Además, pese a insistir por respuestas al Ministerio de Justicia y a Gendarmería para la elaboración de este artículo, ninguna institución respondió hasta su cierre.
El pasado 16 de mayo, la Subsecretaría del Interior en conjunto con el Ministerio de Justicia, destinaron $4.200 millones a Gendarmería de Chile (GENCHI) “en el marco de la Política y Plan Nacional Contra el Crimen Organizado, con el fin de fortalecer la lucha contra estos grupos delictuales al interior de las unidades penales”. En dicha instancia, Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, precisó que los recursos que se están traspasando, tienen como objetivo “dotar de mayor seguridad a las cárceles, tecnología para fortalecer la labor de Gendarmería de Chile y, por tanto, para garantizar mejor seguridad en los recintos penitenciarios”.
No obstante, el 20 de marzo Gendarmería envió vía Transparencia a este medio, un registro de las denuncias formales en contra de funcionarios y funcionarias de la institución, por maltrato, acoso laboral y agresiones sexuales hacia civiles, gendarmes y personas privadas de libertad, en el que se contabilizaron 255 casos a nivel nacional, desde enero de 2019 a diciembre de 2022.
Según la plataforma de la Dirección Nacional del Servicio Civil, la Unidad de Fiscalía, y el Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas de la institución, en el año 2019 se enumeraron 59 denuncias en total, al año siguiente 64, en el 2021 68, y en el 2022 se registraron 64 casos.
Entre los años 2019 y 2021, 140 casos corresponden a acoso laboral, 26 a acoso sexual, 6 por maltrato, 19 que incorporen dos o más conductas simultaneas de acoso sexual, laboral o maltrato (MALS); mientras que en el año 2022 se contabilizaron 64 denuncias por acoso laboral y sexual.
Al analizar este listado, se revela que en los años 2019, 2020 y 2022 no se registraron denuncias formales por maltrato, lo que fue desmentido por el abogado Lorenzo Morales, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado maltrato físico de Gendarmería hacia personas en recintos penitenciarios.
-(He denunciado) en más de una veintena de veces cuando funcionarios de Gendarmería incumplen los protocolos carcelarios y de derechos de salud de mis representados. Esos son temas agudos (…) los más graves fueron que algunos muchachos (apresados por el estallido social) fueron golpeados al interior de los centros penitenciarios, y había que conseguir permisos para el ingreso de médicos o salidas a centros asistenciales (para su revisión)-, explica Morales.
Por su parte, Alejandrina Tobar, directora de la organización Leasur -ONG que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de las personas privadas de libertad (PPL)-, comenta que desde la labor territorial de la organización, se les han presentado casos de agresiones físicas por parte de funcionarios de Gendarmería a PPL, siendo principalmente en situaciones de caos y estrés que van ocurriendo día a día en los recintos penitenciarios.
-Constantemente nos llegan denuncias de internos, internas y sus familiares que comentan que en algún procedimiento por parte de Gendarmería son golpeados, y aislados como castigo. Junto con ello, sucede también que al momento de constatar lesiones, la constatación no es del todo veraz, lo que también trae un problema para la persona privada de libertad, ya que se busca desmentir o desacreditar su testimonio-, sostiene Tobar en conversación con este medio.
Sin embargo, es relevante aclarar que El Ciudadano obtuvo este listado tras un recurso de amparo interpuesto ante el Consejo de Transparencia, luego de que Gendarmería no entregara la información solicitada ni requerida para esta investigación en una primera instancia -8 de febrero de 2023-. Los antecedentes entregados -en esta segunda ocasión- siguen incompletos, a pesar de la resolución a favor de este medio. Incluso, pese a solicitarse las resoluciones de los sumarios administrativos de cada denuncia formal, y los rangos de los funcionarios denunciados, no fueron entregados por la institución ni en una primera ni segunda emisión de registros.
Las agresiones sexuales que se revelan a la información entregada por Gendarmería
El 8 de febrero de 2023, Gendarmería envío a este medio, el registro a nivel nacional de sumarios administrativos en contra de funcionarios y funcionarias de la institución, por denuncias de acoso y abuso sexual, en donde se revela que 92 gendarmes fueron investigados internamente: 50 por acoso sexual y 42 por abuso sexual; de los cuales 10 casos corresponden a “particulares”, es decir, a personas que no pertenecen a esta rama armada.
En cuanto a la distribución de denunciados, 31 casos fueron registrados en la Región Metropolitana, siendo seguidos por Antofagasta (8), Valparaíso (8), la Araucanía (7), y el Bío Bío (5). También se contabilizaron 4 denuncias en la Escuela de Gendarmería, en tanto, otros 4 casos no cuentan con información respecto al lugar de emitida la denuncia.
Respecto al período de tiempo, en el 2019 se enumeraron 20 casos, al año siguiente 31, en el 2021 se acumularon 16 denuncias, en el 2022 16, y hasta enero de este año un caso.
No obstante, al analizar en detalle cada denuncia formal, alerta que están contabilizados 2 casos de agresiones sexuales en Centros de Internación Provisoria -del Servicio Nacional de Menores- de Valdivia y Santiago, y una denuncia en la Unidad Psiquiátrica. Además, de que la lista de sumarios administrativos entregadas en primera instancia, enumera 92 denuncias, mientras que, en la segunda emisión de información, Gendarmería entregó un número inferior de casos de acoso sexual, pese a ser solicitado bajo el mismo período de tiempo.
