Para el martes 29 de agosto había fijado la Corte Suprema la revisión de una causa contra exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile acusados del secuestro y homicidio calificado de cuatro detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Sin embargo, el proceso debió ser paralizado y postergado luego de que el Tribunal Constitucional acogiera un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por parte de la defensa de los acusados.
Se trata de los suboficiales Enrique Rebolledo Sotelo y Jorge Valdebenito Isler, acusados de haber detenido y ejecutado a Jorge Silhi Zarzar, Víctor Hugo Painemal Arriagada, Sergio Riquelme Inostroza y Hernán Henríquez Aravena entre los meses de septiembre y octubre de 1973 en la Base Aérea de Temuco.
A días de que la causa fuera revisada por el máximo tribunal del país, la defensa de los acusados acudió ante el Tribunal Constitucional para denunciar que el actual proceso judicial sería inconstitucional, esto debido a que «las normas penales no establecen con precisión lo que la ley prohíbe u ordena realizar bajo mandatos conminados con una pena».
La Primera Sala del organismo no solo acogió a trámite el requerimiento de los acusados, sino que además ordenó la suspensión del proceso judicial que se resolvería el pasado martes en la Corte Suprema.
Tras el anuncio de la Corte Suprema, el hijo de una de las víctimas, Daniel Henríquez Kries, publicó una carta dirigida a la presidenta de la Primera Sala, Nancy Yáñez, en la que calificó de «una crueldad infinita» la decisión del órgano.
«La esperanza de que nuestra odisea por los tribunales de justicia chilenos terminaría en estas semanas se ha visto truncada en este día, después de 50 años de espera (…) Desconcierta y decepciona que el Tribunal Constitucional de Chile decida intervenir por primera vez en dos años en un proceso por crímenes de lesa humanidad, al acoger a trámite la solicitud de dos violadores a los derechos humanos, el mismísimo día en que el gobierno da a conocer un programa de búsqueda y destino de los cuerpos de nuestros familiares», señala la misiva.
Daniel Henríquez Kries es hijo del doctor Hernán Henríquez Aravena, quien se desempeñó durante el Gobierno de la Unidad Popular como gestor de los programas de salud que buscaban dar acceso médico gratuito a zonas rurales y población indígena. Tras el golpe de Estado, Hénriquez fue detenido y llevado hasta la Base Aérea de Manquehue, donde fue torturado y ejecutado junto con otros partícipes del programa.
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