A 41 años de la Operación Colombo, el montaje transnacional de la DINA: Juicios sin castigo

“La espera es un óxido terrible, ¡sigan nuestra lucha!”

Rosa Acuña, hermana de desaparecido, a 41 años de la Operación Colombo

Dirigiéndose con voz desgarrada a estudiantes de derecho de la U de Chile en el conversatorio “41 años de la Lista de los 119”, la señora Rosa Acuña, hermana de Miguel Angel Acuña Castillo, les exhortó: “Les pido a ustedes, que por favor sigan con fuerza nuestra lucha, que no concluya cuando ya no estemos. Porque nos queda muy poco y necesitamos que se sepa la verdad. La espera por justicia es un óxido terrible. Nos está matando de a poco. Mi madre antes de morir me pidió que buscara a Miguel Angel y lo enterrara junto a ella.” Cuando fue secuestrado el 8 de julio de 1974, Miguel Angel (“Pampa”) tenía 19 años, era estudiante del Pedagógico y dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios FER. Su nombre figuró en la fatídica Lista de los 119, publicada en 1975.

El conversatorio que tuvo lugar en la escuela de derecho, fue organizado por Familiares y Amigos de los 119, junto a Actuar Colectivo y Londres 38 Espacio de Memoria el 20 de julio. Hace 41 años, el 24 de julio, los diarios del duopolio publicaron la llamada “Lista de los 119”, un montaje transnacional que fue el preludio de la Operación Cóndor y que pretendía encubrir los secuestros y desapariciones de luchadores antidictatoriales. La DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo” a este montaje. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de Lea y O Dia, revistas creadas para ese fin en Argentina y Brasil.

Presentes

Los criminales y sus cómplices de la prensa que aún nos desinforma, nunca imaginaron que los y las caídos en la Operación Colombo seguirían con nosotros, de las más diversas maneras. Los estudiantes de derecho aplaudieron al enterarse que por fin este año para los casos de Darío Chávez, Germán Moreno y Cecilia Castro, que pasaron por sus mismas aulas, la justicia comenzaba a hacer su tarea, con fallos de primera instancia en los dos primeros casos, y con acusación en el de Cecilia Castro.

“Los 119” están asimismo presentes en el 10° Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política «eXcéntrico: Disidencias, soberanías, performance» que se desarrolla en Santiago. En la mañana del jueves 21, la canadiense Christine Brault presenta “Tejiendo memorias” en Londres 38 mientras que la performance del Complejo Conejo es “Exterminados como ratones”, en tránsito desde Londres 38 al Teatro Antonio Varas.

Los sobrevivientes vieron por última vez a estos luchadores antidictatoriales en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Alamos y su valiente testimonio ha permitido un avance lento pero sostenido en las demandas por justicia. Al igual que el año pasado, una huelga de hambre de expresos políticos opera como telón de fondo de la impunidad y desmemoria oficial.

Se llamaban María

Entre las 19 jóvenes mujeres desaparecidas en este montaje de la dictadura, había 7 que se llamaban María, como María Inés Alvarado, M. Angélica Andreoli, M. Teresa Bustillos, M. Teresa Eltit, M. Elena González, M. Isabel Joui, M. Cristina López. Los otros nombres eran Jacqueline Binfa, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Cecilia Castro, Muriel Dockendorff, Jacqueline Drouilly, Violeta López, Eugenia Martínez, Marta Neira, Patricia Peña, y Bárbara Uribe. En la comuna de Quinta Normal, habrá el 26 de julio una representación teatral de la Compañía Ruta de la Memoria, con la obra “Cuerpo Quebrado”, en homenaje a ellas, que sufrieron tortura y violencia sexual.

Once de los 119 desaparecidos eran secundarios, y siete de ellos eran egresados del Liceo Manuel de Salas. Del total, 47 eran alumnos, egresados o docentes de la Universidad de Chile, del Pedagógico, o de Arquitectura, Conservatorio, Medicina, Periodismo, Trabajo Social, Ingeniería; 11 lo eran de la Universidad Técnica, hoy USACH y 9 eran de la U de Concepción. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, o de las poblaciones José María Caro, La Legua, La Bandera, o Lo Hermida. Algunos eran originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia.

Justicia en cámara lenta

A julio de 2016, ha habido 44 fallos de la Corte Suprema, pero tan sólo por 33 de los 119 crímenes los perpetradores cumplen prisión efectiva (ver cuadro 1) ya que en otros casos las penas fueron muy bajas. Apenas en 28 de estas 44 sentencias de la Suprema, los perpetradores recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por los crímenes de la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor desarrollada posteriormente por la DINA junto a los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros.

Además hay 9 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia el alto tribunal, y en total son 34 los fallos de primera instancia (ver cuadro 2) pendientes.

Entre julio de 2015 y julio de 2016 el máximo tribunal emitió un total de 17 fallos que apuntan a revertir la tendencia a la impunidad. Y ahora los fallos de primera instancia emitidos por el ministro Leopoldo Llanos incluyen por primera vez sentencias a veinte años para los principales perpetradores, en casos como los de las compañeras Jacqueline Drouilly (embarazada), M. Teresa Eltit y M. Isabel Joui, entre otros. Por su parte, el ministro Hernán Crisosto ha llevado adelante el mayor número de investigaciones y fallos de primera instancia en el período ya señalado.

