«¿Tienen nuevas?”, preguntan. «De todo. Iniciantes y ‘sanitas’ (como llaman a las niñas vírgenes)”, responde el portero del local. Dentro del María Mulata II una fila de hombres circula en orden por los pasillos de un patio. A los lados, mujeres en ropa interior esperan apoyadas en sus puertas. Tan sólo se ven siluetas creadas por las luces rojas de las habitaciones. Un reggaeton estridente ensordece el ambiente. Abajo unos neones, donde se lee «Cervecería”, iluminan una barra de bar sin clientes. En una de las paredes, un pequeño televisor emite en bucle videos de felaciones.
Los hombres -la mayoría jóvenes– se aglomeran en algunas puertas. Ahí están las menores. Las recién llegadas suelen usar gorras y mantienen la cabeza agachada para no ser reconocidas. Delante de sus puertas se suele colocar alguno de los proxenetas, con peto rojo, para vigilarlas. En uno de esos cuartos, de dos por dos metros, donde pende un fluorescente rojo en vertical en una de las esquinas y apenas cabe una cama y una mesita encontramos a Angie.
«Al día puedo tener 25, 30 o 40 citas”, cuenta la muchacha de 16 años. Hace un año que se prostituye. Llegó de Cochabamba a La Paz con su hermana, pero ella no sabe nada. «Lo hago para pagar mis estudios en la universidad”, justifica la menor, a quien le gustaría encontrar otro trabajo: «No me gusta acostarme con esos hombres, pero necesito la plata”, dice.
Angie cobra 50 bolivianos (unos 6,5 euros) por 15 minutos de sexo. Al día puede llegar a ganar 1.500 bolivianos (unos 200 euros), de los que tendrá que entregar una gran parte a su jefe. El prostíbulo tiene unas 40 habitaciones, siempre ocupadas. Es uno de los cerca de 20 burdeles de la calle 12 de Octubre, en El Alto, a las afueras de La Paz. En esa zona se ha registrado la presencia de 240 niñas y adolescentes inmersas en el comercio sexual con un promedio de edad de 14 años y medio, según datos de la fundación Munasim Kullakita (Quiérete hermanita, en aymara). La mayoría de las menores pasan un corto periodo en la capital para luego ser trasladadas a otras regiones del país.
A la salida de La casa amarilla o La casa de los Sánchez, varios vendedores ambulantes ofrecen «maca”, una bebida artesanal empleada como potenciador sexual, o productos naturales para teóricamente curar la hepatitis y el VIH, así como pornografía infantil y drogas. Por 10 bolivianos (cerca de 1,20 euros), las trabajadoras sexuales practican sus servicios sin usar precauciones.
Prostituidas por otras mujeres
Odalis tiene 13 años y le diagnosticaron VIH recientemente. La encontramos junto a su hermano, Roger, de 11 años, y dos amigas más en una acera de La Ceja, una de las áreas nocturnas más concurridas de la ciudad. Los cuatro niños se tapan la mano con su manga y de vez en cuando se la acercan a su nariz. Están inhalando «clefa”, un pegamento a base de gasolina que untan en un pedazo de lana. Hablan y se mueven despacio, con la mirada ida.
Detrás de ellos, varias mujeres adultas en sujetador y faldas cortas los observan. Son las «tías”, las proxenetas de estos menores. Odalis acompañaba a su madre a vender en las calles por la noche. Esa situación, más la violencia que sufría en su hogar, llevaron a la menor a acceder a los ofertas de otras adolescentes, hasta llegar a las «tías”, que la explotaron sexualmente desde los 11 años en las posadas de la zona.
«Su padre murió hace un año y su madre la rechaza. Desde entonces, las ‘tías’ comercializan indiscriminadamente con ella y, posiblemente, su hermano. Odalis se niega a asumir que tiene sida”, cuenta Ariel Ramírez, de la ONG Munasim Kullakita, que realiza un trabajo de campo diario para hacer seguimiento de estos casos.
