Contra la impunidad de la masacre de Curuguaty

En el mes de abril, Villalba junto a otros cuatro campesinos obtuvieron la reclusión domiciliaria luego de una huelga de hambre de 58 días. Luego de salir de prisión, fue notificado de que se le había revocado el “beneficio” y fue nuevamente encarcelado en Tacumbú, luego de que la justicia retomara una antigua acusación vinculada a la lucha por la tierra en Paraguay.

La prisión de Villalba es inconstitucional: la reclusión preventiva no puede superar los seis meses, según establece el artículo 19 de la Constitución Nacional paraguaya. Su abogado defensor, Gustavo Noguera, explicó que presentó un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, pero aún no fue resuelta, pese a que ya se superó el plazo establecido para que se expidiera.

“Hace más de dos años estoy injustamente preso por haber defendido con mis compañeros nuestras tierras. El Poder Judicial que solo defiende a los que tienen dinero y acusa a los pobres me trajo a la cárcel sin ni una sola prueba por el caso Curuguaty y ahora me mantiene encerrado ilegalmente”, sostuvo Villalba en una carta pública en la que anunció el inicio de su tercera huelga de hambre.

Agregó que la corporación judicial actúa como manto para no investigar la masacre de Marina Kue. El ensañamiento del Poder Judicial es parte de una trama de complicidades que incluye a las corporaciones del agro y la impunidad de las fuerzas represivas del Estado. La criminalización es parte de la persecución contra el campesinado organizado contra la inequitativa estructura de la tenencia de la tierra. De acuerdo a un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), al menos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas fueron asesinados y desaparecidos entre 1989 y 2013. La denuncia destaca que persisten “patrones de violencia estatal e impunidad judicial”, en un contexto de avance de los agronegocios y bajo el argumento de “persecución al enemigo interno”.

“Mi huelga es para volver a denunciar la ilegalidad total del proceso judicial del caso Curuguaty que se montó para acusar a víctimas, luchadores, inocentes y no investigar a los verdaderos responsables”, agregó Villalba.

Junto a Felipe Benítez Balmori, Néstor Castro, Adalberto Castro y Arnaldo Quintana había comenzado el 14 de febrero el cese de la alimentación en exigencia de su liberación, tras ser detenidos en calidad de “prisión preventiva”, acusados de ser partícipes de la Masacre de Curuguaty del año 2012. En el juicio oral y público serán juzgados por “homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble”.

La masacre ocurrió en la localidad de Curuguaty, durante un desalojo de tierras que culminó con el asesinato de 11 campesinos. Participaron de la represión 323 efectivos policiales, quienes debían negociar el desalojo del terreno ocupado en su mayoría por mujeres y niños, tal como revelan fotos y videos que han sido publicados por diferentes medios de comunicación.

El fiscal a cargo de la investigación, Jalil Rachid, fue acusado por familiares y organizaciones políticas de tener estrechos vínculos con la familia dueña de la empresa latifundista Campos Morombi que ocupa las tierras de Marina Kue.

Luego de la masacre, la clase política paraguaya ligada a los grandes propietarios de la tierra impulsó un juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo, acusándolo de apoyar a un grupo de “campesinos violentos” que emboscaron a los policías desatando la masacre.

La denuncia de fondo de los campesinos es contra el modelo de agronegocios que crece en Paraguay en beneficio de las multinacionales y a costa del desplazamiento – y criminalización- de centenares de campesinos. Alrededor del 85 por ciento de las tierras se encuentran en manos de un 2,6 por ciento de propietarios vinculados a agronegocios.

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