La Fiscalía de Alta Complejidad apelará la resolución del juez de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, quien decidió revocar la prisión preventiva de la machi Francisca Linconao, imputada del caso Luchsinger Mackay, por «razones humanitarias».
La causa tiene como objetivo revertir el arresto domiciliario total y nuevamente someter a prisión preventiva a la machi Linconao, argumentando que la salud de la autoridad ancestral mapuche no se ve afectada por la privación de libertad.
La abogada mapuche Orieta Llauca, señaló a El Ciudadano que «la postura de Fiscalía refleja claramente lo que ha hecho el Estado de Chile con los pueblos originarios a propósito de los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos, los cuales ratifica solo para aparentar ser un país que está en democracia y que respeta un estado de derecho».
Esto considerando el artículo 10 del convenio 160 de la OIT, el cual señala que tratándose de pueblos originarios, al momento de aplicar una sanción o una condena, se deberá utilizar una medida distinta a la privación de libertad de los miembros de pueblos originarios y deberá velar para que la sanción sea acorde a las costumbres de los mismos pueblos.
La jurista también manifestó que en los juicios se criminaliza a los miembros de pueblos mapuche, «por eso también se refleja una persecución e intimidación hacia quienes tienen roles de liderazgo dentro de lo que es la lucha del pueblo mapuche por la reivindicación de sus derechos, no solamente de sus territorios».
{destacado-1}»Este es un acto claramente de inhumanidad y se evidencia una exageración del poder persecutor del estado de Chile, que privilegia la persecución por sobre el respeto de los derechos humanos y que Chile, dentro de la burbuja dictatorial que vive, no da lugar a ese tipo de discusiones».
El dirigente mapuche Jorge Huenchullán, también señaló a este medio que «la situación deja de manifiesto la manipulación de Fiscalía hacia las instituciones de justicia para forzadamente mantener en prisión preventiva a nuestra gente, en este caso a la machi Francisca».
Huenchullán calificó las decisiones de Fiscalía como un argumento para demostrar que están implantando justicia, pero que una vez más se han equivocado profundamente, «porque una persona a esa edad, que se dedica a otra situación específica dentro del pueblo mapuche, no es una persona que vaya a cometer delito, eso es sabido por todos».