A medida que avanza la tarde, las vendedoras de comida empiezan a retirarse y aumenta la presencia de hombres deambulando por La Ceja. En la «calle de los chinos” -la más concurrida y peligrosa, según Ramírez-, se encienden los letreros de «alojamiento”. Su entrada está precedida por varias rejas y custodiada por un vigilante, como en el Luna azul, donde su jefe no quiere darnos información sobre los precios del hospedaje.
«Una vez que entras a esos prostíbulos camuflados, cierran la reja y y a no hay escapatoria”, cuenta Ariel Ramírez, quien asegura que ese mecanismo evita que la Policía pueda realizar redadas porque «hasta que abren todas las rejas ya han sacado a las niñas”.
En otras ocasiones, los agentes extorsionan a las niñas -según denuncia la ONG- con sumas de entre 100 y 200 bolivianos (12 y 26 euros). En caso de no pagar, les piden mantener relaciones sexuales. Una acusación que han confirmado otras organizaciones consultadas.
Por eso, la fundación de Ramírez ha optado por presentar sus denuncias a la Defensoría del Menor, con capacidad para articular un operativo más eficiente. Esos procesos, sin embargo, «son demasiado lentos”, cuenta el trabajador social, ya que «la mayoría de veces trasladan a las menores en cuestión de días y perdemos su pista”.
Cuando abandonamos la habitación de Angie, entra otro hombre, mientras dos ya hacen cola.
*Tanto Odalis como Roger son pseudónimos utilizados para proteger la identidad de los menores, que, en caso de ser descubiertos, sufren represalias de sus proxenetas.
Niños desaparecidos, así funciona la trata humana
Así funciona la trata humana, uno de los mayores peligros del trabajo infantil. «En los últimos tres años se ha disparado la desaparición de niños, sobre todo entre aquellos que trabajan en la calle”, explica la coordinadora nacional de Protección de la ONG Save the Children, Vivian Farfán Andrade, quien afirma que el tráfico de menores está «creciendo alarmantemente”.
Bolivia es el cuarto país del mundo con mayor cantidad de desapariciones: 2.273 denuncias en 2014, según datos de la Fiscalía General. Una cifra que se multiplica año tras año. La mayoría de casos acaban sin resolverse -32 sentencias en los últimos tres años- y afectan sobre todo a menores, el sector de la población más vulnerable.
Limpiabotas, vendedores ambulantes, trabajadoras del hogar o albañiles. Las calles céntricas de la capital boliviana son un amalgama de variopintos transeúntes y también un hervidero de niños en busca de algunos pesos. Sea con sus padres o solos, las aceras de la ciudad son tanto el refugio como la solución. Una cuarta parte de los menores del país, entre los cinco y 14 años, se encuentra trabajando, según indica un demoledor informe de Naciones Unidas publicado en diciembre.
«Todos mis hermanos hemos vivido en la calle”, cuenta Joseline Crespo, de 18 años, que ha pasado media vida limpiando zapatos.
«Muchas veces llevaba a mis hijos conmigo”: José, de dos años, y Daisy, de uno. «Lo duro es que a veces llueve, que la gente no se quiere acercar a ti por miedo. Yo, al ser mujer, pensaba que no tenía la fuerza para ese trabajo”, explica Joseline, a quien sólo el preocupa «ganar los 30 pesos diarios (unos cuatro euros) y dar de comer” a sus pequeños.
El gobierno de Evo Morales aprobó en julio de 2014 una ley que autoriza el trabajo a partir de los 10 años. Una medida que provocó el revuelo internacional y que ha fracasado en su objetivo de regularizar la situación de los menores a través de su registro.
«La intención y el marco legal son buenos, pero en el país no existe la estructura suficiente para su implementación”, asegura Farfán Andrade, quien argumenta que «los niños no tienen la confianza ni el conocimiento para pedir el permiso de trabajo” que establece la ley de 2014, ya que «en la mayoría de casos ese permiso no debería expedirse” por el riesgo que corren los menores.
