870 mil millones de dólares maneja el crimen organizado

Equivale a unas diez veces la deuda externa de Chile

El dinero que mueve el delito trasnacional supera en 100 mil millones de U$ el presupuesto militar de Estados Unidos. A lo menos nueve entidades financieras fueron investigadas por “lavado” de dinero sucio. 320 mil millones se trasvasijan por tráfico de drogas y 32 mil millones por “trata de personas”. Es una industria trasnacional que genera una economía criminalizada que vuelve vulnerables a gobiernos de todo el mundo.

Al año, el crimen organizado mundial mueve unos 870 mil millones de dólares. De esa cantidad, el narcotráfico maneja 320 mil millones de U$; 32 mil millones se movilizan por “trata de personas”; siete mil millones en torno al tráfico ilegal de migrantes; casi 80 mil millones por negocios delictivos relacionados con la madera y especies animales; 140 mil millones por juego de apuestas ilegales. Así lo indican las cifras entregadas por la Oficina de Naciones Unidas Contra el Narcotráfico y la Delincuencia (UNOCD) y la Interpol, y que evidencian el poder financiero de cárteles y bandas criminales internacionales que actúan principalmente en rubros como tráfico de drogas, prostitución y “trata de personas”, falsificaciones, venta ilegal de armas, tráfico de migrantes, venta ilegal de maderas preciosas y especies animales, juegos ilegales, tráfico de obras de arte y de órganos humanos, venta de explosivos y materiales químicos peligrosos, entre otros.

El dinero que maneja el crimen organizado a escala mundial, es superior en 100 mil millones de dólares al presupuesto de Defensa de Estados Unidos; es seis veces superior a lo que se gasta en asistencia internacional para el desarrollo; equivale a unas diez veces la deuda externa de Chile; representa cuatro veces el presupuesto federal de México; según la UNOCD la cifra de las finanzas de los criminales es comparable al 1,5 del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y al 7% de las exportaciones internacionales.

Se trata de una verdadera industria trasnacional que genera una economía criminalizada que vuelve vulnerables a gobiernos, países, sistemas financieros y áreas productivas. Los cárteles de la droga y bandas del crimen organizado, tienen capacidad de mandar e incidir en entidades privadas y públicas, y penetrar decididamente en naciones y zonas donde se produce la fatídica mezcla de corrupción y pobreza.

La situación llevó a que en enero de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU pidiera un acento en la coordinación a escala mundial en el combate al crimen organizado y el tráfico de drogas porque constituyen “una amenaza a la seguridad internacional”.

No se trata de una industria donde sólo hay obreros que, para este caso, se trata de sicarios, transportadores, cultivadores y operadores del narco y las bandas criminales. Es una industria con gerentes; delincuentes de cuello y corbata que encabezan los cárteles y grupos delictivos o que están enquistados en bancos, empresas, grupos financieros, fuerzas armadas, cuerpos policiales y en ámbitos legislativos y ejecutivos de algunos países.

En ese marco, en los últimos años fueron investigadas y sometidas a procesos judiciales por “lavado de dinero”, irregularidades, sobornos, tráfico ilegal de remesas, malversaciones, manejo ilegal de dinero, entidades bancarias y financieras como HSBC, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Western Union, American Express, Banco Wachonia, Banco Latino, Interbanc, varias de ellas con sucursales en Chile. Jonathan Harris, experto en estas materias, estimó en más de 100 mil millones de dólares la cantidad de dinero que “se lava” en el sistema bancario de Estados Unidos.

A nivel mundial aumentan los casos de altos funcionarios de gobiernos, autoridades provinciales y parlamentarios que son acusados, investigados y procesados por nexos con el crimen organizado y sobre todo con cárteles de la droga. Preponderantemente ocurrió con personeros de la derecha colombiana y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México. Nombres de mandatarios como Álvaro Uribe, Carlos Salinas de Gortari, Alberto Fujimori, Boris Yeltsin y varios africanos aparecieron en indagaciones sobre dinero sucio.

