¿Para cuándo la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo?

España es el único Estado de la Unión Europea en el que continúan existiendo unos 143.353 desaparecidos en varios cientos de fosas comunes, clandestinas, diseminadas a lo ancho y largo todo su territorio; y ello sin contabilizar, todavía, el caso de los niños robados por el franquismo de los que ni siquiera existen cifras aproximativas fiables.

A diferencia de los casos de los desaparecidos en Guatemala, Perú, Salvador, Chile, Argentina o Colombia, entre otros ejemplos, ningún tipo de Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos, o de Comisión de la Verdad, ha sido puesta en marcha por parte de nuestras autoridades; por mucho que las cifras de los desaparecidos del franquismo en España supere ampliamente a la suma de los desaparecidos de todos esos países juntos.

No se trata tan sólo de reconocer que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta encomiable, sí, pero que, «lamentablemente», no nos resulta jurídicamente vinculante a los europeos; al parecer eso tampoco importa mucho en realidad: a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -que sí que nos vincula como Estado miembro del Consejo de Europa- tampoco le hacemos caso alguno; ni parece que se lo vayamos a hacer, ni siquiera después de que jueces y fiscales de toda Europa agrupados en torno a Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (Medel) -entre ellos las españolas, emblemáticas, Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales– le acaben de decir a nuestro Gobierno que nuestra ley «de la memoria» viola los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Me ahorraré aquí, en beneficio de la paciencia del lector, toda la larga -a estas alturas ya casi consabida- letanía de dictámenes de órganos internacionales en materia de derechos humanos, de tratados internacionales ratificados por España, de instrumentos aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales y en materia de desapariciones forzadas, pero también de costumbres y obligaciones jurídicas erga omnes, que vinculan a todo miembro de la comunidad internacional.

No hay ambigüedad: hoy en día constituye una reconocible obligación del Estado, de todo Estado de Derecho, el organizar su aparato a modo de poder abordar una «investigación oficial efectiva e independiente» de todos los casos de desaparecidos de los que se tenga noticia; y dicho deber se ve reforzado de existir -como en el caso español- la evidencia de algún tipo de participación o aquiescencia por parte de las autoridades estatales del momento de los hechos, o de alcanzar las masacres una especial masividad. En modo alguno resulta posible abandonar, sin más, toda la pesada carga del impulso de las actuaciones jurídicas -menos aún la carga de las tareas de localización, exhumación e identificación de los restos mortales de los ejecutados- sobre los familiares o asociaciones, como, precisamente, han acabado haciendo nuestras propias autoridades nacionales.

A partir de ahí poco importa ya todo lo demás; que las subvenciones no terminen de llegar porque a la ley «de la memoria» le cueste despegar del papel, que surjan otro tipo de complejidades en la coordinación de todo ello con las distintas comunidades autónomas, etc. Nuestro «original» modelo, autóctono, de memoria sin derecho, memoria sin verdad, sin justicia y sin reparación para los desaparecidos y sus familias, no sirve, no cumple con los derechos humanos ni con lo que se le ha venido exigiendo a todos los demás Estados democráticos dentro y fuera de Europa. Y nuestro Gobierno lo sabe, o debería saberlo y, sin duda alguna, sus asesores jurídicos lo saben. Como también lo saben, y lo han hecho saber con claridad, en sus distintos comunicados y posicionamientos públicos de denuncia, organizaciones internacionales de derechos humanos de la talla de Amnistía Internacional o el Human Rights Watch.

Y, a decir verdad, la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo sería tan sólo el primero de los varios instrumentos debidos -ausentes en nuestro panorama nacional hasta en su mismo debate público-; nosotros que hemos ido dando lecciones a toda Hispanoamérica, y a medio mundo más, sobre cómo combatir la impunidad de sus crímenes internacionales, y que nos resistimos a calificar como tales los existentes en nuestra propia casa… Hablar de una complementaria Base Nacional de Datos Genéticos, de las indemnizaciones aún pendientes a sus allegados, de una fiscalía especializada para perseguir crímenes de guerra y de lesa humanidad o de la proclamación, en sede parlamentaria, de un Día de Homenaje y Recuerdo a las víctimas del genocidio franquista y sus familias -o incorporar también el relato de estos crímenes en todos los niveles de la enseñanza, como requiere Naciones Unidas a las sociedades escenario de tales atrocidades- debieran ser varias de esas otras medidas aún por llegar, y de las que, aún, nada se sabe.

