Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labadiño Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Sehweret fueron detenidos en 1998 en Miami, cuando se encontraban impidiendo acciones terroristas estadounidenses contra Cuba.
Los cinco fueron sometidos a un juicio injusto, repleto de irregularidades, encarcelados en prisiones de máxima seguridad, acusados de “conspirar para cometer espionaje”.
Hasta el momento, sólo dos fueron liberados tras cumplir una larga condena, González Sehweret logró su libertad en 2011 y González Llort en febrero de este año.
Contra el terrorismo
Debido a los constantes acosos y maniobras terroristas que sufre Cuba desde hace 50 años, los cinco fueron asignados a labores en territorio estadounidense para proteger al pueblo cubano de nuevos atentados.
Con el triunfo de la Revolución en 1959 contra la dictadura de Fulgencio Batista -hombre clave para los Estados Unidos que permitía la reducción de la isla a una colonia norteamericana-, se consolidó un enclave anticubano al sureste de Florida, en Miami, donde se constituyeron grandes mafias bajo el amparo y apoyo del gobierno estadounidense.
Se trata de grupos liderados por Luis Posadas Carriles, Orlando Bosch Ávila, Virgilio Paz, Dionisio Suárez y los hermanos Novo Sampoll, quienes dirigieron innumerables ataques contra el pueblo cubano –muchos impulsados por la propia CIA-, terminando con la vida de más de 3.000 personas.
En este contexto, los cinco se apostaron en Miami para infiltrarse en los grupos terroristas y de este modo poder obtener información para evitar nuevos ataques contra la isla.
La injusticia
En 1998, autoridades cubanas se reunieron con el FBI para entregarles numerosas pruebas de distintos ataques que se planeaban contra el pueblo cubano desde los grupos terroristas de Miami. Sin embargo, las autoridades estadounidenses en lugar de detener a los terroristas detuvieron y encarcelaron a quienes habían recabado toda la información.
Durante el juicio que comenzó en el 2000, repleto de irregularidades y violaciones a sus derechos, la fiscalía no pudo corroborar los cargos de espionaje o conspiración por los cuales fueron acusados, aún así fueron condenados por la justicia estadounidense.
Hernández Noderlo fue condenado a sanción de doble cadena perpetua más 15 años; Labañino Salazar condenado a 30 años; Guerrero Rodríguez condenado a 21 años y 10 meses más 5 años de libertad supervisada; González Llort condenado a 17 años y nueve meses; y González Sehweret, condenado a 15 años.
En 2005 la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró que la privación de libertad los cubanos “es arbitraria y está en contravención del artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Ese mismo año, la Corte de Apelaciones revocó el veredicto por considerar que no se realizó un juicio justo en Miami, sin embargo en 2006 la Corte volvió marcha atrás la revocatoria a pedido del gobierno de George W. Bush. En 2008, la Corte de Apelaciones de Atlanta ratificó la sentencia pero anuló las condenas por considerarlas incorrectas. Finalmente en 2009, la Corte Suprema de Justicia anunció que no revisaría el caso.
Solidaridad Mundial
Desde el 4 de septiembre hasta el próximo 6 de octubre, se llevan adelante numerosas actividades en más de 100 países, organizadas por el “Comité Internacional por la Libertad de los Cinco”, que busca aumentar la presión política y llamar la atención sobre la prolongada injusticia.
En este marco, en Washington se realizará una vigilia frente a la Casa Blanca, acompañada de distintas reuniones con legisladores demócratas y republicanos en la sede del Congreso. Asimismo, se llevarán adelante manifestaciones frente a las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo.
Al respecto, en declaraciones para la agencia cubana PL, el ex fiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark, llamó al gobierno de Barack Obama a reevaluar su posición y liberar a los tres antiterroristas cubanos.
“Son un ejemplo de nobleza y sacrificio, y dieron una lección de cómo debemos enfrentar la violencia en el mundo”, sostuvo Clark al tiempo que aseguró que no existen argumentos para mantener en prisión a Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero.
“Cada nación tiene el derecho y el deber de protegerse del terrorismo, por lo que las acciones realizadas por esos patriotas no constituyen delito ni crimen”, subrayó el ex fiscal.
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