La Fiscalía Metropolitana Oriente reformalizó a los tres funcionarios de Carabineros acusados de haber cometido torturas contra las personas detenidos durante el estallido social, en la Comisaría de Pañalolén, tras el hallazgo de seis nuevas víctimas, entre ellas tres menores de edad.
El fiscal Miguel Ángel Orellana explicó que la reformalización de la investigación se dio por la aparición de nuevas víctimas, detallando que “se trata de tres imputaciones por el delito de tortura y una imputación por el delito de apremios ilegítimos”, refiere el portal El Desconcierto.
“En nuestra formalización original habíamos determinado tan solo cuatro víctimas, tres menores de edad y un adulto. Luego, con el devenir de la investigación, se pudo determinar que teníamos al menos seis víctimas, tres adultos y tres menores de edad”, recalcó el fiscal.
Los hechos se registraron en octubre de 2019, a inicios de la revuelta social, con la detención de algunos ciudadanos en la Comisaría de Peñalolén, quienes fueron golpeados y torturados con polvo lacrimógeno.
Estos elementos, detalló Orellana, se utilizaron “en un sentido de castigo, de sanción”, y por este carácter, “permiten que los consideremos no solo como apremios ilegítimos, sino también como torturas”, cita el portal.
Torturas en la comisaría de Peñaloén
En octubre del año pasado se llevó a cabo la formalización de los tres carabineros detenidos por los delitos de tortura y apremios ilegítimos, registrados en la comisaría de Peñalolén.
Las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Durante las investigaciones, citado por CNN, se detectó que las primeras víctimas fueron golpeadas y a una de ellas se les aplicó lacrimógeno en su rostro. Este tipo de tortura ocurrió en varias oportunidades, mientras que los detenidos se encontraban esposados.
Ante esta situación, dos efectivos policiales fueron formalizados por el delito de tortura quedaron en prisión preventiva, mientras que el otro fue imputado por el delito de apremios ilegítimos.
De acuerdo con el diario Cooperativa, los afectados denunciaron haber sido amarrados a una estructura metálica de la antena de recinto policial, dejándolos colgados de las esposas.
Sin embargo, esto último fue descartado en la investigación que se inició paralelamente con la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.
Nuevas investigaciones
Tras la reformalización de los carabineros, la Fiscalía dio un plazo de 60 días para que se realicen las nuevas investigaciones.
“Eso hizo necesario formular, precisar los cargos respecto a los cuales se está investigando a estos ex funcionarios de Carabineros de Chile”, aseguró Orellana, citado por El Desconcierto.
“Esperamos que en el plazo de investigación de 60 días podamos reunir todos los antecedentes necesarios para ejercer la acción penal, acusar a los imputados y solicitar las penas que por derecho correspondan”, agregó.