
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