Uno de las denuncias mencionadas en este registro, es la agresión sexual en contra de 4 mujeres privadas de libertad -del Centro Penitenciario Femenino de Santiago-, por parte del ginecólogo-obstetra del C.P.F de San Joaquín, en noviembre de 2019. Según detalla la querella criminal interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos -en diciembre de ese mismo año- por el delito de tortura sexual, “el haberse sentido transgredidas en su integridad sexual y psicológica por parte del facultativo (doctor), al llegar al C.P.F. San Miguel hicieron el reclamo con la Alcaide, quien ordenó levantar cada una de las denuncias y remitirlas al Ministerio Público, iniciándose la investigación (judicial)”.
Constanza Váldes, consejera del INDH y docente de la UAH, explica que este caso actualmente se encuentra en etapa de investigación por parte del Ministerio Público, puesto que, se presentó inicialmente la querella en el año 2019 y después se amplió porque, se descubrió que en relación a los relatos que se tomaron en consideración, no tan solo las denunciantes habían sido objeto de este tipo de actos, sino que otras personas privadas de libertad que se habían atendido con el mismo doctor.
-(Estas personas) fueron objeto de los mismos actos de significación sexual, de vejaciones hacia su integridad sexual, todas en el marco del ejercicio del ginecólogo, y sobre todo que además no solamente reviste en carácteres de delitos sexuales, sino que principalmente se configura la tortura de carácter sexual. entonces en ese sentido se presentó la querella por esa misma naturaleza-, comenta Váldes.
Por su parte, Alejandrina Tobar, menciona que durante conversaciones con mujeres privadas de libertad, han comentado las vulneraciones a las que se ven enfrentadas durante procedimientos de allanamientos, con hechos tan inadmisibles como revisiones corporales intrusivas, las que se normalizan en este tipo de espacios.
Incluso, Tobar revela que en abril de este año se condenó a un gendarme en Iquique, por apremios ilegítimos y abuso sexual, contra una mujer boliviana que era trasladada en calidad de detenida en un vehículo institucional.
-Que existan este tipo de denuncias, evidencia que por parte del personal de la institución, se ejerce abuso de poder multifocal, siendo uno de ellos ejercer violencia sexual, lo que acarrea una indefensión por parte de la víctima, la persona privada de libertad. Gendarmería y sus funcionarios tienen la labor fundamental del resguardo y cuidado tanto de la integridad física y psíquica de las y los internos, por lo que si en esa labor fallan las personas que están encargadas -y obligadas-, ¿quién realmente protege a las PPL?-, enfatiza Tobar, directora de Leasur.
Respecto a las denuncias formales por el delito de violación, Gendarmería no entregó cifras ni especificó la existencia de casos a pesar de ser solicitado.
El Ciudadano contactó a Gendarmería para conocer su versión respecto a la inconsistencia de las cifras entregadas a este medio. Pese a insistir en reiteradas ocasiones, siguen sin emitir respuesta hasta el cierre de esta investigación.
140 casos de acoso laboral
Según el listado de denuncias del que ha tratado este artículo, entre el 2019 y 2021 se contabilizaron 140 casos de acoso laboral. Lo anterior debido a que la institución no informó en dicho documento la existencia de denuncias formales por maltrato laboral en el 2022. Incluso, en el 2019 se enumeraron 55 casos, en el 2020 47, y en el 2021 se recepcionaron 38 denuncias por acoso laboral.
En cuanto a estas cifras, este medio contactó a un ex funcionario de Gendarmería de Chile, quien se retiró de la institución -previamente a la elaboración de este registro, pero que sigue interiorizado de lo que ocurre en la institución- debido al acoso laboral que sufrió, y las extensas jornadas laborales en los recintos penitenciarios.
-El acoso laboral ocurre cuando le llevas la contra o tratas de defenderte de los funcionarios que rodean a tus jefes (oficiales). Al vivir bajo códigos carcelarios quedas marcado para siempre. En mi caso me estuvieron persiguiendo por tres meses, te sacan de tu puesto de servicio, te persiguen hasta que encuentran algo con que hacerte un sumario administrativo, te amenazan de muerte. Te hacen trabajar más horas o no te dan permiso para ir al baño así que tienes que defecar en una bolsa, un tazón o lo que encuentres. Te niegan las vacaciones. Pero son cosas que no tienes cómo mantener un registro y ahí es donde te manipulan-, relata este ex gendarme, quien solicitó mantener su identidad en reserva, para resguardar su integridad.
Al continuar con su testimonio, es enfático al precisar que el interponer una denuncia por acoso laboral es un proceso complejo, puesto que, la institución no cree en los hechos denunciados, o que al realizarla, comienza una persecución y marginación hacia la víctima. Además, existe una problemática o crisis de salud mental entre los funcionarios y funcionarias de la institución, lo que es constantemente invisibilizado.
-No basta con que el gobierno entregué más recursos a Gendarmería para combatir el crimen organizado, se debería capacitar de mejor manera al personal, realizar un proceso adecuado de selección, entregar más herramientas para ejercer, y que las investigaciones internas sean exhaustivas-, comenta, antes de despedirse.
El Ciudadano consultó al Ministerio de Justicia y a Gendarmería, por los protocolos utilizados en la institución para evitar o investigar casos de acoso laboral, acoso y abuso sexual, y maltrato. Sin embargo, pese a que desde el Departamento de Comunicaciones de Gendarmería prometieron respuesta, aquello no ocurrió hasta el cierre de este reportaje.
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