Abogado Jaime Madariaga: «Alejandro Rodríguez es inocente”

Jaime Madariaga de la Barra (41 años), fue abogado de la documentalista Elena Varela, del escritor vasco Asel Luzárraga Zarrabeitía, de los lonkos Pascual Pichún Paillalao y Aniceto Norín Catrimán, y ha sido defensor en los casos de mapuches acusados de pertenecer a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Actualmente es el abogado de una decena de mapuches acusados por la Ley Antiterrorista, que permanecieron meses en huelga de hambre el año pasado. “Hoy todos están en libertad, pero los juicios aún no han terminado”, dice. Jaime Madariaga estudió derecho en la Universidad de Concepción y la mayor parte de su trabajo lo realiza en el sur.

“La verdad, eso es algo de lo que no me gusta mucho hablar. Son causas que llevo ante diversos tribunales, y también en el plano internacional”, agrega. Actualmente, es uno de los abogados de Alejandro Rodríguez Escobar, ex militante del Mapu-Lautaro, en prisión desde hace 9 meses.

Alejandro Rodríguez se encuentra en prisión en el Centro de Detención Penitenciaria Santiago Uno, en el Módulo de Máxima Seguridad. El 21 de diciembre de 2010 inició una huelga de hambre líquida, que mantuvo durante un mes, denunciando la ilegalidad de la prisión que lo afecta, la violación a las normas del debido proceso y de sus derechos.

Fue detenido el 30 de agosto de 2010 por la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente, de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), acusado de participar de un delito que jamás cometió. El Cuarto Juzgado de Garantía le ha concedido la libertad en dos oportunidades, criticando las “pruebas” aportadas por el Ministerio Público. El juez Jorge Norambuena Carrillo señaló, incluso, que los “reconocimientos fotográficos y la rueda de detenidos eran completamente ilegales”, agregando que “anteriores condenas -de 1999 y 2000- no serían consideradas como antecedentes de mala conducta por su Juzgado, porque fueron dictadas por tribunales militares que no respetaron las garantías de un Estado democrático de derecho”. Norambuena invocó convenios internacionales suscritos por Chile, estimando como “insuficientes e ilegales” las pruebas de la Fiscalía.

El día que Alejandro es acusado de participar en un robo de una camioneta, él se encontraba trabajando en una empresa de fotocopiado –Max Hüber-, donde cumplía horario. De eso hay constancias y documentos. A pesar que el Ministerio Público conoce la ilegalidad de las pruebas rendidas y lo absurdo de las imputaciones, persiste en inculparlo. Lo que se explicaría sólo por su condición de ex militante y ex preso político. “El proceso penal en su contra es un montaje que no tiene otro propósito que escarmentar y perseguir a luchadores sociales, que alguna vez, por su condición de militantes de movimientos de izquierda entraron en conflicto con la ley. Incluso en ese esfuerzo se le intentó vincular al ‘Caso bombas’”, afirman sus familiares y amigos en una carta dirigida al Instituto Nacional de Derechos Humanos que entregaron junto a la abogada Alejandra Arriaza Donoso, quien también participa de la defensa.

A los acusados del 14 de agosto se suman los del 30 de agosto. Alejandro no es el único inculpado por la Fiscalía. En la causa también se involucra a Patricio Gallardo Trujillo, ex preso político del Mapu-Lautaro, quien también permanece en prisión en el Centro de Detención Penitenciaria Santiago Uno.

“Soy un rehén del capitalismo, secuestrado por el Estado, privado de libertad… Espero lograr la absolución de todos los cargos que se me imputan. Aún me queda superar una instancia mayor, un Juicio Oral, en el que confío seré absuelto de la totalidad de los cargos, pues la Fiscalía no cuenta con ninguna prueba material que me relacione con algún ilícito. Mi defensa ha podido acreditar, con pruebas, documentos y diversos testigos, mi completa inocencia, echando por tierra las presunciones en mi contra y constatando los vicios y la mala calidad investigativa por parte de la Fiscalía y la PDI, que sólo se han aferrado de mi pasado político militante para mantenerme encarcelado. Estoy prisionero y criminalizado por actos cometidos hace más de 18 años atrás, y por los cuales cumplí casi 12 años de prisión efectiva y permanente, además de 6 años de libertad condicional”, dice Alejandro Rodríguez. “Mi caso, al igual que el de varios compañeros que tienen un pasado político, es una persecución, en la que buscan a través de nuestro pasado dar un peso político al mal llamado ‘caso bombas’. Pero, al paso del tiempo, queda cada vez más al descubierto como un montaje político, judicial y mediático que sólo busca nuestra criminalización”, agrega.

LOS PASOS JUDICIALES

-¿Cuál es la actual situación procesal de Alejandro Rodríguez Escobar? ¿En qué tribunal está y qué fiscal está a cargo de su causa?

-Alejandro tiene la calidad de imputado preso, y la causa es conocida por el 11º Juzgado de Garantía de San Miguel. Actualmente, el fiscal a cargo es Marcelo Vargas, de la Fiscalía Oriente.

-El juez Jorge Norambuena dos veces dejó en libertad a Alejandro Rodríguez argumentando que las pruebas estaban viciadas. ¿Cuál es su opinión?

