Con el propósito de restringir e impedir el abuso en la recopilación de datos personales por parte de los gigantes digitales, China adoptó una ley sobre la protección de la privacidad en internet, reseñó la agencia de noticias Xinhua.
El documento de ley responde al aumento en los últimos años de las estafas en internet, pero sobre todo a la creciente preocupación de los consumidores chinos por las filtraciones de datos o el uso de algoritmos.
Con esta nueva legislación, las empresas públicas y privadas tendrán que reducir al mínimo la recolección de información personal de los ciudadanos y obtener su consentimiento previo.
El Estado no se verá afectado, pues podrá seguir recopilando una gran cantidad de datos, por ejemplo, para rastrear a la disidencia política o aplicar su draconiana política de seguridad en la conflictiva región nororiental de Xinjiang.
Se espera que la ley ponga a raya a gigantes digitales nacionales como Didi (reservas de coches con chófer) y Tencent (videojuegos), criticados por el Gobierno en los últimos meses por recopilación indebida de datos.
El texto pretende impedir “el uso de datos personales con fines de elaboración de perfiles de usuario”, declaró un portavoz parlamentario. Además, busca evitar la “discriminación algorítmica”, una práctica común entre las empresas de venta en internet que ofrecen precios diferentes a distintos usuarios por el mismo servicio, en función de su historial de compras.
La nueva ley china sigue el modelo de la ley de protección de la privacidad en internet de la Unión Europea (UE), una de las más estrictas del mundo.
El texto establece que la información personal de los ciudadanos chinos no debe ser transferida a países con normas inferiores a las de China en esta materia, una prohibición que podría afectar a empresas extranjeras. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene una ley nacional de protección de datos.
En caso de incumplimiento de las nuevas normas, las compañías se exponen a multas que pueden alcanzar los 50 millones de yuanes (6,6 millones de euros, 7,7 millones de dólares) o incluso el 5% de su volumen de negocios anual.
Para las infracciones más graves, las autoridades podrán retirar a las empresas su licencia comercial u obligarlas a cerrar definitivamente.
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