De modo que el actual panorama no podría resultar más impactante: cuando no hay un sólo instrumento normativo que ampare lo que se está haciendo con los desaparecidos en España -excepción hecha, claro está, de la Orden de Franco de mayo de 1940 cuyo modelo se les ocurrió copiar al redactar la actual ley, buen amparo es ese-; cuando la situación de todas estas víctimas en sus fosas clandestinas avergüenza a las piedras y es contraria al derecho internacional y a la misma decencia humana tal y como se concibe desde la Antígona de Sófocles, entonces, hay que empezar a preguntarse también algunas otras cosas: comenzando por el ineludible conflicto de conciencia en el que un tal desentendimiento arbitrario de la legalidad internacional en materia de derechos humanos ha de colocar, en primer lugar, a la propia base política y social del partido que sustenta a nuestros gobernantes, el PSOE.

Simplemente cuesta trabajo entender, cada vez más, que el mismo sistema internacional de Naciones Unidas que había que defender en Irak ante la arbitrariedad del Gobierno Aznar pueda ser ahora tan completamente desatendido en materia de derechos humanos por el Gobierno de Rodríguez Zapatero a muchos menos kilómetros de distancia, en nuestro propio país, en el silencio cotidiano de nuestras propias cunetas y campos: tantas y tantas decenas de miles de desaparecidos son demasiados. Los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos desatendidos a estas alturas por nuestras autoridades en su huida hacia adelante, también lo son.

Y más allá de dicha base política y social, el mismo «voto útil» resulta demasiado inútil sin derechos humanos. Nada de toda esta situación tiene sentido.

Y, por eso mismo, se hace ya necesario dar también un paso más allá de lo jurídico y decir públicamente que «no» a esta política, explicar lo mejor que podamos las razones de ello, y pedir la simple y llana observancia de la legalidad internacional de los derechos humanos también para España; también para nuestros propios desaparecidos, que se dejaron el alma defendiendo los valores de libertad y democracia que hoy todos los demás tenemos a nuestro alcance, en una cruenta y desigual contienda perdida palmo a palmo; porque, por encima de todo, cualquiera de tales argumentos jurídicos, políticos, sociales, quedan empequeñecidos, y en un segundo plano, ante la inmensidad del dolor y la larga soledad de estas familias, ante la inmensidad del drama humano del que estamos hablando. Nada de lo que se pueda decir aquí a tal respecto podrá ser suficiente.

En una de las alocuciones más conmovedoras que se puedan recordar Dolores Ibarrurí, Pasionaria, despedía en Barcelona a los brigadistas internacionales, compañeros de armas de muchos de nuestros propios desaparecidos en la defensa de nuestras instituciones democráticas. Era el 1 de noviembre de 1938, la batalla del Ebro se sabía prácticamente perdida y, con ella, la suerte de aquella Segunda República, nacida en otro mes de abril como este quedaba definitivamente sellada: «!Madres!… !Mujeres!… Cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando; cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfumen en un presente de libertad, de paz y de bienestar; cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles, habladles a vuestros hijos. No os olvidaremos; y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, ¡volved!».

Y reestablecido un cierto grado de democracia en nuestro país, integrados en Europa, comprometidos con la defensa internacional de los derechos humanos, «nuestros» brigadistas volvieron finalmente, en octubre del año 2006, recibidos por nuestro propio Parlamento.

¿Cuándo podrán volver también a casa, a los seres queridos que aún les esperan, todos esos miles de defensores de nuestra República, y sus pequeños, que continúan desaparecidos?, ¿para cuándo la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo?

Por Miguel Angel Rodriguez Arias

Fuente: www.tercerainformacion.es

Los desaparecidos de la Guerra Civil en Informe Semanal