Uruguay: proyecto en el Congreso propone otorgar jubilaciones para la población trans

Las personas transgénero avanzan en la lucha por sus derechos en Uruguay. En ese sentido, recién ese año el Poder Ejecutivo uruguayo derogó un decreto de la dictadura que permitía la detención de personas para averiguación de antecedentes y la realización de razzias policiales, lo que ahora el Ejecutivo entiende que permitió «largos y arbitrarios períodos de detención de estas personas en comisarías» además de «tortura, maltrato y hasta violencia sexual», o incluso irrupción en sus hogares con fines de chantaje, según explica el proyecto de ley promovido por el ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El primer Censo Nacional de personas trans, que data de 2016, relevó un total de 873 individuos, pero la serie de beneficios no alcanzará a todos sino a aquellos nacidos hasta el 31 de diciembre de 1975, de acuerdo con la propuesta. «Los efectos de la persecución estatal fueron devastadores en la población afectada», dice la iniciativa, por lo cual con este proyecto lo que se busca es «un acto de justicia reparatoria».

Así, en caso de aprobarse esta ley en el Parlamento, las personas trans recibirán una reparación pecuniaria vitalicia e intransferible a partir de enero de 2018, sin exigirse una cirugía de reasignación sexual. De acuerdo con el proyecto, la misma será de tres Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) mensuales, equivalente a casi $ 11.000 uruguayos, tal como informa El País de Uruguay.

Para recibir las solicitudes y resolver sobre ellas se creará una comisión especial en el ámbito del Consejo Nacional de Diversidad Sexual. Para el resto de los beneficios, las personas trans nacidas hasta fines de 1975 deberán comparecer ante una comisión de amparo llamada Comisión de Cambio de Identidad y Género solicitando una adecuación registral de nombre y sexo.

La iniciativa también estipula que los tres Poderes del Estado, los órganos de contralor, los gobiernos departamentales, los entes y servicios descentralizados así como las personas de derecho público no estatal deberán destinar el 1% de los puestos de trabajo a ser llenados anualmente a personas trans.

El Censo 2016 detectó que estas personas en su etapa educativa «sufrieron un fuerte acoso cotidiano de docentes, funcionarios y compañeros» lo que hizo que «el 75% haya desertado de sus estudios, que el 60% tenga el ciclo básico incompleto y que la edad promedio de abandono del sistema educativo sean los 14 años».

Además, el proyecto sostiene que «la discriminación sufrida en su propia familia por los trans, genera su expulsión y desvinculación temprana del hogar en un 25% de las situaciones relevadas». Actualmente el proyecto enviado al Parlamento se encuentra en la comisión de Población y Desarrollo y se espera que sea tratado en las próximas semanas.