Limpiabotas con pasamontañas
Joseline fue víctima de varios intentos de violación. «Algunos borrachos se querían propasar y siempre acababa golpeándoles para librarme. Muchas veces me ayudaban otros amigos”, cuenta la muchacha, que reconoce haber esnifado clefa (pegamento) para poder aguantar las noches”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 87% de los menores trabajadores desempeña oficios considerados peligrosos, como la zafra y la minería, sumados a aquellas dificultades de ganarse la vida en la calle. Para Vivian Farfán Andrade en los últimos años, por si fuera poco, se ha disparado la trata humana: «Los niños desaparecen como si nada”.
Además de enfrentarse al riesgo de la explotación, los niños sufren las consecuencias de la criminalización por tener que trabajar. De ahí que por las calles de La Paz, los lustrabotas comenzaran a taparse la cara con pasamontañas para no ser reconocidos por los compañeros de la escuela o vecinos.
«Uno de los peores recuerdos fue mientras vendía flores y un hombre apartó el móvil de su mesa pensando que se lo iba a robar. Luego me preguntó por qué no estudiaba”, relata Lizeth Castro, de 16 años, que lleva desde que tiene «uso de razón” laburando en la calle de vendedora, mesera… Su padre los abandonó y su madre murió hace dos años. Ella no entiende su vida sin trabajar. «Es una realidad, una necesidad para poder sobrevivir”, asiente la adolescente con palabras que la hacen parecer adulta.
Lizeth forma parte de la Unatsbo, el sindicato de trabajadores infantiles que forzó al Gobierno a aprobar el nuevo Código para Niños, Niñas y Adolescentes de 2014. Para ella, «el objetivo es proteger a la población que ya está trabajando, en lugar de promover el trabajo infantil”, como les acusan los detractores de la medida.
Para la investigadora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), Gabriela Olivarez, la explicación es simple: «Querían esa ley, porque hasta entonces, además de enfrentar su realidad de niños trabajadores, tenían que soportar que su trabajo fuera ilegal”.
Desde hace tres meses, Joseline trabaja en un horno de galletas gestionado por una asociación sin ánimo de lucro. Eso le permite cuidar a sus hijos y más adelante quiere estudiar enfermería. Lizeth es empleada del hogar en casa de su hermana mayor, pero desearía seguir trabajando en la calle, donde dice haberlo aprendido todo.
Hipotecando el futuro
Gabriela Olivarez responsabiliza tanto al Gobierno y la sociedad boliviana, como a la opinión exterior. «Se debería haber presionado más para que Bolivia cumpliera los convenios internacionales que ha ratificado en esta materia”, reclama la experta, quien subraya que «por encima de cualquier política se debería tener en mente el objetivo de eliminar el trabajo infantil”.
Pero al contrario, «en Bolivia ver a un niño trabajador es común y no se hace ningún esfuerzo para aliviar la problemática”, lamenta.
Un 77% de esos menores trabaja con sus familiares. Como Raquel, de 12 años, que acompaña a su madre mientras vende fruta en una esquina cerca de la iglesia paceña de San Francisco.
Ahora resuelve sus problemas de álgebra en una sala facilitada por una ONG local. A media tarde volverá al puesto de su madre. ¿Te gustaría tener más tiempo para hacer tus tareas? A lo que la niña responde con un prolongado y pensativo «sí”.
«A largo plazo, el trabajo infantil reducirá los años de escolaridad y disminuirá las posibilidades de alcanzar ocupaciones dignas para contribuir al país. Uno de los componentes del desarrollo es el capital humano”, zanja Olivarez.
Raquel alarga las horas para hacer sus tareas y así no volver a la parada de su madre. Las cuatro perdieron su infancia antes de tiempo.
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