-Efectivamente, el juez Norambuena lo ha dejado en libertad, pero la Corte de Apelaciones ha revocado lo actuado por el juez. Lamentablemente, en Chile no existe una forma razonable de hacer la diligencia de reconocimiento en ‘rueda de presos’. No puede olvidarse que la causa número uno de las condenas injustas es el reconocimiento errado de los testigos. No se trata de que los testigos estén mintiendo, sino que suelen cometerse graves errores en los reconocimientos que hacen estos testigos. Sobre eso hay muchas experiencias, no sólo en Chile sino en todo el mundo. Y esto se acrecienta en casos como el de Alejandro Rodríguez, en que no se realizan estos reconocimientos conforme a ningún protocolo y normalmente se usan preguntas como ‘cuál de estas personas es la que cometió el delito’, sin que se ofrezca la alternativa de que ninguna de las fotos que se exhiben sea del autor del delito.

-A su juicio, por qué Alejandro sigue detenido. ¿Tendrá algo que ver su pasado como militante del Mapu- Lautaro? ¿Se podría hablar de otro montaje?

-Acusar montajes puede no ser siempre una buena idea porque más allá de que sí exista un montaje, el afirmar su existencia obliga a demostrarlo y eso no siempre es fácil, por más evidente de que se trate de un montaje… Y si no se prueba, esa tesis puede terminar perjudicando al defendido. Efectivamente, Alejandro continúa preso más por su pasado que por lo que se le acusa.

-Se le acusa por la Ley de control de Armas y Explosivos pues se encontró en su domicilio el casquete vacío de una bala, que le fue entregada por una persona para que le hiciera un colgante en su calidad de artesano orfebre. Quien le encargó ese trabajo realizó una declaración jurada que fue entregada en el tribunal. También se le acusa del robo de una camioneta, pero el día del asalto Alejandro estaba trabajando en un local de fotocopiado donde cumplía horario. Los documentos que lo acreditan fueron entregados al tribunal, sin embargo, no han significado su excarcelación o la anulación del procedimiento. ¿Cuál es su opinión?

-En realidad fueron entregados a la Fiscalía, que es el órgano encargado de la investigación… Y si bien demuestran que Alejandro Rodríguez no es culpable de ningún delito el fiscal no lo ha estimado así.

Lamentablemente, en Chile, esto de que el Ministerio Público debe actuar con igual celo para probar tanto la inocencia como la culpabilidad del imputado durante todo el período de investigación, no es más que poesía… Lo cierto es que la objetividad en la realidad judicial chilena no existe. Y menos con personas con una pasado político de lucha social o de personas mapuche o de quienes participan de la protesta social, entre otros.

-¿Cuáles son los pasos a seguir por la defensa?

-No se deben anunciar, sino que simplemente los haremos cuando corresponda.

-¿Cuándo se iniciará el juicio? ¿Es posible solicitar arresto domiciliario u otras medidas cautelares para Alejandro?

-Sí, es absolutamente posible, y creemos que así será… En cuanto al inicio del juicio, es difícil decirlo, pues los plazos dependerán de cuándo sea el cierre de la investigación, pero existen diligencias pendientes que hemos pedido reiteradamente que se realicen, y que no se han cumplido aún.

-Usted ha defendido a comuneros mapuches, a la documentalista Elena Varela y al ciudadano vasco y escritor Asel Luzárraga, acusados de terrorismo. ¿Por qué asumió la defensa de Alejandro Rodríguez?

-Porque su pareja me lo pidió y evidentemente se trata de una persona inocente que es perseguida por su pasado político y porque se le intentó vincular al caso bombas, algo completamente absurdo.

-Si Alejandro Rodríguez no participó del robo del vehículo del que se le acusa -pues estaba trabajando- mal podría haber manejado, luego, ese mismo vehículo para intentar asaltar un camión de valores días después. Eso sin considerar, además, que él no sabe manejar. ¿Cuál es su opinión?

-Todo esto es una demostración más de que Alejandro ha sido perseguido no por lo que ha hecho, sino por lo que él es… Eso se llama derecho penal de autor. A través de esta forma de ver el Derecho las personas son perseguidas por haber sido Lautaro o del MIR, o por ser gitanos o judíos, u homosexuales o anarquistas.

-¿Qué explicación hay para que la Fiscalía haya demorado tanto las diligencias en esta causa?

-Ninguna, o al menos, ninguna razonable. La cuestión que hay que tener presente como abogado defensor es que nuestro objetivo es el éxito concreto en el caso particular. Una declaración de principios muy buena, puede no serlo para ayudar a Alejandro. Pero más allá de todo, si hay un proceso adecuado y las pruebas se muestran como son y sin adulteraciones, no tengo duda de que Alejandro Rodríguez debe ser absuelto.

-¿Cuál es la impresión de su defendido sobre lo que le está ocurriendo y esta kafkiana trama judicial?

-Él mantiene la convicción de que saldrá en libertad y todo se aclarará. La verdad es que esta trama no es tan kafkiana ya que personas inocentes pero con una historia personal como la de Alejandro muchas veces son víctimas de la persecución penal injusta. No es algo que sorprenda, pero es algo que indigna.

Por Arnaldo Pérez Guerra

(*) Historiador y Periodista. Ex preso político.

Publicado en www.liberacion.cl