7 de los 9 países del mundo que criminalizan el aborto se encuentran en América Latina y el Caribe.

El día 26 de noviembre del presente año, funcionarios de la Presidencia de la República Dominicana dieron la noticia de que el presidente Danilo Medina aún estaba evaluando la eventual promulgación de la ley que modifica el Código Penal. Esto, luego de la creciente presión que han ejercido grupos de Derechos Humanos, por Amnistía Internacional y grupos de mujeres dominicanas para que no apruebe esta modificación.

El 25 de noviembre, el presidente Medina fue instado, tanto por la Iglesia Católica, como por la Iglesia Evangélica para que promulgue la ley del nuevo Código Penal que fue aprobada el 18 de noviembre por la Cámara de Diputados. Vale decir, con la criminalización y penalización del aborto en todos sus casos, lo que se traduce en una discriminación hacia las mujeres y niñas y en una violación a los derechos humanos a la vida, a la salud, a no recibir tortura ni discriminación u otros malos tratos.

Por esta razón, los funcionarios de la presidencia han admitido que están tomando en consideración los argumentos de ambas partes.

Esta nueva versión del Código Penal otorga penas que van de los dos a tres años de cárcel para todas las mujeres que interrumpan su embarazo y para todos aquellos que participen del proceso. De haber personal médico o farmacéutico, facilitando una labor abortiva, también serán castigados con una pena que va entre cuatro y diez años de prisión.

Si una mujer muere como consecuencia de una práctica abortiva, la pena para quienes lo hayan facilitado o hayan participado en el proceso aumenta a entre 20 y 30 años.

Cabe mencionar que 7 de los 9 países en el mundo, que criminalizan y castigan el aborto se encuentran en América Latina y en el Caribe.

Es urgente que los gobiernos latinoamericanos deroguen las leyes que criminalizan el aborto y  que garanticen que las mujeres y niñas tengan acceso a servicios clínicos legales de aborto, al menos en los casos en los que el embarazo está con malformación fetal grave, cuando supone un riesgo para la vida o la salud física o mental de la madre y especialmente en casos de violación o incesto.

En el caso de El Salvador y Chile existe una de las leyes más restrictivas. Las mujeres y las niñas no pueden abortar, aunque esté en riesgo su vida. Ya lo vimos en el caso de la niña de 13 años, violada por un familiar, que quedó embarazada, cuyo feto era inviable y que tuvo que parir, a pesar de todas estas condiciones de vulnerabilidad.

En el caso de Nicaragua, la mayoría de las víctimas de violencia sexual son menores de 17 años y la mayor concentración de casos se da en niñas que tienen entre 10 y 14 años y ni siquiera se reconoce el aborto en caso de violación. A pesar de la existencia oficial de estas cifras aún así, las niñas son obligadas a llevar a término su embarazo o a practicarse abortos clandestinos, en malas condiciones de higiene y poniendo sus vidas en riesgo de muerte o de ser encarceladas si son descubiertas en la práctica.

En el caso particular nuestro, la presidenta Bachelet anunció que se iba a revisar esta situación y en su programa actual de gobierno, se comprometió expresamente a legislar y a promover la despenalización del aborto terapéutico. Sin embargo, hasta el momento, esto no ha sucedido. Lamentablemente y pese a que este año se han dado dos casos que han sido brutales en esta materia, aún no se hacen las reformas necesarias en la materia.

Los otros países de América Latina y el Caribe que se encuentran en esta misma situación son Honduras, Surinam y Haití.

Sin embargo, hay que destacar que en los demás países que cuentan con una legislación frente al tema, no cuentan con una regulación y fiscalización del aborto terapéutico y no punible que garantice el acceso digno y efectivo de las mujeres a esta posibilidad, lo que genera constantes dudas sobre la legalidad de determinadas prácticas abortivas. A esto se suma el estigma que se cierne en contra de las mujeres que acuden a practicarse un aborto terapéutico, como por ejemplo, sucede en Argentina. La discriminación a la que son sometidas las mujeres que llevan adelante un aborto es brutal y en muchos casos las llevan a continuar con las prácticas clandestinas.

Por lo tanto, es fundamental que, en conjunto a las prácticas legislativas que se están intencionando o a las ya existentes, se realicen campañas de educación frente al tema en donde se dignifique la figura de la mujer que es capaz de hacer efectivos sus derechos ya que las sanciones sociales y morales, en muchos casos son aún más coercitivas que las sanciones penales y mantienen la idea de que las mujeres somos una especie inferior, cuyos derechos son distintos e inferiores a los masculinos, perpetuando así el machismo que lleva a otro tipo de conducta violenta ya que, a través de instancias como estas, se dan claras señales de que efectivamente las mujeres somos “ciudadanas de segunda clase” y que por esta razón, pueden seguir golpeándonos, abusando sexualmente de nosotras, llegando incluso al femicidio; práctica que, para colmo de males, está en alza.