La primera sentencia de la Corte Suprema por estos crímenes fue dictada en 2004, confirmando el fallo original del entonces ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). El 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de 17condenas. Al morir en 2015 seguía siendo procesado en más causas y sólo cumplió 10 años de prisión.

Juicios sin castigo

La justicia tardía no alcanza. Como clama la señora Rosa, muchas de las madres fallecieron esperando alcanzar justicia. Sin sentencias concluyó el juicio penal por el secuestro de Rodolfo Marchant, ex dirigente sindical de ENAFRI (Empresa nacional de Frigoríficos) en que todo era insólito.Los condenados eran sólo dos: Marcelo Moren Brito, ex jefe de Villa Grimaldi quien murió el mismo día que se dictó la sentencia, el 11 de septiembre de 2015, y Manuel Contreras, muerto un mes antes. Ellos mantuvieron hasta el fin sus altas pensiones y grados militares. Moren Brito también había sido condenado en septiembre y julio de 2015, respectivamente, por los secuestros y desapariciones de Zacarías Machuca, topógrafo y trabajador de ENDESA, y Germán Moreno – trabajador de la salud y estudiante universitario, lo que se sumaba a otras 17 condenas anteriores. El principal responsable de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, procesado y prontuariado por estas causas y muchas más, murió sin recibir condena alguna.

El truco de la “Media Prescripción”

Una sentencia de la Corte Suprema en 2009 por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR, Jacqueline Binfa, aplicó la “media prescripción” exculpando a todos los criminales, y revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís quien calificó los delitos como de lesa humanidad. En esa sala penal estaba ya el actual Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, entusiasta defensor de ese criterio que ignora la doctrina internacional de derechos humanos y es contrario a la opinión de la Corte Interamericana de Justicia. También debido a la prescripción, están libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

Sin sentencia más de la mitad

De los 75 casos restantes, hay 15 con acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 6 de estos casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero hay 14 demandas que no han tenido ningún avance entre 2015 y 2016. La impunidad continúa respecto de los secuestros del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara; del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel, Jorge Antonio Herrera Cofré; y del joven militante del MIR de Lautaro, Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza, joven estudiante de la USACH.

La justicia ni se asoma por la Bandera, en el caso del dirigente poblacional Gary Olmos Guzmán, ni investiga aun el caso del estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración y tortura de Cuatro Alamos.

Cartas bajo la manga

Por su edad o enfermedades, varios de los criminales de Punta Peuco pretenden obtener “beneficios carcelarios”, carta bajo la manga de la Corte Suprema, coludida con Bachelet, parlamentarios de oposición y los senadores Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta y Tuma; el jesuita Fernando Montes y el obispo Goic y las fuerzas armadas. Buscan imponer con sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado “Nunca Más” y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos humanos. En el Senado hay un proyecto de acuerdo en ese sentido y otros criminales ya están en la calle con la carta ganadora.

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, la impunidad se bate por ser la tendencia dominante. Sólo 14 criminales cumplen sentencia efectiva por los casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 29 casos); Manuel Carevic (Agrupación Purén), Pedro Espinoza (ex jefe DINA), César Manríquez Bravo (subdirector de la DINA), Francisco Ferrer (ex jefe DINE), Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA); Rolf Wenderoth (Brigada Mulchén), Fernando Lauriani (ex jefe grupo Vampiro), Gerardo Godoy (ex jefe del grupo Tucán), Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Alamos; Basclay Zapata integrante del grupo Halcón; y los ex agentes Alejandro Astudillo y Demóstenes Cárdenas.
Todos continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar. Continúa prófugo Ricardo Lawrence (integrante de la agrupación Aguila 1), condenado a 20 años por varios crímenes, entre ellos el secuestro de M. Isabel Joui y el de Alfonso Chanfreau. Usó un cajero automático este año pero la policía es incapaz de detenerlo.

Como señaló en el citado Conversatorio una integrante de “Actuar Colectivo”, la justicia que se ha alcanzado hasta hoy no se logró gracias al impulso del gobierno ni del parlamento ni del poder judicial, sino fundamentalmente por la incesante lucha de los familiares y las organizaciones de derechos humanos. Por ello el único dique de contención de la impunidad es la continuidad de esa lucha, que para trascender, busca vincularse a los movimientos sociales que llevan adelante hoy las demandas y luchas por educación, y por los derechos a la salud y a los bienes comunes como el agua y la semilla, así como los derechos de la nación mapuche.

Cuadro 1: Las 44  sentencias a firme (Corte Suprema) (fallos 2015/16 en negrita)

Fuente: Elaboración propia con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y  el Poder Judicial más archivos personales, al 19 de julio de 2016

Cuadro 2: Las 75 causas restantes

Fuente: Elaboración de Lucía Sepúlveda con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y  el Poder Judicial, más archivos personales, al 15 de julio de 2015

Lucía Sepúlveda Ruiz

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