EXPANSIÓN TRASNACIONAL

Los cientos de miles de millones de dólares se mueven fantasmal y virtualmente por todo el planeta ante la desinformación de miles de millones de seres humanos. El dinero o valores transitan por Suiza, Estados Unidos, Luxemburgo, Islas Caimán, Vanuatu, Islas Cook, México, Colombia, la mafia rusa, Triángulo de Oro en Asia, los yajuzas de Japón, la Cosa Nostra en Italia, entre otros sitios de todos los continentes.

La tecnología y desarrollo en informática permite la circulación eficaz de los valores mal habidos y burlar procedimientos legales. Se establece una verdadera maquinaria ultramoderna a nivel internacional para hacer circular e invertir los dineros de las bandas criminales.

Yuri Fedotov, director ejecutivo de la UNODC, dijo que “el crimen organizado trasnacional está presente en cada región y en cada país alrededor del mundo. Frenar esta amenaza trasnacional representa uno de los mayores retos a nivel global para la comunidad internacional”.

La gran duda de las voluntades para ello es el alto involucramiento que ya tendrían la banca mundial, las entidades financieras internacionales, muchos gobiernos, no pocos gobernantes, legisladores y miembros del poder judicial con la industria del crimen organizado.

Hay casos patéticos como el de México, donde sectores progresistas e intelectuales plantearon la necesidad de negociar con el narco en tanto poder económico y militar, ante los grados de infiltración del Estado y la incapacidad de los gobiernos para terminar con los asesinatos (más de 60 mil en el gobierno del derechista Felipe Calderón) y con el negocio que ya criminalizó o narcotizó la economía de esa nación.

Es más, en no pocos países, las bandas del narco, las dedicadas al tráfico ilegal de personas, de armas, riquezas madereras y piezas de animales sofisticados (cuernos de rinocerontes, colmillos de elefantes, piel de tigres) cuentan con base social de apoyo; comunidades relativamente pequeñas, pobres, que pueden gozar de beneficios gracias a la actividad del crimen organizado y satisfacer necesidades básicas.

En el documento “Crimen organizado y globalización financiera” de Interamerican Community Affairs se señala que “la ‘reestructuración’ de la economía, el comercio y las finanzas en un mundo dominado por el neoliberalismo ha provocado la globalización del crimen. Mientras los sistemas estatales se desmoronan bajo el peso de la crisis financiera, el crimen organizado comienza a jugar un papel dominante en la economía y la política de los estados, a la vez que aprovecha la desregulación del sistema financiero internacional para ‘lavar’ su dinero mal habido”.

En esa línea es evidente que la industria del crimen organizado -en toda su cadena productiva y de negocios- es altamente rentable en todo el mundo; no está afectada por las crisis económicas ni los vaivenes financieros o, al menos, lo es puntual y circunstancialmente.

LA GENTE Y EL CRIMEN ORGANIZADO

De acuerdo a cifras de la UNODC, Interpol, el FBI, organismos judiciales de Latinoamérica y el Caribe y de entidades académicas de varios países, siete millones 900 mil personas se ven afectadas directamente por la acción del crimen organizado. Principalmente ese número tiene que ver con migrantes, prostitución, uso de niños en actividades ilícitas, suplantación de identidad y ejecuciones, tráfico de drogas.

Algunos ejemplos. Camilo Duplat, funcionario del Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y El Caribe, indicó que al 2011 se tenía la cifra de que al año, en la región, eran ejecutadas 740 mil personas en distintos países y de ellas, 500 mil fueron víctimas de sicarios de las bandas delictivas organizadas. Formalmente, las cifras indican que anualmente se produce un tráfico ilegal de migrantes que involucra a más de un millón de centroamericanos y la cifra sube a unos dos millones si se cuenta a los mexicanos. De acuerdo a un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dos millones y medio de niñas y niños son manejados por mafias del crimen organizado.

