El proyecto fue aprobado en diciembre pasado en la Cámara de Diputados y sancionado hace pocos días y por unanimidad en el Senado provincial. En su armado participaron varias organizaciones activistas por el derecho humano de la libre elección de género y sexualidad.
La ley intenta generar igualdad de oportunidades ante las dificultades que tienen las y los integrantes de este colectivo para conseguir trabajo por fuera del mercado sexual debido a la naturalización del sentido común y la discriminación.
“Por supuesto que lo siento como un hecho de discriminación positiva, eso lo reconocimos cuando se votó la media sanción en Diputados y dijimos que ojalá que, en esas bancas que nosotros votamos, dentro de 20 años haya diputados que digan que es una ley anacrónica, que es vieja y que no tiene sentido porque la sociedad está totalmente integrada. Como hoy eso no pasa, es necesaria una legislación para que esas compañeras y compañeros trans puedan tener acceso a un trabajo digno e incluirse plenamente en el sistema productivo, cultural y social”, declaró la diputada Nazabal al sitio Infojus Noticias.
Además, la diputada del FpV aclaró que esto era una falta dentro de la obtención de derechos para la igualdad de género: “Reconocemos las identidades, las validamos en los DNI, en los matrimonios igualitarios, en el acceso a la diversidad de la familia. Pero el colectivo trans, que tiene una vida de derechos vulnerada desde todos los lugares, que hasta hace muy poquito debía dejar tempranamente la educación porque los niveles de discriminación no permitían seguir, debe ser escuchado”, señaló.
Por su parte, Diana Sacayán, dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), una de las organizaciones participó en el armado de la ley asistiendo a las reuniones de Comisión, declaró que “es un reconocimiento a la historia de nuestras luchas, a los largo de los años. Hicimos algo que tenía que ver con políticas públicas y concretas de empleo, políticas que fueron positivas pero nos dimos cuenta que aun así faltaba algo”.
Es importante destacar que se sigue manteniendo el criterio de idoneidad para ocupar los cargos dentro del Estado y, además, no se discriminará entre los que hayan cambiado el género en su DNI y los que no lo hayan hecho. El colectivo LGBT, así, sigue luchando y obteniendo reivindicaciones después de años de indiferencia por parte del Estado en Argentina.
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