Hay zonas pobres rurales y urbanas de cultivo, producción y tráfico de drogas (cocaína, opio, hachís, ganja, etc.), donde sus habitantes están a merced de las bandas ilegales, armadas y con poder económico, y se rigen por las normas que éstas imponen, so pena de ser maltratados, torturados y ejecutados. El reemplazo de cultivos de alimentos por el cultivo de drogas se extendió bastante en las últimas décadas en zonas pobres de varias naciones.

Como en toda industria trasnacional, en la del crimen organizado entonces, se produce la estructura sistémica de “explotados y explotadores”; los de arriba con poder militar y económico y los de abajo desprotegidos y abusados víctimas de la represión y la pobreza.

En este contexto, la población juvenil de varias naciones latinoamericanas, asiáticas y africanas, pero también de países desarrollados como Estados Unidos, sucumbe no sólo al consumo de drogas, la prostitución, la migración ilegal, etc., sino también se convierte en “carne de cañón” de la violencia siendo reclutados como sicarios, secuestradores y ejecutadores, cuando no engrosan la fila de los ejecutados.

Como lo señalan diversidad de entidades mundiales y expertos internacionales -como le ocurre a cualquier industria rentable- es esencial que haya consumidores y compradores para que funcione el crimen organizado como abastecedor. En este fenómeno funciona la ley de la oferta y la demanda.

Es así que son cientos de millones las personas que compran droga. Y hay empresarios y multimillonarios que adquieren obras de arte, colmillos de elefantes y cuernos de rinocerontes extraídos ilegalmente; miles de latifundistas y dueños de maquiladoras que contratan migrantes irregulares; millones que pagan por prostituir niños y jóvenes; grupos mafiosos y criminales, e incluso operadores de gobiernos, que efectúan compra ilegal de armamento; y así, sigue la rima de consumo de productos puestos en el mercado negro por el crimen organizado.

De todo eso proceden los 870 mil millones de dólares que genera y mueve el crimen organizado en el mundo. Dinero que bastaría para encarar los problemas sociales de toda Centroamérica y con el cual se podría financiar varias veces la educación, la salud, la vivienda y la protección a la infancia en Chile.

Recuadro

EN NOTARÍAS Y EMPRESAS AUTOMOTRICES SE “LAVA” EL DINERO EN CHILE

Hasta el 2011, el total de decomiso “por lavado de dinero” en Chile, llegaba a seis millones de dólares (alrededor de dos mil 800 millones de pesos), la mayoría detectado en euros. Las notarías y las empresas de compra y venta de automóviles “son los sectores económicos más frecuentemente utilizados por los lavadores en sus operaciones de blanqueo”.

Todo ello está contenido en el documento titulado “Tipologías y señales de alerta de lavado de activos en Chile, 2007-2012”, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dirigida por Tamara Agnic. Ahí se indica que las notarías y empresas de compra/venta de autos “fueron usados para blanquear fondos ilícitos en el 80% de los fallos definidos condenatorios del periodo; esto es en 34 de las 42 sentencias. Mientras los notarios forman parte de los sectores económicos regulados por la UAF; las automotoras están fuera del sistema preventivo antilavado de dinero”.

Las investigaciones dieron luz respecto a que otros sectores involucrados en estas operaciones irregulares son los conservadores de bienes raíces, corredores de propiedades y empresas de gestión inmobiliaria.

De acuerdo al estudio de la UAF, el 35% de lo confiscado al detectar dinero sucio correspondió a dinero, el 34,7% a inmuebles y el 30,3% a vehículos, en una armoniosa división de tres tercios. La mayor cantidad de inmuebles “adquiridos con dinero de operaciones de lavado” se dieron en Lo Barnechea, Pichidangui, Los Andes, El Quisco y Maipú.

También se reportó que “el principal delito base de lavado de activos es el narcotráfico, cometido en 36 de los casos sentenciados en el periodo (86% del total). El restante 14% correspondió a delitos de malversación de caudales públicos, trata de personas, corrupción y fraude al Fisco”.

En los últimos cinco años, 80 personas fueron condenadas por operaciones de lavado de dinero.

Por Hugo Guzmán Rambaldi

El Ciudadano Nº130, primera quincena agosto 2012